La protección de aspirantes a cargos de elección popular en México resultó mínima en un contexto de máxima violencia. Recortes a fondos federales y la ausencia de una estrategia efectiva de seguridad, convirtieron al proceso democrático de 2021 en uno de los más letales de los últimos años.
Investigaciones ONEA
El sello del proceso electoral 2020-2021 es la violencia. Hasta este domingo suman 91 políticos asesinados, de los cuales 36 eran candidatos a puestos de elección popular.
Esta cifra revelada por la consultoría de comunicación y riesgo Etellekt, resulta alarmante en medio de un año electoral, pues no solo es síntoma de la vulnerabilidad a la que están expuestos los ayuntamientos, sino del nivel de penetración del crimen organizado en el desarrollo de los procesos democráticos en México.
Los asesinatos contra aspirantes – 75 por ciento de ellos cometidos contra candidatos opositores a su gobierno estatal – evidencian los niveles de violencia política que se viven en el país. Un contexto de inseguridad que enmarca la elección más grande en la historia del país con más de 21 mil cargos de designación popular en juego, la gran mayoría a nivel local.
Amenazas, desapariciones forzadas y ataques a aspirantes que fueron víctimas de asesinato a plena luz del día como el caso de Abel Murrieta, candidato a Cajeme, Sonora, y el de Alma Rosa Barragán, candidata a Moroleón, Guanajuato, ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC).
“A nivel local el problema es gradual porque hablamos de una infinidad de grupos que están aprovechándose de esta anarquía y hay políticos que también, entonces están formando ya no un fenómeno de narcopolítica, sino una política de Estado criminal”, comenta Rubén Salazar, director de Etellekt en entrevista para ONEA México.
Asegura que esta situación representa un retroceso democrático, pues en varios estados se están conformando regímenes autoritarios que vulneran la libre elección de la ciudadanía.
“El crimen organizado sigue ganando terreno en nuestro país y hoy hay muchos territorios donde el Estado mexicano no tiene margen de maniobra, quien lo tiene es el crimen organizado. De tal suerte que una vez más lo decimos, llegó la hora de corregir la fallida estrategia de seguridad en este país, necesitamos hacer un alto y enmendar la plana”, mencionó Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, en conferencia de prensa el pasado 1 de junio.
Derecho bajo ataque
Las elecciones son un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier Estado democrático. Mediante éstas, en palabras del juez argentino Alberto Ricardo Dalla, los pueblos ejercen su soberanía para constituir, de manera directa o indirecta, las autoridades de la Nación.
Los derechos a la participación ciudadana se encuentran consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en diversos tratados e instrumentos internacionales. De manera general, se componen por la posibilidad de votar, ser votado y acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
Para ello, resulta necesaria la existencia de procesos electorales periódicos, libres, justos y basados en el sufragio universal y secreto, de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y de la separación de los poderes del Estado.
De esta serie de prerrogativas se deriva precisamente la obligación de los gobiernos de generar las condiciones y mecanismos óptimos para el ejercicio de los derechos políticos y la democracia representativa. Entre éstos, se encuentra la prevención de acciones que atentan contra la vida e integridad de las personas por su actividad política.
Para Rubén Salazar la actual situación que se vive en el país es una tragedia para muchas personas que querían competir por un puesto público, pero, sobre todo, para la democracia y los ciudadanos.
“Se piensa que solo basta con votar el día de las elecciones, pero lo primordial es no regresar a un régimen autoritario y restablecer el Estado de derecho. Si no hay justicia en este país, la democracia y la sociedad están perdidas”, dice el director de Etellekt.
Seguridad sin rumbo
Luego de 73 delitos cometidos desde el arranque del proceso electoral –en septiembre de 2020– la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó la estrategia de protección en el contexto electoral.
La acción conjunta, anunciada por la titular Rosa Icela Rodríguez Velázquez el pasado 4 de marzo, pretendió involucrar a los tres órdenes de gobierno en un plan para frenar los hasta entonces 64 homicidios contra aspirantes a cargos de elección popular.
