Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, se comprometió a solicitar el apoyo del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para proteger a los pueblos indígenas de Guerrero que sufren el asedio del crimen organizado; sin embargo, respuestas a solicitudes de información vía transparencia evidencian que no existen acciones concretas por parte del funcionario mexicano.

 

Tamara Gidi

Los compromisos para proteger a los pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero que viven sometidos bajo el yugo de la delincuencia organizada no fueron cumplidos por la Secretaría de Gobernación.

En reuniones que mantuvo con habitantes de la zona, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, acordó escalar la situación con diversas instancias de seguridad y procuración de justicia federal.

Sin embargo, información revelada por las entidades públicas consultadas por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) muestra que la subsecretaría a cargo de Encinas Rodríguez otorgó un seguimiento mínimo, casi nulo, a las promesas realizadas. 

Durante el último año, en la región de La Montaña fueron asesinados 29 hombres y mujeres miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) quienes, ante la pasividad de las autoridades del Estado, adoptaron medidas para combatir la inseguridad por sus propios medios.

El homicidio sistemático de sus integrantes llevó al CIPOG-EZ a solicitar la intervención del encargado de Derechos Humanos de la Segob, quien recibió a sus representantes en dos ocasiones: en enero y septiembre de 2020.

Derivado de estas reuniones, el subsecretario Encinas suscribió nueve acuerdos, enfocados en la implementación de acciones dirigidas a erradicar la situación de inseguridad desarrollada en los municipios guerrerenses de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera.

Entre las obligaciones contraídas por el servidor público, destacan: a) llevar al Gabinete de Seguridad la solicitud urgente de atender la violencia en la región; b) gestionar la atracción del caso por la Fiscalía General de la República; c) establecer medidas cautelares para los afectados; d) brindar acompañamiento a los integrantes del CIPOG-EZ a través de la Guardia Nacional y; e) diseñar una estrategia para la atención integral de los familiares de los 10 músicos asesinados en enero de ese año.   

En entrevista, Jesús Plácido Galindo, coordinador del Congreso Nacional Indígena (CNI) y representante del CIPOG-EZ –quien formó parte de ambas reuniones–, denunció el incumplimiento de los compromisos suscritos por la Secretaría de Gobernación a través de Alejandro Encinas.

Ante estas afirmaciones, ONEA México requirió vía transparencia conocer el estado de cumplimiento de cada uno de los acuerdos suscritos, tanto a la Subsecretaría de Derechos Humanos como al resto de las instituciones federales involucradas.

Abandono institucional

El primero de los acuerdos ignorados por el subsecretario fue solicitar la intervención urgente del Gabinete de Seguridad, pues de acuerdo con la respuesta otorgada por la Presidencia de la República, a la fecha, ni la Coordinación de Asesores del presidente, su Secretaría Particular, la Coordinación General de Política y Gobierno ni el Consejo de Seguridad Nacional tienen registro o conocimiento de la citada petición.

En el oficio remitido por la unidad de transparencia del Ejecutivo federal, se señala que después de una búsqueda “exhaustiva, amplia y razonable” en las áreas mencionadas, no se encontró ninguna información referente a la presunta solicitud realizada por el subsecretario.

De manera similar, la Fiscalía General de la República indicó que, después de una búsqueda profunda en los archivos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, se determinó la inexistencia de registros o documentos en los que la Segob solicitara su intervención para la atención de la violencia generalizada padecida por los integrantes del CIPOG-EZ. 

Igual de preocupante resultó la respuesta brindada por la Guardia Nacional, de la que se desprende que ésta no cuenta con antecedentes de ningún requerimiento para “resguardar la integridad de los miembros del CIPOG-EZ y [de] los habitantes de las comunidades Nahua de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera”.

Respuesta de la Fiscalía General de la República >
Respuesta de la Presidencia de la República >

Por otro lado y, en concordancia con la opacidad que caracteriza al actual gobierno, el Comité de Transparencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración decretó la reserva de la información concerniente a la implementación de medidas cautelares en favor de las personas afectadas. No obstante, de acuerdo con lo manifestado por Jesús Plácido Galindo, éstas no han recibido ningún medio de protección por parte de dicha autoridad.

Las documentales obtenidas demuestran que, salvo las acciones implementadas en beneficio de los familiares de los músicos asesinados en enero de 2020 por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; la Secretaría de Gobernación incumplió la mayoría de los compromisos adquiridos para erradicar la violencia del narco en La Montaña guerrerense.

Al respecto, la institución encabezada por Alejando Encinas declaró que los acuerdos asumidos a principios de 2020 continúan en fase de implementación; sin embargo, la inacción observada a más de un año de la suscripción de estas obligaciones, de acuerdo con el concejal del CNI Luis Bustamante, “refleja el interés del gobierno en la protección de las comunidades indígenas”.