Por Eduardo Buendía

La Auditoría Superior de la Federación dejó al descubierto las carencias en la gestión de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

Falta de coordinación y sin objetivos claros, es como el órgano fiscalizador dictaminó la labor de la SFP durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su revisión a la Cuenta Pública 2019.

Varios son los episodios en los que esta dependencia ha sido señalada por no ir al fondo de los asuntos que le toca investigar y de absolver a personajes impresentables de la cuarta transformación. Mientras que a los adversarios los trata con mano dura.

Es el caso de Manuel Bartlett, titular de la CFE quien, a pesar de haberle mentido a la ciudadanía sobre su patrimonio, tras una investigación la Secretaría determinó que no había elementos suficientes para sancionarlo.

La ASF estableció en su último informe que la SFP entorpeció los trabajos para ser fiscalizada. ¡Vaya paradoja!: Que la instancia encargada de vigilar que los funcionarios públicos realicen su trabajo de manera adecuada no permita la revisión de los auditores.

Entre las conclusiones de la auditoría con clave 77-GB sobre el “Control Interno y Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la Administración Pública Federal” el órgano fiscalizador indicó:

“En 2019, la SFP no dispuso de un plan estratégico, programa institucional o documento homólogo en donde se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, mediano y largo plazos, debido a que al cierre del ejercicio, su plan sectorial no había sido publicado, en consecuencia, no existió un documento de planeación institucional sobre el cual la CGOVC (Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control) vinculara sus actividades de coordinación y dirección de los OVC (Órganos de Vigilancia y Control)”.

Es decir que, en materia de Función Pública, no existe coordinación entre la cabeza (que es la SFP) y los órganos encargados de vigilar al interior de las instituciones gubernamentales.

Otra de las carencias reveladas por la ASF es que la SFP no implementó acciones para coordinar la participación de los Órganos de Vigilancia y Control para cumplir el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024; la dependencia de Sandoval tampoco acreditó cómo mejoró el control interno para que se cumplieran los objetivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Lo anterior preocupa al tomar en cuenta que la SFP es un brazo indispensable para el combate a la corrupción que tanto menciona el presidente López Obrador desde sus campañas electorales. Entonces, ¿cómo se está erradicando este fenómeno al interior de la cuarta transformación?

La Secretaría se defiende

Luego de que la ASF presentó su informe en el que encontró irregularidades en el ejercicio de 67 mil 498 millones de pesos durante 2019, López Obrador respondió durante su conferencia del lunes que él “tiene otros datos”.

Entre las revelaciones más escandalosas fue que la cancelación del aeropuerto de Texcoco representará un quebranto total a la Hacienda Pública por 331 mil millones de pesos. Después de los dichos del presidente, la Auditoría, dirigida por David Colmenares, difundió un comunicado la noche de ayer en el que hizo varias aclaraciones y dio a entender que dicho monto era impreciso y revisaría la metodología sobre ese dictamen.

No solo el presidente salió en defensa de los otros datos, también lo hizo Irma Eréndira Sandoval ante el señalamiento de la ASF sobre un entorpecimiento en la labor de los auditores.

“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información. Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020”, sostuvo el órgano fiscalizador.

El domingo, un día después de que la Auditoría difundió su análisis sobre la Cuenta Pública 2019, la SFP divulgó un documento en el que aclaró que puso a disposición del organismo más de 30 mil expedientes que fueron requeridos y afirmó que atendería sus observaciones y recomendaciones.

Y sí, es urgente que las atienda, porque si algo mostró la ASF es que en materia de combate a la corrupción la SFP está reprobada por no tener ni siquiera las metas claras.