Por Eduardo Buendía

Una de las mayores esperanzas con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia era que se combatiría la corrupción como se barren las escaleras: “de arriba hacia abajo”.

Pero, a casi tres años de que rindió protesta al cargo político más importante de México, la justicia en temas emblemáticos no llega.

No todas las decisiones dependen del tabasqueño, su gobierno debe trabajar en indagar casos como Odebrecht, la Casa Blanca o la Estafa Maestra y denunciarlos, acercar lo necesario para que la Fiscalía General de la República (FGR) engrose sus carpetas y pida se sanción a los responsables. Todos estos caminos apuntan a un hombre y sus cercanos: Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, por algunas razones, la justicia parece inclinarse más hacia panistas que a priistas, ignorando su participación directa. 

En este contexto de impunidad, Morena analiza sumar al PRI en su alianza congresista para echar abajo la reforma energética, mientras el tricolor considera morder su pasado y darle sus votos al bloque mayoritario.

Si esta inimaginable unión ocurre, se podría hablar de una traición a muchos mexicanos que confiaron en que AMLO extirparía ese cáncer llamado corrupción y jamás se juntaría con el sector político más desacreditado.

López Obrador dejó claro que podría darse esa posibilidad de reunir fuerzas entre Morena y el PRI, luego de las elecciones de junio pasado el partido guinda perdió espacios en la Cámara de Diputados.

Dos personajes que están en el último peldaño de la escalera son sus hermanos Pío y Jesús Martín de quienes se difundieron videos recibiendo fajos de billetes por parte de David León, exfuncionario federal y muy cercano al senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Hoy el presidente declaró: “Si mi hermano (Pío) es responsable que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”. Las palabras del presidente fueron expresadas luego de que seis de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dieron luz verde para que el INE indague el fin del dinero que se le entregó.

Es ingenuo pensar que ese dinero no tuvo como destino final el financiamiento a Morena. Las autoridades deben llegar al fondo del asunto. En México el acto de otorgar recursos a un movimiento político debe declararse, de no hacerse se incurre en un delito electoral.

A pesar de que el mandatario ha querido minimizar los actos cometidos por sus familiares, el sol no se puede tapar con un dedo ya que es grave lo que los videos dejaron al descubierto. No se trata de cantidades de dinero, sino de la acción.

La declaración de Andrés Manuel en su mañanera es muy valiosa. Ojalá que así como ha exigido que se investiguen otros casos de corrupción sea igual de enfático con el caso de Pío y Jesús Martín, solo así se puede hablar de un jefe del Ejecutivo ejemplar que no falta a sus palabras.

A casi tres años de la cuarta transformación la justicia llega a cuentagotas, las denuncias de la Unidad de inteligencia Financiera no surten el efecto esperado y el crimen organizado, así como las malas prácticas de “cuello blanco” continúan. Para muestra el inseparable de López Obrador, Manuel Bartlett, cuyo hijo vende al Gobierno federal sin importarle el posible conflicto de interés.

Tanto Pío como “Martinazo” deben ser investigados, al igual que Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Rosario Robles y el mismo Enrique Peña Nieto si es que tienen responsabilidades en acciones que hayan configurado ilícitos. La justicia debe ser pareja y la tarea tanto de la 4T como de la FGR es llegar a las últimas consecuencias.

Le quedan tres años a AMLO, veremos si cumple con su promesa de “barrer las escaleras” o si las deja sucias.