Por: Juan Pablo Nápoles Ramírez, Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

Los derechos humanos (DD. HH.) son un conjunto de prerrogativas cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de todas las personas; así, de todas las personas, sin distinción alguna. Esta característica, su universalidad, es uno de los pilares fundamentales de los DD. HH.

Esto significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos fundamentales, simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de su origen, quiénes son, dónde viven, sus características físicas o psicológicas, su condición legal presente o pasada, o cualquier otra diferencia que se nos ocurra. Los derechos humanos son para todos y todas.

Lo anterior resulta redundante y, en apariencia, relativamente fácil de comprender. Sin embargo, la universalidad de los derechos humanos parece olvidarse cuando se trata de personas acusadas y/o condenadas por algún delito. Y mientras más grave sea éste, más se nos olvida.

¿Sólo las víctimas tienen derechos humanos? ¿Deben respetarse los derechos humanos de las y los delincuentes y criminales? ¿Los derechos humanos representan un obstáculo para una eficaz impartición de justicia? La respuesta es contundente. Todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos humanos.

Aquí es donde aparentemente el principio de universalidad riñe con la necesidad de justicia o venganza de la sociedad, pues se tiene la idea errónea de que los delincuentes, sin distinguir entre culpables o sujetos a proceso, no son merecedores de protección de sus derechos humanos porque violaron los derechos de sus víctimas. Algunos incluso van más allá, y dirigen toda su hostilidad contra los criminales, afirmando que no sólo no deben respetarse sus derechos, sino que éstos deberían ser vulnerados por el poder público como medida de castigo.    

Como sabemos, en todo Estado de derecho existe un marco normativo que la sociedad debe respetar, y cuando éste es transgredido, las personas deben afrontar las consecuencias jurídicas de sus actos. Desde el siglo XVIII, la regla general, como resultado del proceso judicial correspondiente, es la reclusión de las y los culpables en centros penitenciarios.

Sin embargo, en dicho proceso debe respetarse un conjunto de garantías (derechos humanos) cuya función es fijar límites en la acción punitiva del Estado. No con el objeto de beneficiar a los acusados de cometer conductas antijurídicas, sino como obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. En ese contexto, todos los ciudadanos deberían ser consciente de que, si se les acusa de cometer algún crimen, serán sujetos a un juicio justo, y, si resultan culpables, serán condenados a las penas establecidas en la ley.

Encontramos así que, al detener a un sujeto por la probable comisión de un delito, deben observarse las excepciones del derecho a la libertad (expedición de una orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente), sólo podrá hacerse un uso racional de la fuerza y, por supuesto, deberá prescindirse de la tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes (derecho a la integridad personal). Además, deberá hacerse de su conocimiento de qué se le acusa (garantía de audiencia), brindarle acceso a una defensa adecuada y ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario (derecho a la presunción de inocencia).

Esto no es exigible a las víctimas del delito, sino al Estado, ya que éste es el encargado de responder, racionalmente, a la necesidad de establecer un orden social, con respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de las personas ofendidas como de los acusados. Grosso modo, a esto podemos denominarlo  justicia.

No hay que confundir justicia con venganza. La venganza, es ese sentimiento humano que persigue una cierta satisfacción personal ante el sufrimiento de otro. Digamos que es la “justicia” de la humanidad en su estado salvaje o primitivo. En épocas pasadas, por ejemplo, las injusticias se castigaban con más injusticias (pena de muerte, mutilaciones, tortura, destierro, etc.), hasta que fueron perfeccionándose los sistemas judiciales.

Aunque podamos decir que la venganza probablemente es inherente al ser humano, ésta es incompatible con la justicia social. La primera persigue una discutible satisfacción personal, mientras que la segunda pretende establecer un orden público.

En México, la justicia se persigue ahora bajo un nuevo sistema penal. A diferencia del esquema anterior (inquisitivo, centrado en el castigo del culpable), en el actual se han establecido nuevos caminos de solución de conflictos para la mayor parte de los delitos, como el procedimiento abreviado y la justicia alternativa. Así, el proceso penal en nuestro país está diseñado para esclarecer la verdad de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y reparar el daño causado por el hecho delictivo.

Ahora bien, que esté diseñado así no necesariamente quiere decir que así funcione, pues no es secreto para nadie que la impunidad en México ha desacreditado a las instituciones encargadas de procurar y dictar justicia. Pero los DD. HH. no son un obstáculo para ello, más allá de lo que sí pueden serlo el error o la mala práctica de quienes llevan a cabo las investigaciones criminales y procesos jurisdiccionales. Pese a ello, no debemos permitir que las fallas humanas corregibles de los sistemas judiciales sean una excusa para dejar de lado la universalidad de los derechos humanos.

Si el reclamo de la víctima de un delito es que sufrió un perjuicio en su esfera jurídica, ¿qué tan legítimo es pretender que, en consecuencia, se vulneren los derechos humanos del culpable? La única diferencia en ambos casos sería el origen del acto, porque el resultado sería el mismo: el perjuicio del prójimo.

Como reflexión suena fácil, pero lo cierto es que, en la práctica, defender los derechos humanos de una persona que acaba de violar los de otra requiere más de la razón que de la pasión. La respuesta es justo esa. Los seres humanos, si bien somos pasionales, somos seres racionales. De otra forma viviríamos en una sociedad sin seguridad jurídica.

Respetar los derechos humanos de las personas acusadas o condenadas por un delito no significa que no merezcan afrontar las consecuencias de sus actos. Pero ese proceso debe darse bajo un estricto respeto de sus DD. HH., de su dignidad humana. De lo contrario, nos encontraríamos en un círculo interminable de venganza.

Dejemos, pues, que la venganza sea, en sentido figurativo, de los derechos humanos. Y que el respeto de esas condiciones mínimas por las que la humanidad ha trabajado durante tantos años imperen en la sociedad, para que el bien público que persigue el Estado nos sea cada vez más cercano.