Por Patricia San Juan

Hay historias que nos carcomen en México. En nuestro país los expresidentes son intocables. Los antiguos mandatarios no son detenidos ni condenados.

Pero esta semana hubo buenas noticias, claro, no para nuestro país, sino para Francia y cuento aquí la breve historia para buscar similitudes en casos de políticos mexicanos, de alto o mediano nivel, que ojalá fueran juzgados. Ya las condenas serán decisiones de los jueces, aunque espero que la impunidad que reina en el país no aplique también para estos casos.

El expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado. Su sentencia indica que deberá cumplir tres años de sanción, por corrupción y tráfico de influencias, después del llamado “caso de los escuchas”.

De acuerdo con la investigación, el presidente francés entre 2007 y 2012 empleó sus influencias para conocer los detalles sobre un caso que se llevaba en su contra por presunto uso de recursos ilegales para su campaña e intentó sobornar a miembros del poder judicial.

Después de su gobierno, en el año 2014, se dieron a conocer grabaciones telefónicas de un número registrado a nombre de otra persona en la que Sarkozy hablaba sobre recursos para financiar su contienda electoral, un caso del que se le juzgará en un nuevo proceso.

Él se declara inocente. De los tres años de condena imputados, dos podrá vivirlos fuera de la cárcel y uno en su domicilio con un brazalete localizador, aunque quedan el juicio pendiente.

En resumen: declararse inocentes, obtener fondos ilegales para financiar campañas o participar en actos de corrupción, no es nuevo para los políticos mexicanos, de hecho parece la historia de todos los días y por eso hubo cierta felicidad generalizada cuando se abrió un resquicio de luz, la posibilidad de juzgar a los expresidentes.

Sin embargo la puerta pareció cerrarse un poco cuando, en lugar de dejar las decisiones en las manos de la justicia, el ejecutivo acudió a las consultas populares para plantear la pregunta que originalmente hablaba de juicios a antiguos mandatarios, pero que quedó extrañamente así:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Es decir, ¿estás de acuerdo en que se haga justicia?, una pregunta que ni siquiera se debería plantear y sólo tendrían que ejecutar las acciones para que se asegure que se aplique la ley.

Pero como algunas veces se cree que sólo en primer mundo pasan estos interesantes momentos de cordura, recordemos que en América Latina en general las cosas también han cambiado y la impunidad a veces no es la regla a seguir.

A pocos expresidentes se les ha juzgado pero ha ocurrido, como los sorprendentes casos peruanos de Ollanta Humala y Alberto Fujimori, que sí fueron condenados, Alan García, quien se suicidó después de conocer su sentencia y Pedro Pablo Kuczynki, detenido e investigado.

En el resto del continente Lula Da Silva fue privado de su libertad tras una condena por corrupción y se propició la detención domiciliaria del colombiano Álvaro Uribe.
En fin, en este espacio esperamos que la aplicación de leyes no se trate de un cuento escrito con bonita letra y por supuesto, que esta columna no agravie a los presentes.