“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó el partido de la delincuencia organizada’; y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, expresó Rodríguez Velázquez, reconociendo a su vez la penetración de los cárteles del país en el proceso electoral más grande de la historia.
Sin embargo, desde entonces y hasta ahora son 27 aspirantes asesinados; una ola de violencia que se concentra en las regiones Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Hechos que ponen en duda la efectividad de la estrategia de ocho pasos encabezada por la SSPC.
La realidad es que la violencia política en nuestro país es un fenómeno permanente, que ha sido denunciado por diversos sectores que exigen mecanismos de protección específicos para los ayuntamientos y acompañamiento desde la federación.
Desde 2019, la Asociación Nacional de Alcaldes y Municipios (ANAC) criticó el recorte al programa para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg) de los ayuntamientos. Asimismo, anunciaron que 91.8 por ciento de las regiones que habían registrado ataques del crimen organizado contra representantes locales, carecían por completo de estímulos para la protección de los mismos.
Ante esto, la respuesta del Gobierno federal fue nula, y el pasado 1 de junio se minimizó desde Palacio Nacional. “Les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto a número de candidatos que se van a elegir, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que lo que pasaba antes y lo puedo probar”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hacia una nueva estrategia
En entrevista para ONEA México, la secretaria de Seguridad Pública en Reynosa, Iliana Magallón Elizondo consideró que la violencia en el contexto electoral debe prevenirse con una capacitación constante de las policías del país.
De igual forma, consideró que después de este 6 de junio, las acciones de inteligencia y la interlocución entre los tres órdenes de gobierno debe permanecer, ya que las fuerzas no deben ajustar su rumbo de conformidad con el gobierno en turno.
“La policía no puede pintarse de colores (…) no podemos, porque ganó el partido rosa, pintarlas de rosa o porque ganó otro partido las debemos pintar de ese color. No, la policía es independiente de la política”, indicó.
Por su parte, Leticia López Landero, quien es presidenta municipal de Córdoba, Veracruz y coordinadora de la Región Sur de ANAC, comentó que si bien en política existe un riesgo permanente de acoso por la naturaleza de los cargos, se debe trabajar a partir de la experiencia para evitar que la violencia se convierta en un freno para la democracia en nuestro país.
Consideró que rumbo al 2024, los aspirantes a cargos públicos en niveles locales deben continuar por el camino de la convicción, tomando en cuenta la denuncia inmediata de actos de hostigamiento y el respeto al orden constitucional como pilares para su protección.
“Para lo que sigue y un futuro inmediato es estar capacitados. Ir y abrir los ojos a la gente, tenerla informada pero con información veraz y oportuna. Ir y tocar puertas. Por ejemplo nosotros en el partido en el que militamos, nos hace falta ponernos más estrictos con nuestro trabajo y afianzar las convicciones que siempre hemos tenido”.
Daño colateral
Los asesinatos cometidos contra políticos y aspirantes en el periodo electoral han llamado la atención a los medios nacionales e internacionales, pero también ha afectado a las familias, seres queridos y conocidos de las víctimas.
Deterioran la confianza en las instituciones, tanto electorales como de impartición de justicia y en algunas zonas los partidos políticos han tenido problemas para designar candidatos por la falta de interés y el miedo de los miembros de la sociedad ante la posibilidad de que el crimen organizado cometa actos violentos contra ellos.
Abel Murrieta, candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, fue asesinado el 13 de mayo de 2021 mientras entregaba propaganda para que el municipio, con una población de 436 mil 484 habitantes, lo eligiera como su representante.
Su homicidio sucedió a plena luz del día, frente a los ojos de diversos testigos, durante una campaña en la que señalaba la complicidad de políticos del estado con el narcotráfico.
Abel Murrieta ejerció como procurador de Sonora del 2004 al 2012 y en el último año fue abogado de la familia LeBarón, víctimas de un ataque perpetrado contra una camioneta en la que viajaban tres mujeres y 14 niños, en el que murieron nueve de los ocupantes del vehículo en noviembre de 2019.
