El periodista Elmer Rivas narra en entrevista con ONEA México el complejo contexto político que se vive en el país centroamericano a unas semanas de que se realicen las elecciones, con un presidente que busca la reelección mientras mantiene en prisión a sus opositores


Por Patricia San Juan

La elección presidencial en Nicaragua avivó el conflicto político en ese país. El mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, impulsan acciones desde hace meses para desarticular a la oposición y mantenerla en silencio.

Mediante órdenes de aprehensión, al menos siete aspirantes a candidatos para sustituir al presidente y otra treintena de opositores y opositoras permanecen en la cárcel.

Elmer Rivas, periodista nicaragüense en Confidencial y productor de los programas televisivos Esta semana y Esta noche, que abordan la cotidianidad de la nación centroamericana, narra en entrevista con ONEA México las complejidades que viven sus connacionales en ese contexto político y los alcances de las decisiones del régimen orteguista.

Aferrarse al poder

Daniel Ortega formó parte de la guerrilla en contra de la dictadura de la familia Somoza en los años 70. El Frente Sandinista, en el que milita hasta hoy, conquistó la victoria y dio paso a la democracia en el país en 1979, al derrocar a Anastasio Somoza Debayle.

Fue elegido presidente de Nicaragua por primera vez de 1985 a 1990. “Vienen 16 años de gobiernos de derecha, gobiernos liberales, asume doña Violeta Barrios de Chamorro, luego asume el poder en 1997 el doctor Arnoldo Alemán y en 2002 el ingeniero Enrique Bolaños, pero el Frente Sandinista siempre representó una fuerza política de mucha influencia”, relata Rivas.

En 2006 Ortega decide volver a ser candidato a la presidencia y gana de nuevo. Desde enero de 2007 a la fecha se mantiene en el poder gracias a la modificación constitucional promovida en 2014, que permite la reelección indefinida; de esta figura, el único beneficiado ha sido el actual mandatario.

De acuerdo con Rivas, con el tiempo optó por un modelo que dialogaba con las empresas privadas, a quienes les brindaban “beneficios y exoneraciones de cualquier tipo, mientras a Ortega (los empresarios) le dejaban legislar libre su gobierno, de manera que fuera cercenando las libertades sin que nadie dijera nada, porque Nicaragua en ese momento crecía económicamente, aunque el desarrollo realmente nunca se materializó y nunca lo pudimos ver”.

El país se convirtió en una de las promesas del continente, con un crecimiento de hasta 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2018, en el que iniciaron las demandas sociales, manifestaciones públicas que demostraban que la economía no era el único factor a tomar en cuenta por las autoridades.

“En 2018 estalló el descontento social, especialmente porque la gente estaba cansada, de manera muy silenciosa, de la corrupción, de la represión institucional que vivían y cómo se fueron cercenando las libertades civiles de los nicaragüenses”, precisa Rivas.

Durante abril de ese año se impulsó desde el gobierno una reforma a la Seguridad Social, que retendría el 5 por ciento de los recursos de las pensiones, mientras los trabajadores que seguían en activo y los empresarios debían aumentar las aportaciones.

Por ello adultos mayores y jóvenes salieron a protestar a las calles, se realizaron manifestaciones que se promovieron en redes sociales, los líderes de estos movimiento no podían distinguirse.

“El régimen de Ortega ha tenido la costumbre de utilizar las turbas, las fuerzas de choque, grupos organizados para darle palo a la población, para maltratarlos, para reprimirlos. Entonces empezaron a reprimir a los ancianos esa mañana del 18 de abril y eso realmente fue el detonante que produjo indignación nacional de ver a esa gente dando golpes a los ancianos que simplemente protestaban por estas medidas arbitrarias a la seguridad social”, detalla el periodista.

A las manifestaciones se unieron los estudiantes universitarios que pocos días después tomaron las instalaciones de sus escuelas y se convirtieron en la fuerza principal de las protestas.

Además de los jóvenes, describe Rivas, la iglesia también se pronunció para convocar a sus feligreses. Se trataba de un estallido social en todas las ciudades, algo que hizo creer a la población que podía conseguir un cambio, pero que no imaginaba la crueldad y perversión del gobierno que buscaría aferrarse al poder a toda costa.   

“Ortega se sentía acorralado y necesitaba dialogar. La conferencia episcopal llamó a un diálogo nacional y el gobierno inmediatamente aceptó. La primera sesión se dio el 16 de mayo de 2018, ese día Ortega y Rosario Murillo, que han estado siempre atrincherados en su búnker en El Reparto del Carmen, decidieron salir y fueron al seminario de Nuestra Señora de Fátima”, agrega.

Los resultados no fueron los esperados. El presidente no accedió y utilizó el encuentro como un respiro que aprovechó para instaurar un Estado policial de facto.

En el periodo de las protestas se registraron 351 muertos y hasta 500 presos políticos, entre líderes, estudiantes y ciudadanos, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos.

No fue hasta 2019, en un nuevo diálogo con la representación del Estado Vaticano y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el cual se abordó la necesidad de liberar a las personas presas de conciencia, devolver los medios de comunicación confiscados por las autoridades, entre los que se encontraba Confidencial y 100% noticias, así como abordar la gravedad de la crisis que se vivía en el país.

Sin embargo el gobierno abandonó las mesas, así lo informó Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico de Nicaragua, quien representaba a la iglesia en los procesos de mediación.

“No restableció las libertades de reunión, de movilización, ni de prensa. Luego de eso la crisis comenzó a agudizarse, los opositores salieron libres, pero quedó otro grupo, de muy bajo perfil de ciudadanos que participaron en las protestas que nunca fueron liberados”, añade el periodista.

