Por Luis Peña Cruz*

De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre 2015 y 2019 el Instituto Nacional de Migración detectó a 180,644 niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, de los cuales cerca del 40% viajaban sin la compañía de ningún familiar. Durante 2020 hubo una cifra drásticamente menor en comparación a años previos debido a la pandemia generada por COVID-19, sin embargo, 2021 se ha caracterizado por un incremento exponencial de casos que requiere la adopción de medidas estatales para asegurar la protección integral y la garantía de los derechos de la niñez migrante que se encuentra en territorio mexicano.

Más del 90% de las niñas, niños y adolescentes migrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica. La mayoría de las personas menores de edad salen de sus países de origen debido a contextos de pobreza extrema, situación de calle, altas tasas de homicidios, crimen organizado, violencia familiar o abandono. Cada país de la región tiene situaciones particulares que detonan la migración; en el caso de El Salvador la guerra civil sucedida en las décadas de los 70 y 80 destruyó el tejido social de una forma trágica; Guatemala también enfrentó una guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1996 que generó un desplazamiento forzado masivo; y en Honduras más de la mitad de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema y uno de los mayores índices de muertes violentas a nivel mundial.

Siempre que el Instituto Nacional de Migración detecta a aquellas personas menores de edad que viajan por territorio mexicano sin documentación que acredite su estancia en el país, está obligado a emprender dos acciones fundamentales: notificar de manera inmediata a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y realizar una solicitud de canalización al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas Estatales DIF, según corresponda, a efecto de que se habilite un albergue para su cuidado temporal. Este punto es esencial, pues, con la reforma del 11 de noviembre de 2020 a la Ley de Migración, se estableció la prohibición para que las estaciones migratorias no alojen a niñas, niños y adolescentes. Esta prohibición responde a que en reiteradas ocasiones se ha demostrado que las estaciones migratorias son lugares incompatibles con los derechos humanos de una persona menor de edad. No obstante, conforme al artículo primero constitucional, las Procuradurías de Protección deben garantizar en todo momento la protección más amplia para las niñas, niños y adolescentes, lo cual implica que no en todos los casos atenderá al interés superior de la niñez migrante la canalización a albergues, pues antes de optar por un método de cuidado residencial, deben realizarse los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la vida familiar y comunitaria, por ejemplo, mediante familias de acogida temporal.

Siempre que una Procuraduría de Protección recibe la notificación de una niña, niño o adolescente migrante, tiene la obligación de implementar medidas de protección integrales o especiales para salvaguardar sus derechos, al principio convencional del interés superior de la niñez y a la unidad familiar. Ello implica que deben realizarse todas las acciones necesarias para permitir que niñas, niños y adolescentes no sean separados arbitrariamente de sus familiares, salvo que dicha decisión sea necesaria para el interés superior de la niñez y esté sujeta a revisión judicial, como lo establece el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En todos los procesos migratorios las Procuradurías de Protección son las encargadas de determinar el interés superior de la niñez, lo cual implica decidir en un plazo razonable qué pasará con cada caso en particular. Para ello, resulta necesario informar a niñas, niños y adolescentes sobre el proceso en el que se encuentran y de los derechos reconocidos a su favor; escuchar y tomar en cuenta su opinión y la de sus familiares; garantizar asistencia consular; realizar un diagnóstico multidisciplinario de los derechos vulnerados e implementar un plan de restitución de derechos en el que se determine si la niña, niño o adolescente migrante puede regresar a su país de origen o si requiere permanecer en territorio mexicano bajo alguna forma de protección internacional, como lo es el refugio. Toda determinación final debe respetar la obligación de no devolución que proviene del derecho internacional de los derechos humanos, la cual prohíbe que los Estados expulsen de su territorio a aquellas niñas, niños y adolescentes cuando correrían el riesgo de sufrir algún daño irreparable al regresar a su país de origen.

De acuerdo con la Observación General 22 del Comité de los Derechos del Niño, los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes migrantes deben ser resueltos conforme a las particularidades específicas de cada persona menor de edad. Esto significa que no existen fórmulas generalizadas, sino que, de manera singular, el Estado mexicano debe adoptar las medidas que resulten más apropiadas para salvaguardar de una manera holística los derechos de la niñez migrante durante todo el tiempo que permanezca en el país.

México ha dado pasos importantes en la garantía de los derechos de la niñez migrante, sin embargo, los esfuerzos aún no resultan suficientes para satisfacer los más altos estándares de derechos humanos que obligan, sin excepción, a garantizar de manera integral los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, sin importar su condición migratoria o nacionalidad. El fenómeno de la migración debe atenderse de manera progresiva desde sus orígenes, pero mientras ello ocurre, la comunidad internacional debe construir mejores alternativas para toda niña, niño o adolescente que ejerza su derecho a migrar.

*Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. Actualmente se desempeña como procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tlaxcala y como profesor de Derecho Constitucional I en la Ibero Puebla. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no refleja necesariamente la postura de las instituciones en las que colabora. Correos de contacto: [email protected], [email protected] . Twitter: @Luis_p83