Por Eduardo Buendía

El marco legal sobre migración en México es muy claro.

El artículo 132 de la Ley de Migración establece que los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación cuando carezcan de documentación para acreditar su estatus de movilidad.

Dentro de esta norma también se estipula que el Estado mexicano debe garantizar la estancia por razones humanitarias cuando los extranjeros que transitan por el territorio nacional son víctimas o testigos de algún delito.

El miércoles Patricia San Juan, investigadora de ONEA México, publicó un texto titulado “La dupla de México-EUA en la deportación” en el que informó que organizaciones dedicadas a la defensa y protección de personas migrantes se percataron de un aumento de vuelos realizados desde la frontera sur de Estados Unidos a los estados de Tabasco y Chiapas.

Los pasajeros de esos trayectos son personas en situación de movilidad a las que se les negó la estancia en el país gobernado por Joe Biden. No obstante, son traídas a México, donde autoridades del Instituto Nacional de Migración (Inami) o elementos de la Guardia Nacional los escoltan para luego entregarlos a autoridades de Guatemala.

Es decir, México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta para deportar a personas migrantes. Se trata de un acuerdo del que no hay información oficial, un convenio por debajo del agua que pone al Gobierno federal en entredicho ya que, al no darles oportunidad a los pasajeros de tramitar su estancia en el país y solo trasladarlos a Guatemala, violan el derecho que les otorga la Ley de Migración.

Para decirlo más claro: con esas acciones, el gobierno mexicano se vuelve violador de derechos y pasa por encima de sus propias leyes.

El análisis publicado por San Juan, también retoma una carta dirigida a Joe Biden -firmada por más de 100 organizaciones- en la que se detalla que más de 3 mil personas fueron víctimas de secuestro, violaciones y ataques luego de ser expulsados de Estados Unidos durante 2021.

Dicha cifra solo representa una fracción de toda la incidencia de agresiones que viven las personas migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica en su anhelo de llegar a territorio estadunidense en busca de mejores oportunidades de vida o para escapar de la violencia que sufren en sus lugares de origen.

De esta forma, México se convirtió en el ayudante de Estados Unidos en esta tarea de expulsar a personas en situación de movilidad aún faltando a sus propias leyes. Sobre el acuerdo al que hayan llegado autoridades migratorias o diplomáticas mexicanas y estadounidenses, es urgente que se transparente y que se explique el porqué de este incremento de vuelos.