La estrategia de seguridad no rinde los resultados esperados. A casi tres años de que inició el gobierno de la 4T se han cometido 99 mil 352 homicidios, según cifras del Inegi, el SNSP y el Grupo Interinstitucional


Unidad de Investigación

La administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de contener el problema de la violencia e inseguridad en el país.

A pesar de que delitos de alto impacto como el robo de vehículo o la extorsión se redujeron, la incidencia de homicidios dolosos en el país se mantiene en niveles muy altos, incluso supera los años más complicados de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

De acuerdo con cifras del Inegi, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de los informes del Grupo Interinstitucional -conformado por organismos del Gabinete de Seguridad-, del 1 de diciembre de 2018 al 5 de septiembre de 2021 se tiene registro de al menos 99 mil 352 homicidios y feminicidios.

La estrategia de seguridad emprendida por el Gobierno federal no ha revertido la alta incidencia de asesinatos. Durante su Tercer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador mencionó que “ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución”, no obstante, durante sus primeros dos años de gobierno se superaron las 30 mil víctimas por este delito en cada periodo.

En 2019 la autoridad enlistó 36 mil 661 víctimas, para 2020 la cifra disminuyó solo 82 casos y pasó a 36 mil 579.

Mientras que, del 1 de enero al 5 de septiembre de 2021, se contabilizan 23 mil 189 casos, según las cifras del SNSP y del Grupo Interinstitucional.

La creación de la Guardia Nacional fue uno de los ejes principales para el combate de la violencia en el país, sin embargo, los resultados en la materia son mínimos.

El homicidio doloso es considerado un delito del fuero común que compete a los gobiernos estatales, no obstante, organizaciones de la sociedad civil especializadas en tema de seguridad pública aseguran que más del 80 por ciento de los asesinatos cometidos en el país se le atribuyen a organizaciones del crimen organizado, cuyas actividades deben ser combatidas por el orden federal.