La falta del Protocolo Homologado de Búsqueda, reglamentos internos y los lineamientos para el Banco Forense son algunos de los pendientes que tiene la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, informa la ASF


Por Patricia San Juan

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hoy cumple tres años de que se publicó y todavía presenta pendientes para su funcionamiento, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la segunda entrega de los informes de fiscalización sobre la Cuenta Pública 2020 se dio a conocer que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) no han implementado los mecanismos normativos para la búsqueda.

La auditoría de desempeño con clave 6-GB concluyó que de los ocho instrumentos para la investigación de los casos de desaparición estipulados en la ley solo se instalaron dos: los convenios de coordinación, colaboración y concentración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), así como el reglamento interno de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada -organismo dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR)-.

Hasta el momento faltan por implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda, encargado al SNBP; el Reglamento de la Ley General, que corresponde al Poder Ejecutivo; el Reglamento interno de la CNBP, así como los lineamientos tecnológicos para el Banco Forense y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas.

La ASF detalla que durante 2020 tampoco se presentaron ni publicaron los mecanismos programáticos para la búsqueda de personas, a pesar de que las instituciones encargadas reportaron que se realizó la colaboración y el diseño de estos.

En cuanto a las búsquedas de personas, el reporte afirma que se realizaron 100 acciones coordinadas entre la Fiscalía especializada, las Comisiones Locales de Búsqueda y la CNBP. Solo 14 de ellas implicaron acciones de excavación o exhumación de cuerpos, restos óseos o indicios.

Al comparar las labores independientes de colectivos civiles de búsqueda con las que ejecuta la autoridad, durante 2021 las integrantes del colectivo Rastreadoras del Fuerte informaron de 18 búsquedas con recursos acopiados por las activistas.

Por su parte, Madres Buscadoras de Sonora AC dieron a conocer que también en este año han realizado 41 búsquedas con localizaciones positivas de cuerpos o restos óseos y planean emprender ocho búsquedas solo en noviembre.

Entre las recomendaciones brindadas por la ASF a la FGR se establece como necesaria la publicación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense para reconocer los cuerpos o restos óseos localizados y estos sean entregados a sus familias de manera digna.

De igual manera emite un llamado a que se establezca la cooperación y colaboración de las entidades encargadas de la búsqueda para que sean claras sus labores, así como sus contribuciones al trabajo de localización de las víctimas.

El informe evaluó las labores de la CNBP y de la FGR mediante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ambos organismos son los encargados de las tareas de búsqueda, localización y registro de datos de personas desaparecidas y no localizadas. La revisión comprendió el periodo de 2018 a 2020, los primeros en los que estas instituciones laboraron, a fin de verificar los resultados de su operación y coordinación.

Registro sin datos

La ASF también informó que dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO) en promedio el 33 por ciento (19 mil 169) de los 58,039 registros contaron con campos vacíos, requisitos que son indispensables para continuar con la búsqueda de las víctimas.

“Al respecto, la CNBP señaló que, actualmente, cuenta con personal de la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información que revisa el portal RNPDNO para verificar que los reportes estén lo más completos posible”, aclaró la Auditoría.

Entre los datos que destaca se encuentra que 94.6 por ciento de los perfiles capturados en el RNPDNO entre 2018 y 2020 no tienen fotografías recientes o retratos hablados de la persona que se busca y en 99.2 por ciento no se asentó la relación del número de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles, como padres o hermanos de quien desapareció.

Para subsanar estas y otras fallas la ASF recomendó que la CNBP “envíe al Consejo Nacional Ciudadano el proyecto de los Lineamientos para regular el funcionamiento y coordinación de la operación del Registro”, para que el organismo dé a conocer sus recomendaciones y se emita el acuerdo.

En una revisión a la capacidad operativa que tuvo la CNBP, que encabeza Karla Quintana, la ASF identificó que en 2020 todavía se encontraba en proceso de autorización su estructura orgánica y que contó con 89 servidores públicos.

No obstante, dicha institución proporcionó un documento de presupuestación para el ejercicio fiscal 2022 en el que solicitó la creación de 352 plazas más, pero no dio a conocer los perfiles necesarios para la ampliación de la plantilla ni envió el antreproyecto presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cuánto falta para la implementación de instrumentos de la Ley?

La Auditoría plantea la necesidad de crear un plan de trabajo para cada área, establecer metas y que se desarrollen programas de certificación para sus funcionarios.

Entre los elementos establecidos en la ley necesarios para la búsqueda de personas se asienta la falta de implementación del Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses que están a cargo de la FGR. En el caso de las dos primeras se espera su instalación total entre 2025 y 2026.

En lo que respecta al Banco Nacional de Información Genética se plantea su puesta en marcha en tres fases y la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem ya cuenta los programas y la impartición de cursos para su correcto uso.

De acuerdo con la planeación se proyecta que para 2027 y 2028 exista un proceso de consolidación total de todos los mecanismos que auxilien a la localización de personas.

Entre la información que se resalta en las tareas de búsqueda, la Auditoría estableció que el 99.7 por ciento de las 747 averiguaciones previas de la FGR realizadas en 2020 y el 66.9 por ciento de las 868 carpetas de investigación de estos casos, entre los pendientes en el despacho y abiertos en ese año, se emplearon un promedio de 5.7 y 2.7 años de investigación respectivamente, aunque en 2020 no se encontraron pruebas suficientes en lo relativo al delito por el que pudieran ser víctima las personas desaparecidas en los mismos casos.

Dentro de los parámetros de búsqueda las 72 horas representan la segunda fase de la localización de una persona, es básico para obtener información sobre su paradero y de esta manera evitar su asesinato, de acuerdo con el Comité para la Desaparición Forzada.

La Auditoría concluyó que a tres años de emitida la LGMDFP, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la FGR “requirieron fortalecer los procesos que realizan para la coordinación, la prevención, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, a fin de incrementar la eficacia en la localización de las personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, y esclarecer los hechos que dieron origen a su desaparición”.