De acuerdo con Julián LeBarón la familia no tuvo contacto directo con Murrieta hasta que formó parte de su equipo de defensa legal y cuando inició su candidatura les aseguró que era la manera en que él pretendía contribuir con la comunidad de Cajeme. Municipio el cual su cabecera, Ciudad Obregón, está catalogada como la cuarta urbe más violenta del mundo, de acuerdo con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., que evalúa las metrópolis con mayores números de violencia a nivel mundial.
LeBarón, que brindó entrevista a ONEA México, también aseguró que Murrieta se propuso como candidato desde la convicción de que podía hacer algo para mejorar el municipio y consideró que si no hubiese tenido forma de cambiar la realidad de la región, no habría sido asesinado.
En llamada previa a la manifestación organizada por los LeBarón el pasado 27 de abril, el activista mencionó que Abel Murrieta le advirtió sobre el riesgo de dicha convocatoria, pero al mismo tiempo recordó sus palabras de aquel día: “lo que ando haciendo yo es más peligroso todavía, si nomás te pudiera platicar, pero prefiero no hacerlo por teléfono”.
Para Julián LeBarón queda claro que “las corporaciones de policía que tienen el monopolio de la seguridad y en el uso de las armas se ponen al servicio de las organizaciones criminales” y que “el daño que hace el narcotráfico a la sociedad sería casi insignificante si no fuera por la traición y el crimen que se comete desde los que nos cobran por servicios de seguridad y los que profesan estar al servicio de la comunidad y nos traicionan”.
Aseguró que el sistema de justicia en el país es una farsa, mientras que en lo electoral “los partidos políticos nos dividen tanto entre nosotros que hacen imposible poder resolver nuestros problemas. Vemos a la mitad del país como si fueran el enemigo y no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para detener el homicidio y la desaparición forzada, porque nos estamos peleando por estupideces.”
Hasta hoy familia LeBarón coincide en que el asesinato de Murrieta también podría tener relación con las acciones que llevaba en la defensa de su caso, mientras tanto las investigaciones continúan.
Mecanismos internacionales
Históricamente se ha observado que las jornadas de elección popular, por su propia naturaleza, recrean condiciones de riesgo suficientes para la violación sistemática de los derechos políticos de la población.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que la responsabilidad de llevar a cabo procesos electorales adecuados, puede incluir acciones de seguridad o protección para los candidatos u otras personas interviniesen en las jornadas electorales, a efecto de que realicen libremente sus actividades.
Sin embargo, esta obligación especial de garantía no implica una responsabilidad ilimitada frente a cualquier atentado cometido por particulares pues, si bien los Estados tienen el deber de investigar las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos dentro de su territorio; para estos casos, la obligación de activar sistemas extraordinarios de prevención y protección se encuentra sujeta a la actualización de una serie de supuestos.
En la sentencia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia y, posteriormente, en el caso Campo Algodonero Vs. México, la Corte Interamericana indicó que para que surja la obligación positiva de tomar medidas operativas para prevenir la materialización de un alegado riesgo a la vida, debe, en primer lugar, hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Además, debe tratarse de una amenaza real e inmediata hacia una víctima o víctimas determinadas sobre actos criminales de terceros.
A este respecto, estableció que el riesgo debe ser particularizado, más allá de la existencia de un ambiente general de violencia. No obstante, los gobiernos no pueden escudarse en el desconocimiento de contextos de violencia dirigida de manera sistemática contra grupos sociales y sectores de la población específicos, como lo son, en México, las agresiones a funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular durante las jornadas electorales.
Así pues, cuando el Estado conoce sobre la existencia de una afrenta para la vida o la integridad de cualquier persona, o cuando razonablemente debía conocerla, se acciona su responsabilidad para tomar las medidas que se encuentren al alcance de sus poderes con el fin de evitar el daño.
En este caso, a través de las medidas cautelares y de protección previstas por la normatividad penal para cualquier persona cuya vida o integridad se encuentre amenazada y, de manera exclusiva para los aspirantes a cargos públicos, por medio de las providencias de seguridad personal contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
