Estados reprueban en materia de corrupción, justicia penal, derechos fundamentales y límites del poder en índice de World Justice Project.

Unidad de Investigación

En México existe un estancamiento en el progreso hacia un Estado de Derecho robusto, con fallas profundas en los sistemas de impartición de justicia, la persistencia de corrupción y la opacidad de las autoridades locales.

Así lo reflejó la tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México de la organización World Justicie Project (WJP), en donde el promedio de las 32 entidades de nuestro país fue de 0.40 en una escala de 0 a 1.

En esta medición –que analiza en 8 factores clave el desempeño institucional en nuestro país– se evidenciaron cambios marginales durante el periodo 2020-2021, esto aunado a la pandemia de Covid-19 que provocó un debilitamiento de ciertos sectores, como los de impartición de justicia en las distintas entidades federativas.

Los estados que en términos generales reflejaron una menor adhesión al Estado de Derecho fueron Quintana Roo, con un puntaje de 0.34, Puebla, con 0.35 y Morelos, con 0.44.

En contraste, Yucatán, Coahuila y Campeche fueron los mejor evaluados, con 0.47, 0.45 y 0.44 respectivamente

CDMX, reprobada en corrupción

Dentro del rubro que mide la ausencia de corrupción, la entidad peor evaluada fue la Ciudad de México,  con un puntaje 0.30 en la misma escala de 0 a 1.

En esta categoría, WJP analizó el uso del poder público para obtener un beneficio privado en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia.

Dentro de la metodología se detallan tres formas de corrupción, que son sobornos, influencias indebidas y la apropiación de recursos públicos.

Los estados que siguen a la capital del país fueron Durango y Estado de México, ambos con 0.31 en la evaluación; Chiapas, Jalisco y Tlaxcala con un puntaje de 0.32.

En tanto, el promedio para esta categoría fue uno de los más bajos del Índice, con 0.37  para las 32 entidades del país.

El descalabro de la justicia

Otro de los rubros más delicados en la medición de WJP fue el orden y justicia, mismo que cayó en 16 estados de la República.

En esta materia, se evaluaron los sistemas de procuración e impartición de justicia y se analizaron en fenómenos particulares como la justicia abierta y digital. Aquí, el reporte detalla que durante la pandemia las autoridades tuvieron que paralizar actividades, siendo la falta de capacidad para mantener la atención a la ciudadanía un elemento que actuó en detrimento.

Los hallazgos en este sentido corresponden con la cifra negra de los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, que alcanzó 92.4 por ciento a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Avances mínimos y contrapesos efectivos

Sobre los estados que lograron un avance desde el periodo 2018 –año en el que arrancó esta evaluación– a la fecha, destacaron los casos de Baja California, que logró un repunte de 0-35 a 0.43; Guerrero, que pasó de 0.29 a 0.36 y Sonora, con una subida de 0.36 a 0.40.

Asimismo, aunque los datos del Índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico –una subcategoría en donde 16 entidades empeoraron su puntuación– WJP detalla que la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos.