Por Patricia San Juan

Eric Zemmour es el precandidato de 63 años que en Francia aparece entre las intenciones de la ultraderecha para alcanzar la presidencia. Sus declaraciones han sido polémicas, más que las de Marie Le Pen, la candidata en las  votaciones pasadas, que era comparada con Donald Trump.

Zemmour, sólo esta semana, tuvo que presentarse ante la corte por “complicidad en la provocación de odio racial e injuria” y se determinó que debía pagar una multa de 10 mil euros. Aun estas penalizaciones no lo detuvieron para ganarse la simpatía de algunos franceses, en total el 16 por ciento de los consultados en una encuesta de intenciones de voto, mientras que el 17 por ciento le darían su respaldo a Marie Le Pen.

Es decir, el 33 por ciento de los votantes consultados elegirían a algún candidato que declara que las personas, sólo por su origen o su color, “son violentos, asesinos, violadores”, una historia que ya escuchamos en América cuando el candidato del país del norte declaró que todos los mexicanos que llegan al país consumen drogas, “traen crimen y violencia”.

Los votos por la ultraderecha son un castigo a los pensamientos progresistas, a los políticos que pudieran brindar un panorama de derechos, un corte de tajo a aquellos que alguna vez hablaron de derechos humanos o laborales, no sólo en lo que refiere a Francia, donde Macron no es, en los hechos, un político tan de avanzada como asegura en su discurso, sino en el mundo.

En los países despuntan candidatos que en otros tiempos parecieran irreales. En México el ejemplo podría ser Samuel García, quien con un discurso que se centra en la importancia de Nuevo León marca su distancia con todo lo que pudiera venir de afuera, muchas veces con mentiras de por medio y con el conservadurismo enraizado.

Su idea de la pobreza no alcanza ni siquiera a rozar la realidad de su estado, pero su popularidad se dispara en las urnas y en las notas periodísticas, así como en redes. Ahí ya se ven comentarios en favor del político y su esposa, quien en algunas ocasiones ha revictimizado a quienes pretende ayudar.

En Perú la elección se cerró entre Keiko Fujimori, hija del antiguo dictador peruano, acusada de lavado de activos y Pedro Castillo, el actual presidente que se define de izquierda pero que se opone abiertamente al matrimonio homosexual y el aborto, las banderas de los nuevos movimientos opositores a la derecha.

Los radicalismos no son la respuesta a los problemas de la actualidad.

Las posturas que se cierran a mirar los derechos de las otras personas, clausuran puertas a la ciudadanía, detienen el avance de las sociedades y se estacionan en un pasado que no sólo ignoró a las comunidades, sino que abiertamente las discriminó, las minimizó, estigmatizó, abusó de ellas y no me refiero únicamente a lo que algunos llaman “minorías” sino a la gran mayoría de la sociedad.

Pues estos gobiernos que observan con admiración a los ricos, poderosos, hombres, blancos, religiosos, conservadores, olvidan al resto de la población, les interesan cuando se trata de conseguir votos, llenar mítines, avalar en las calles sus reformas, pero repiten un ciclo eterno, en el que la sociedad es la castigada.

Los préstamos que no se pueden pagar al Fondo Monetario Internacional, los abusos del poder, las matanzas, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos, los pactos con los grupos del crimen organizado, la trata de persona, las intromisiones en el extranjero, son esos conflictos que expulsan a ciudadanos de sus países para buscar respuestas en otros, son los problemas que la mayoría de las veces, se generan por los mismos que después piden el voto porque hay demasiados problemas, sobre todo económicos.

La culpa no la tienen ni las personas migrantes, ni quienes sufren la pobreza, ni aquellas personas que fueron víctimas. A quienes hay que cuestionar son a los que se suben a la tribuna a señalarlos y a asegurar que los expulsarán, los dejarán de escuchar o les quitarán sus derechos en cuanto lleguen al poder.