La Envipe 2020 muestra que la población percibe malas prácticas en policías locales, los jueces, ministerios públicos y fiscalías estatales


Por Eduardo Buendía

Las instituciones encargadas de proteger e impartir justicia no tienen una buena percepción entre la ciudadanía. La mayoría de los mexicanos considera que al interior de estas persiste corrupción.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (Envipe) muestran que las policías locales, los ministerios públicos, las fiscalías estatales y la de orden federal están reprobadas por la población cuando se les pregunta si al interior se cometen malas prácticas.

Los resultados del estudio que elabora el Inegi cada año evidencian que las policías de tránsito son las peor calificadas, ya que un 77.3 por ciento de las personas encuestadas dijeron que perciben la comisión de actos de corrupción por parte de sus funcionarios.   

Le siguen los jueces con 70.1 por ciento, las policías preventivas municipales con 69.7 por ciento y los ministerios públicos y fiscalías estatales con 65.9 por ciento.

Las policías estatales registraron 65.7 por ciento, la policía ministerial o judicial 63.6 por ciento, en tanto que la Policía Federal 58.2 por ciento y la Fiscalía General de la República (FGR) 56.9 por ciento.

Contrario a los resultados negativos de esas instituciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN) son las que generan una mejor percepción entre la población. En el caso del Ejército, el 24.4 por ciento de los encuestados consideró que hay corrupción entre sus elementos; mientras que para la Marina el porcentaje fue de 18.2 por ciento.

Con respecto a la naciente GN, solo el 23 por ciento respondió que sí hay incidencia de actos corruptos cometidos por sus integrantes. 

Percepción sobre su desempeño

La Envipe también pregunta a la población su percepción acerca del desempeño de las instituciones de justicia y seguridad.

En este apartado, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional aparecen con la mejor calificación, ya que el 50.6 por ciento de los encuestados aseguró que el trabajo de la Secretaría de Marina es “muy efectivo” y un 37.5 mencionó que es “algo efectivo”.

De la Secretaría de la Defensa Nacional el 44.9 por ciento consideró su desempeño como “muy efectivo” y el 41 por ciento como “algo efectivo”.

Mientras que al momento de calificar el desempeño de la GN, el 32.4 por ciento dijo que su labor es “muy efectiva” y el 45.9 por ciento que es “algo efectiva”.

En contraste, las policías de tránsito, las municipales, los ministerios públicos y las fiscalías estatales fueron las peor evaluadas. La mayoría de la población mencionó que su trabajo es poco o nada efectivo.

Impunidad e inseguridad

A pesar de la percepción positiva que tiene la población mexicana de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que se encargan de la seguridad pública en el país, estas no han sido un factor para combatir los altos niveles de violencia que se registran en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales, entre diciembre de 2018 y agosto de 2021 se registraron 97 mil 480 víctimas de homicidio doloso en todo el territorio nacional.

En tanto, las policías locales, cuya responsabilidad es prevenir y combatir este delito del fuero común, son las peor calificadas por la ciudadanía.

Otra gran problemática es la impunidad y la desmotivación de los mexicanos por dar aviso a las autoridades cuando son víctimas de algún ilícito. La Envipe establece que el 93.3 por ciento de los delitos cometidos en 2020 no fueron denunciados.

Asimismo, el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI), realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), colocó a México en el sitio 60 de 69 países evaluados.

Aunque hubo un avance en los últimos años, ya que en 2017 ocupó el lugar 65 en el IGI, el estudio asegura que el Estado enfrenta una falta de jueces y de estado de fuerza, debido a que cuenta con 1.8 policías por cada 100 mil habitantes, superando apenas el mínimo internacional que es de 1.05.

Dentro de las conclusiones, el Índice recomienda “mejorar las capacidades del sistema de justicia, incluyendo procuración e impartición de justicia, resulta clave para aspirar a reducir niveles de impunidad extremadamente altos”.