Ambas instituciones dijeron no ser competentes para responder sobre los vuelos con personas migrantes trasladadas desde Estados Unidos a la frontera sur de México para luego ser devueltos a sus países de origen en Centro y Sudamérica


Por Patricia San Juan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) se declararon no competentes para abordar los posibles acuerdos con Estados Unidos sobre la expulsión de personas migrantes que se ha denunciado por parte de organizaciones de la sociedad civil.

Tras los informes de colectivos nacionales e internacionales sobre el traslado en aviones de personas de origen centroamericano desde la frontera sur estadounidense a México, la Unidad de Investigación de ONEA realizó solicitudes de información a las instituciones responsables de los acuerdos internacionales y de vigilancia de asuntos migratorios.

El planteamiento solicitaba hacer de conocimiento público la existencia de acuerdos entre las autoridades mexicanas y el gobierno de Joseph Biden “en lo que respecta a los traslados de migrantes de Centro y Sudamérica que arriban a los estados de Tabasco y Chiapas desde vuelos originarios de Estados Unidos para trasladarlos a la frontera mexicana con Guatemala”.

Por parte de la SRE la respuesta fue: “Esta Secretaría no es competente para atender su petición, toda vez que es el Instituto Nacional de Migración, quien se encarga de instrumentar la política migratoria en territorio nacional, además de tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los nacionales y extranjeros, de conformidad con lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Migración”.

El oficio se entregó como contestación al folio 0000500204821 y se sugirió dirigir el mismo planteamiento al INM para obtener datos concretos sobre lo planteado.

A su vez, el INM afirmó que no se localizaron copias de acuerdos registrados o suscritos con el Gobierno de los Estados Unidos de América, después de la revisión de documentos en la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la cual depende dicha entidad pública.

En la respuesta a la solicitud 0411100064721 se especificó que es facultad de la SRE “promover conjuntamente con la Segob la suscripción de acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio”.

De esta manera se mantiene la falta de información oficial al respecto de los traslados y su colaboración con el gobierno estadounidense en las tareas de expulsión de personas migrantes, con quienes se aplica sobre todo el Título 42, impuesto por el gobierno de Donald Trump durante la pandemia y que no ha sido eliminado por la administración del demócrata.

Este Título es una cláusula de salud para evitar que se propaguen enfermedades en Estados Unidos, escrita en 1944 y que se reimplementó por la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19.

Con su empleo cualquier persona que cruce la frontera podrá ser expulsada sin tener la oportunidad de solicitar asilo o protección, aun cuando huyan de las condiciones de inseguridad de sus países de origen o tras amenazas directas.

Esto se suma a las persecuciones implementadas por la Guardia Nacional y los integrantes del INM en contra de las comunidades de migrantes, sobre todo al sur de México, para evitar su ingreso y su posible cruce al país vecino, procesos en los que se han denunciado y documentado violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos.

La magnitud de la ‘devolución’

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob muestran el amplio número de devoluciones que hace el gobierno mexicano de personas que tienen como propósito llegar a Estados Unidos o México en busca de mejores oportunidades para subsistir. De enero a agosto se registró que 148 mil 903 personas de origen extranjero fueron presentadas ante autoridades migratorias.

Más del 98 por ciento provenía del continente americano, 132 mil de este total nacieron en un país de América Central, principalmente en Honduras.

En lo que respecta a quienes fueron “devueltos” por las autoridades migratorias mexicanas se reporta un total de 65 mil 799 personas, de las cuales 64 mil 494 también provienen Centroamérica

Los colectivos en favor de los derechos humanos, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han denunciado estas prácticas, por su parte Sin Fronteras IAP aseguró que existe la preocupación ante las acciones de “devolución en cadena” ya que podrían no implementarse los debidos procesos y por ello no detectar a las personas que requieren asilo ni tener datos específicos del total de quiénes son expulsados del país.

Por ello existe la preocupación de que las cifras presentadas por el gobierno mexicano no reflejen el total de las personas que atraviesan por este camino en el que son enviadas a otras naciones y forzadas a retornar a sus países de origen.

 

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