Por Eduardo Buendía

En tema de política exterior, el Gobierno de México ha estado muy activo en los últimos días.

La organización y recibimiento de los miembros de la CELAC, así como las intervenciones del Canciller Marcelo Ebrard en la Asamblea General de la ONU muestran el protagonismo del país en Latinoamérica y su intención de colocar sus temas en la agenda internacional como el combate al tráfico de armas o la propuesta de dar solución a la crisis humanitaria que genera la migración en la región, principalmente del centro y norte del continente americano.

El papel que juega México es de lo más relevante. Pero, cuando los ciudadanos queremos acceder a información que por derecho debemos conocer, el gobierno de la cuarta transformación hace de todo para ocultarla. Al mismo estilo de administraciones anteriores que se caracterizaban por ser opacos. ¿A qué le temen?

En este espacio editorial y en varias publicaciones de ONEA México hemos denunciado las malas prácticas en materia de transparencia: la negativa de Presidencia en entregar facturas por el viaje a Europa de Beatriz Gutiérrez Müller realizado el año pasado, que después de varios meses se consiguieron en un formato testado; el ocultamiento de datos sobre ciberataques sufridos por parte del Banco del Bienestar; la maroma de Pemex para no decirle a los mexicanos cuántos archivos le robaron en la extracción masiva de una banda de hackers a finales de 2019… En fin, ejemplos hay de sobra.

El último acontecimiento similar a los anteriores, fue que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó ocultar durante cinco años todo lo relacionado con la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas con sede en Estados Unidos.

El anuncio de este trámite corrió por parte de Ebrard Casaubon, quien en un acto público destacó todos los puntos clave.

Días después, ONEA México realizó una solicitud para conocer el monto invertido por la Cancillería en asesoría legal, ya que abogados y bufetes estadounidenses estuvieron involucrados: Steve Shadowen, fundador de la firma Hillard & Shadowen LLP, ubicado en la ciudad de Boston, así como de Jonathan Lowy, socio de la organización Brady Legal de Washington DC.

Esa era la intención: saber cuántos recursos se utilizaron para ese fin, tomando como partida un derecho ciudadano como lo es el acceso a la información pública y con el propósito de fiscalizar a un gobierno que se dice austero.

La respuesta de SRE fue de lo más extraña, su Comité de Transparencia determinó el 17 de septiembre ocultar todo lo relacionado con la demanda por un lustro a pesar de que esta organización se enfocó solo en el tema económico.

No obstante, la dependencia que encabeza Ebrard dejó de manifiesto que los mexicanos no podemos conocer a detalle un proceso tan relavante para nuestras vidas, ya que el tráfico de armas es uno de los principales generadores de violencia en el país. A muchos nos interesa el resultado, por supuesto.

En conclusión, el canciller podrá ser muy participativo y la agenda de México puede lucirse a nivel internacional. Pero la realidad es que a sus gobernados les ocultan mucho. Aunque se llamen abiertos por una conferencia matutina en la que solo brilla el discurso sin resultados o posibilidad de fiscalizar hechos, la realidad es que la 4T tiene una obsesión por no mostrar lo que sucede o en qué se invierten exactamente los recursos de la ciudadanía.

Farol de la calle, opacidad en su casa.