Enrique Gallegos Madrigal, Consultor para la Fundación para el Debido Proceso

Sin dejar de reconocer lo simbólico del acto de disculpas del Presidente que se llevó a cabo el 3 de mayo pasado, falta mucho por hacer. Principalmente porque pedir disculpas por el pasado, pero no reconocer las violaciones a derechos humanos actuales ha sido una constante para el gobierno federal durante este sexenio. Si en realidad “a partir de ahora habrá un cambio que tendrá que reflejarse en una relación de respeto e inclusión del pueblo maya” como dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero—, habría que empezar con uno de los temas más complejos: el proyecto denominado “Tren Maya”.

En su implementación este proyecto no ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones en materia de derechos humanos de los pueblos mayas de la región y tiene pendientes diversos juicios de amparo promovidos por estas comunidades. En este sentido, la primera cosa que debería cambiar es la posición del gobierno federal frente a las personas y grupos que cuestionan el proyecto. Constantemente, tanto el Presidente como altos funcionarios de FONATUR como Rogelio Jiménez Pons y Alejandro Varela —Director General y Director Jurídico, respectivamente— han estigmatizado y criminalizado a quienes defienden sus territorios y a sus asesores legales.

Otra cuestión que urge atender está vinculada con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Aunque constantemente se dice que el proyecto “fue aprobado” y “cuenta con apoyo” de las comunidades indígenas, esto es cuestionable. Primero, porque el objeto de la consulta fue “establecer un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus opiniones” y “establecer acuerdos […] respecto de su participación en la implementación de dicho proyecto”, es decir, dicho proceso no tuvo por objeto preguntar a las comunidades si querían o estaban (o no) de acuerdo con el proyecto. En segundo lugar, no existe una posición homogénea de las comunidades en contra o favor del proyecto.

Asimismo, todo el proceso se llevó a cabo con gran celeridad, lo que pone en manifiesto que para el gobierno mexicano la consulta era una mera formalidad que tenía que realizarse en el tiempo decidido unilateralmente (un mes). Quienes participaron mayoritariamente en este proceso fueron autoridades municipales y ejidales, que no necesariamente representan a las comunidades. Finalmente, poco se puede hablar de “buena fe” de parte del gobierno federal cuando antes del proceso de consulta el gobierno mexicano realizó actividades de difusión de sobre las “bondades” del proyecto a través de lo que denominaron “Caravana Informativa el Tren que nos Une”. Dichas actividades fueron realizadas entre marzo y agosto de 2019 a través de una empresa prestadora de servicios denominada “El juego de las llaves”, que fue contratada mediante adjudicación directa para “mejorar la percepción del Proyecto Tren Maya”.

Por último, en ese afán “reparador” de la disculpa, se deben atender los conflictos territoriales detonados por el proyecto. Por una parte, por los fraudes, extorsiones y abusos cometidos en la adquisición de tierras para la construcción de la vía y otras infraestructuras relevantes para el proyecto; por otra, por la especulación inmobiliaria y turística que está propiciando el despojo de tierras en la Península.

Las violaciones a derechos de las personas mayas peninsulares, el racismo y colonialismo siguen vigentes, y salvo que se acompañen de otras acciones las disculpas no bastan.