Por Eduardo Buendía

En días recientes la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha estado en el ojo del huracán por sus malas prácticas, violaciones a los derechos humanos y por fabricar delitos.

Uno de los casos más mediáticos por las evidentes inconsistencias fue la detención de un grupo de personas en Orizaba el 30 de marzo en un establecimiento comercial, un estudio de tatuajes llamado South Siders. Entre los privados de su libertad se encontraba un menor de 18 años y un adulto mayor.

De acuerdo con la prensa local, los detenidos, en su mayoría jóvenes, agredieron a elementos estatales. Sin embargo, los testimonios de los familiares negaron desde el primer momento esa versión al haber indicios de que fueron capturados en la ilegalidad.

En videos tomados por transeúntes momentos después de la detención, se describió como un aparente asalto al negocio, no obstante, del establecimiento fueron llevadas contra su voluntad siete personas poco después del medio día del 30 de marzo.

Luego de 13 horas y contra el debido proceso, los elementos de seguridad presentaron a los retenidos ante el Ministerio Público. En ese lapso, la familia de los hermanos Raúl y Moisés Martínez López -hermanos de Abigail, integrante de ONEA México- habían presentado una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Especializada.

Por su parte, familiares de Adriana, otra joven detenida, difundían de manera masiva una ficha con sus datos por desconocer su paradero.

Tras varias horas de angustia, en una declaración el gobernador Cuitláhuac García aseguró que las personas no fueron desaparecidas y que habían sido detenidas por la policía estatal. Esperaban que un juez declarara la legalidad de la detención y continuara el proceso judicial.

Medios veracruzanos informaron de manera extraoficial que a los detenidos se les imputaría el delito ultrajes a la autoridad por enfrentarse con los elementos de seguridad en un camino en Fortín de las Flores, una versión que dista mucho de la realidad.

Luego de las diligencias, Raúl Martínez fue liberado, pero los demás tuvieron que esperar una audiencia realizada el 7 de abril pasado en el que también se les dictó libertad y no prisión preventiva.

El caso del #30MOrizaba deja al descubierto la putrefacción que existe al interior del sistema de justicia veracruzano, pero estas malas prácticas y violaciones a los derechos humanos de las personas se reproducen en todo el país.

La FGE de Veracruz, encabezada por Verónica Hernández, también fue blanco de críticas luego de entregar en bolsas negras los restos de una persona desaparecida a sus familiares el 28 de marzo, luego de que el colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos denunció el hecho.

La falta de sensibilidad de algunos de los funcionarios encargados de procurar y hacer justicia es simplemente inaceptable.

El acto de entregar a la persona desaparecida en bolsas, derivó en la destitución de Lenin Juárez Jiménez, quien fungía como fiscal regional de Las Choapas.

Fiscal Hernández: ponga en orden a sus empleados, trabaje para erradicar las vulneraciones a los derechos de los veracruzanos y no permita que se castigue a inocentes.

Gobernador Cuitláhuac García: intervenga para que estos actos dejen de ocurrir en su entidad, tan golpeada por la violencia y la corrupción.