Un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil muestra los obstáculos en materia de derechos humanos a los que se enfrentan grupos vulnerables en medio de la crisis sanitaria, a pesar de promover amparos que resultaron en favor de las personas afectadas, los actos reclamados continúan


ONEA México

La crisis sanitaria por el COVID-19 afectó el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad como personas migrantes y población privada de su libertad.

Ante un escenario de vulneración de derechos humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil determinaron promover una serie de demandas de amparo encaminadas a proteger y garantizar la vida, la integridad y la salud de estos sectores poblacionales.

Sin embargo, a pesar de contar con una resolución favorable para las víctimas en la mayoría de los casos, lograr el cese de los actos reclamados en el marco de la pandemia ha resultado imposible.

De acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y la asociación Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), esto se debe a omisiones en el cumplimiento por parte de las autoridades responsables y la falta de medidas judiciales para hacer que estas se cumplan.

Mediante el informe “Acceso a la Justicia en México durante la Pandemia de COVID-19”, enfocado en la actuación del Poder Judicial Federal, se documentó la labor de estas y otras nueve organizaciones civiles en la tramitación de al menos 12 amparos para defender los derechos de personas en situación de movilidad irregular, privadas de su libertad y en otras condiciones agravadas de vulnerabilidad.

De manera general y por sus atribuciones las instituciones señaladas como responsables fueron el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Presidencia de la República. 

En relación con la comunidad migrante, se detectó un patrón de discriminación y tratos crueles contra las personas detenidas en las estaciones del INM, que además se encuentran en condiciones de hacinamiento.

Los hechos, radicados bajo el expediente 426/2020, derivaron en una suspensión de plano dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se conminó a la autoridad a seguir los protocolos de prevención sanitaria y a garantizar el derecho a la salud de las personas internadas.

En el folio 534/2020, el órgano jurisdiccional ordenó la liberación inmediata de las personas adultas mayores con riesgo de adquirir y desarrollar enfermedad grave o morir a causa del COVID-19, así como garantizar los suministros básicos de higiene personal y agua potable al resto de las personas detenidas.

Las organizaciones promoventes denunciaron que, a más de un año de las resoluciones, las autoridades del INM no han otorgado evidencia alguna de cumplimiento, ni se han emitido medidas de apremio por parte del Poder Judicial. 

Lo mismo ocurrió con la protección del derecho a la salud de las y los mexicanos deportados de Estados Unidos hacia Chihuahua y Baja California, así como en el procedimiento iniciado contra la suspensión de plazos para resolver sobre las solicitudes de asilo o reconocimiento de la condición de refugiado de la población migrante.

Dentro del informe, la FJEDD evidencia que existe una “falta de compromiso de los juzgadores para garantizar la eficacia en las medidas que han concedido para la protección de los derechos de este grupo vulnerable, y en el apercibimiento de las autoridades responsables a fin de conminarlas al cumplimiento de las suspensiones (otorgadas)”.

La situación no es distinta para las personas recluidas en los centros penitenciarios del país, donde tuvo que solicitarse la protección constitucional para lograr la implementación de acciones y medidas urgentes para prevenir y evitar la propagación del virus en trece centros de la Ciudad de México.

La organización Documenta, Análisis y Acciona para la Justicia Social indicó que inició juicios de amparo semejantes en Baja California y Jalisco, sin los mismos resultados. Para esta organización de la sociedad civil la diversidad de criterios dentro del Poder Judicial pone de manifiesto que “en muchos casos, la justicia está a expensas de que la demanda sea turnada a un juez o jueza progresista que privilegie la tutela de los derechos humanos frente a otros tecnicismos”.

En conclusión, el informe establece que es fundamental tomar en consideración las necesidades específicas de los grupos en condiciones de vulnerabilidad con el propósito de que accedan a la justicia.