Por Nayeli Meza Orozco

Atenco es una herida que sigue abierta. No solo porque en 15 años sigue sin haber castigo para los responsables, a pesar de que en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos de las víctimas.

En el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Ana María, Claudia, Cristina, Edith, Italia, María Patricia, Mariana, Norma, Patricia, Suhelen, Yolanda y 36 mujeres más fueron víctimas de detenciones arbitrarias, así como tortura física, psicológica y sexual.

La represión policial contra un grupo de vendedores de flores en un mercado fue ordenada por Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y en el lugar perdieron la vida dos personas, entre ellas un niño de 14 años.

Después de los abusos perpetrados, las Mujeres de Atenco fueron revictimizadas y sometidas a un proceso judicial plagado de irregularidades. Sin embargo, en diferentes encuentros, conferencias y entrevistas, el grupo de las 11 mujeres ha hecho énfasis en que el sentimiento en común que las mantiene en lucha es la búsqueda de justicia y la reivindicación de su dignidad.

Hasta antes de los disturbios de 2006, muchas de ellas no se conocían, pero en el Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez a donde fueron trasladadas se hermanaron y tejieron una red de apoyo que fue respaldada por otras mujeres, organizaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación, activistas y colectivos.

A las Mujeres de Atenco les robaron tiempo, vida, las desarmaron moralmente y, por momentos, la esperanza se tambaleó. Pero, la peor tortura en palabras de Italia Méndez fue “el propio proceso de justicia” por el que atraviesan desde hace 15 años.

Dentro de las principales violaciones identificadas en el caso destacan el uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y tortura sexual en contra de las mujeres, así como violación a las garantías de seguridad jurídica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) documentó que únicamente 21 policías fueron consignados por abuso de autoridad y después absueltos. A un policía estatal más se le acusó por el delito no grave de tocamientos indebidos en perjuicio de una de las víctimas, pero tiempo después también fue exculpado.

El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que solicitó al Estado mexicano investigar con la debida diligencia y esclarecer los hechos de forma integral con el objetivo de identificar los distintos grados de responsabilidad, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.

Frente al bloqueo en el acceso a la justicia en México y las nulas posibilidades de lograr algún avance significativo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) tomaron la determinación de llevar el caso hasta la Corte IDH.

  

El 28 de noviembre de 2018 se declaró la responsabilidad del Estado mexicano y la Corte ordenó la investigación y sanción a todos los responsables de los hechos, pero la deuda con este caso aún se mantiene vigente, ya que solo dos de nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional se han cumplido.

Ellas se convirtieron en defensoras de su propia vida y la motivación de que algún día obtengan justicia las mantiene de pie, pues mientras su voz resuene las Mujeres de Atenco no serán olvidadas.