El impacto de la pandemia

Al conflicto político, social y económico que se vivía en Nicaragua se sumó la pandemia. Las autoridades mantienen una postura de negación al afirmar que los contagios no se extendieron como en el resto de las naciones de la región.

“Hay algunos cerebros deformes, enfermos que buscan afanosamente o inventan, para precisamente calumniar, difamar. No se dan cuenta esas personas que no son de bien. No los vemos, no los oímos porque no podemos entender que todavía tengan maldad en sus corazones”, declaró la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró en mayo de 2020 durante una de las conferencias sobre la pandemia.

El personal de salud denuncia un subregistro en el número de casos de COVID-19. Mientras el gobierno de Nicaragua asegura que han muerto unas 200 personas a causa del virus, médicos que hablan desde el anonimato por temor a represalias desmienten esos reportes y afirman que esa cifra se supera en una sola semana. “Eso apenas es lo que nosotros podemos saber”, explica Rivas.

En agosto de 2021 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció que no contaba con los elementos suficientes para valorar el estado de la pandemia en el país y que los datos publicados no coinciden con los de la región.

En 2020 también se impulsaron cambios legislativos para presionar a organizaciones no gubernamentales. La aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros las obliga a rendir cuentas sobre el dinero que reciben, de quién, en qué lo emplean y para qué proyectos.

Las acciones emprendidas provocaron que en este año se eliminara la personalidad jurídica de 24 de estos organismos, 20 de ellos se dedicaban a labores médicas que denunciaban las condiciones de salud que se viven en Nicaragua.

Embestida contra la oposición

En mayo de 2021 los grupos de oposición comenzaron a organizarse y a seleccionar precandidatos para presentarse a las elecciones.

A partir de esa unión, vino una embestida por parte del gobierno de Ortega que resultó en el encarcelamiento de 37 opositoras y opositores acusados de lavado de dinero, incitar la injerencia extranjera, actos de terrorismo, desestabilización, entre otros.

Elmer Rivas menciona que los presos políticos fueron encarcelados de manera arbitraria, sin ninguna orden judicial, capturados a medianoche, secuestrados de sus casas y no tuvieron y no han tenido realmente el derecho a la debida defensa.

“Están en muy malas condiciones. No han sido torturados físicamente pero sí (…) psicológicamente. Están completamente aislados, muchos de ellos están solos sin poder hablar con nadie, no les permiten ni siquiera poder tener un libro (…) no les permiten tener nada y tampoco que sus familias les ingresen alimentos (aun cuando) muchos de ellos tienen padecimientos crónicos”, añade.

De igual manera se han girado órdenes de aprehensión, como la emitida contra el Premio Cervantes, Sergio Ramírez, un escritor, exmilitante del Frente Sandinista, quien fue vicepresidente al lado de Ortega en el periodo 1985-1990.

Ramírez ahora es un crítico del gobierno de su antiguo aliado, ha denunciado los abusos del poder y se encuentra exiliado. Su último libro, “Tongolele no sabía bailar” aborda los conflictos de los últimos años en Nicaragua y, junto con toda su bibliografía, es considerado como prohibido.

En 2020, antes de la persecución y encarcelamiento de los integrantes de la oposición, se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo es combatir el espionaje, la transferencia de información pública reservada y la propagación de noticias falsas.

Dicha ley fue criticada por Artículo 19. La organización calificó los tipos penales como “amplios, vagos e imprecisos que criminalizan todo tipo de acciones legítimas y cotidianas”.

La reciente legislación, indica Rivas, permite al gobierno acechar a miembros de la prensa y opositores de la pareja Ortega-Murillo, así como del Frente Sandinista.

Oficializar su ilegitimidad

A pesar del conflicto político, en Nicaragua se realizarán las elecciones con una oposición borrada que no estará en las boletas.

“Habrá votaciones, invitarán a la gente a salir, pero no tendrá a quién elegir. El gobierno obligará a los trabajadores del Estado porque ellos tienen censo y los obligan a votar, ¿por quiénes votan? podrían votar por cualquier otro, pero eso no importa porque Ortega tiene controlado el sistema de poder electoral”, expresa Rivas.

El periodista detalla que hay partidos políticos aliados al actual régimen que presentarán candidatos para no perder su personalidad jurídica y recibir “una tajada de dinero” por el simple hecho de participar.

“Así que el 7 de noviembre lo que Ortega hará es oficializar su ilegitimidad, será ilegítimo principalmente por los ciudadanos porque no lo reconocen y no lo reconocerán como presidente de Nicaragua. La comunidad internacional ya ha denunciado la radicalización de la represión, y de lo que Ortega es. Es realmente un dictador, sin libertades y sin democracia”, expone.

El movimiento estudiantil se ha replegado, ya que muchos líderes están presos y otros en el exilio. “Muchos de ellos cursaban el cuarto o el quinto año de sus carreras, les borraron su historial académico, así que algunos optaron por continuar en la lucha cívica, pero podría asegurar que el movimiento estudiantil está realmente descabezado”, describe Rivas.

Los universitarios disidentes se enfrentan a la prohibición de organizarse dentro de los recintos escolares por la presencia de la Unión Nacional de Universitarios de Nicaragua (UNEN), brazo político del Frente Sandinista al interior de las casas de estudio que poseen un control incluso por encima de los docentes y autoridades.

En la actualidad, más de 150 personas se encuentran detenidas en Nicaragua como presos políticos, entre ellos activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, como Miguel Mendoza, quien se dedicaba al ramo deportivo y es señalado por comentarios en sus redes sociales.

Se espera que el mandatario presente un vídeo ante la sede de la ONU, donde 59 países se han pronunciado en contra de sus políticas de persecución con una declaración conjunta.