El mandatario aseguró en su conferencia matutina que la intención del decreto sobre blindar las obras de infraestructura de su gobierno es para garantizar que no se detenga el avance de estos proyectos prioritarios


Por Patricia San Juan y Eduardo Buendía

Las obras prioritarias o estratégicas que se encuentren a cargo del gobierno mexicano se catalogaron de interés público y de seguridad nacional, estableció un acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación ayer.

El decreto generó controversia, ya que al etiquetar algunos de los megaproyectos como de seguridad nacional se corre el riesgo de que el ejercicio de los recursos en su construcción o avances puedan ser reservados por parte del Gobierno federal.

Durante su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se trata de un asunto interno entre dependencias que tiene el propósito de que se consigan los permisos para avanzar prontitud en los planes de su administración.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras. Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, dijo.

López Obrador agregó que las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se les debe dar facilidades y confianza.

El decreto publicado menciona que se considerarán como de interés público y seguridad nacional las estructuras de comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, medioambientales, turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticas, puertos, aeropuertos, así como aquellas que se consideren prioritarias o estratégicas para el crecimiento de la nación.

El escrito menciona también que en el proceso las dependencias de la Administración Pública Federal deberán brindar la autorización provisional tanto para presentar como obtener los documentos necesarios que refieren a estos proyectos.

La autorización provisional deberá emitirse en hasta cinco días hábiles y tendrá una vigencia de un año desde su emisión para solicitar que esta se convierta en definitiva.

Con respecto a la rendición de cuentas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica en su artículo cuarto que la información “sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal cuando cubra las razones de interés público y seguridad nacional”, como lo dicta el decreto publicado por el presidente, por lo cual se podría retener la información al respecto de estos proyectos durante un periodo determinado o declararlo confidencial.

Estas acciones detendrían las solicitudes de información pública acerca de las obras en lo que respecta al presupuesto, planeación, desarrollo de los trabajos, expropiaciones de terreno, entre otras preguntas que emita la sociedad.

Dentro de la Ley de Seguridad Nacional se estipula que deben reservarse los archivos que impliquen la “revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia (…) sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen”. Así como aquellos cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza.

Se catalogan como amenazas los “actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Hasta el momento existen tres proyectos que se encuentran en construcción desde la presente administración que han sido determinados por la presidencia como prioritarios: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los últimos dos son administrados por el Ejército mexicano.

La institución de defensa utilizó durante 2020 un monto de 25 mil millones de pesos sin registro público, de acuerdo con el diario El País y las autoridades militares aseguraron que la información también fue protegida por “seguridad nacional”.

A su vez la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en 2021 que identificó irregularidades en el gasto de 135 millones de pesos en la construcción del Tren Maya, por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

INAI analiza si el acuerdo vulnera el derecho de acceso a la información

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó a través de un comunicado que sus áreas especializadas analizan los alcances del acuerdo publicado en el DOF para determinar si vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

En caso de ser necesario, el instituto adelantó que también se exploran las distintas vías legales a emprender con el objetivo de garantizar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado.

“En este contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo”.