Por Patricia San Juan

Esta semana se dio a conocer que 30 miembros de la Marina Armada de México fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Desaparición Forzada, una acción extraña que también retomaron las agencias internacionales y los periódicos extranjeros.

El comunicado de la Marina indica que los elementos fueron detenidos por un hecho ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año 2014.

No es nada común que el ejército o la Marina den a conocer estos sucesos, sobre todo en un país donde la impunidad supera el 90 por ciento y la desaparición es un delito tan escuchado e ignorado que algunas personas ya normalizaron con comentarios como: “seguro se fue con el novio”, “así son los hombres, se van con los amigos” o el prejuicioso “pues en algo andaría”.

Pero en nuestro país 86 mil 810 personas están desaparecidas, de ellas 162 se denunciaron como víctimas de desaparición forzada. Este delito implica que algún funcionario público, de cualquier rango o de cualquier dependencia autorice, apoye o colabore con privar de la libertad a una persona sin informar su paradero, como habría sucedido con los militares, en caso de que fueran encontrados culpables.

Su detención podría ser una respuesta a las demandas de las familias de quienes desaparecieron y eso es positivo, pero desgraciadamente el país sigue muy atrasado en la procuración de justicia.

Para enero del 2021 sólo 35 casos en todo el país que tuvieran relación con desaparición y desaparición forzada tenían condena dictada, de acuerdo con datos de Europa Press, es decir, más del 99.9 por ciento están impunes.

Actualmente el Estado está rebasado, las tareas las ha iniciado tarde, con muchas fallas que se acumularon con los años, lo que les impide hacer su trabajo de forma correcta y con tiempo, sus esfuerzos ayudan a destrabar casos, pero también mantiene muchos otros en pausa.

Es cierto, hay más casos que investigadores, hay pocos recursos, pero también hay poco interés en colaborar, enmendar fallas o reconocerlas y las familias aún hoy necesitan salir a buscar.

Una vez que encuentran los cuerpos ellas deben esperar a que lleguen las autoridades y desde la denuncia hasta el arribo de los equipos forenses pueden pasar horas, como han hecho notar las Madres Buscadoras de Sonora.

Cuando los cuerpos son identificados las hermanas o esposas denuncian que les toma semanas o meses recuperarlos. Cuando no encuentran respuestas por parte de los forenses ellas continúan con las tareas, los centros de investigación rebasan su capacidad y no hay suficientes panteones para colocar ahí los cuerpos de los que se obtendrán muestras y podrían coincidir en el futuro con el ADN de sus padres.

Los desaparecidos aumentan, las fosas se siguen localizando con cuerpos que tienen pocos días de descomposición o llevan ahí años, las fiscalías especializadas están rebasadas desde el primer día y las comisiones de búsqueda no tienen personal calificado que alcance, las familias están agotadas, pero ellas perseveran y algunas autoridades también.

En este momento no hay condiciones para encontrarlos a todos en poco tiempo, pero sí las hay para evitar que crezcan los casos, prevenirlos, que ninguna familia pase la noche en vela por no saber dónde están los suyos o porque las autoridades los detuvieron pero no tienen idea de a dónde los llevaron.

De esta semana es plausible que se detuviera a los 30 posibles responsables, esperamos que el caso devele la verdad y los culpables sean identificados, aunque esto no es lo único. Si en México hay más de 86 mil personas desaparecidas deberíamos tener más de 86 mil juicios que determinen la culpabilidad, aunque recordemos que no siempre son delitos cometidos de forma individual.

Pero sobre todas las cosas, es necesario que 86 mil 810 familias puedan saber el paradero de los suyos, puedan abrazarlos o enterrarlos con dignidad, descansen y no tengan que pensar ni una noche más en su búsqueda.