Por Patricia San Juan

No existe la democracia ante una reelección que elimina a sus opositores. Hasta la tarde de ayer, 19 precandidatos contrarios al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega han sido detenidos y acusados de ser agentes extranjeros en servicio, sobre todo, de los Estados Unidos.

Es así como la crisis en Nicaragua crece cada día. La votación será el 7 de noviembre y parece ser que a las boletas sólo llegara el presidente, quien mantiene el mandato desde el año 2007 por segunda vez, después de ser el gobernante entre 1985 y 1990.

Por 14 años no ha dejado la silla y modificó la ley, junto con sus partidarios para que el número de reelecciones no se limitara, es el único que ha “gozado” de este beneficio y no hay duda de que espera volver a hacerlo.

Hoy señala a Estados Unidos de intervencionista, asegura que son sus dirigentes los que se involucran con las políticas de Nicaragua, por lo que su mandato sólo defienden la soberanía y tiene sentido, el país al norte de nuestro continente ha financiado constantemente a grupos armados aliados al poder, como sucedió en la propia Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina y una larga lista de países.

Pero las acciones de Ortega al mando del gobierno no dejan de ser violatorias a los derechos humanos. Los ciudadanos, que presuntamente viven en una democracia no tienen derecho a elegir a sus mandos.

Mientras los organismos internacionales como Human Right Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) se pronuncian en contra de las medidas de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ellos niegan todo y aseguran que protegen al país, hacen llamados a la paz pero detienen a aquellos que serían candidatos opositores, aún sin partido, así como saquean casas de periodistas a los cuales los orillan a salir del país.

Por supuesto que una nación tiene derecho a ser soberana, de eso no hay duda, pero sus ciudadanos tienen derecho a elegir a quiénes desean que tomen decisiones desde los puestos del poder.

No podemos pasar por alto que la historia de Nicaragua tiene un episodio reciente del cual los estudiantes y los jóvenes formaron parte y que cambió el andamiaje político. En el año 2018 salieron a las calles a demandar que se desechara una nueva ley de seguridad social que incrementaba las cuotas de los trabajadores, de los patrones y también tomaba recursos de los pensionados.

Una vez en las calles los jóvenes sumaron demandas a las manifestaciones y aun cuando el gobierno de Ortega anunció que retiraría esta propuesta de ley, los activistas seguían en las calles. Las policías antimotines se enfrentaban a ellos y el gobierno, de nuevo, culpaba a los gobiernos extranjeros de las protestas.

De acuerdo con los datos ciudadanos más de 200 fueron asesinados durante este periodo, otros fueron detenidos y torturados. Los estudiantes fueron fichados, a algunos no les permitieron continuar con su educación y en cualquier momento pueden volver a ser detenidos, señalan los testimonios que se ofrecieron al podcast de El hilo, mientras el gobierno califica oficialmente estas revueltas como un “intento fallido de golpe de Estado”.

En este periodo ni la oposición del pasado ni los exaliados de Ortega y Murillo se salvaron. Los ciudadanos se enfrentan a un difícil periodo preelectoral y lo que venga se pinta complejo. A lo que se suman los problemas de la pandemia, en la cual la vicepresidenta se oponía a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y a la fecha no se tienen registros de vacunación en el país, aunque en mayo recibieron las primeras dosis.

En esta ocasión podríamos calificar como incómoda la posición oficial de México, en la que su representación decidió no respaldar los 59 votos de los miembros de la ONU y el posicionamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condenan las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, junto con Argentina, pues los gobiernos de López Obrador y Fernández aseguraron que su postura sería de no intervención.

Aunque en una carta afirmaron que comparten las preocupaciones de la ONU y demandaron que se detuviera el acoso, en su voto no reflejaron esto mismo. Esta decisión ha despertado incomodidades entre algunos diplomáticos mexicanos de carrera.

Las palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quedan para el análisis de las condiciones del país, tras su llamado al cambio de las acciones de Nicaragua, afirma:

Implica como mínimo liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución contra las voces disidentes, reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, (así como) derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.