Por Patricia San Juan
México termina el año 2020 con 81 mil 910 personas desaparecidas y Jalisco es el estado con el mayor número de víctimas de este delito que no prescribe.
En la entidad se reportaron 11 mil 448 desaparecidos, una crisis de seguridad que no pasa desapercibida y que el gobierno estatal insiste en negar.
Las cifras mencionadas fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de llevar la contabilidad de las víctimas, pero sobre todo de coordinar las labores de localización entre las entidades correspondientes para dar respuesta a las familias.
Sin embargo, las autoridades de Jalisco no reconocen que el número de personas desaparecidas sea tan alto como las reporta la Comisión. De forma oficial, el estado a cargo del gobernador Enrique Alfaro asegura que sólo 2 mil 376 personas se encuentran bajo el estatus de desaparecidos, mientras que 7 mil 512 víctimas más son clasificadas como “no localizadas”, esto de acuerdo con los datos recopilados en el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición (SISOVID) hasta el 30 de noviembre.
Al no categorizar su estatus legal como personas desaparecidas, la entidad niega una realidad y obstaculiza el acceso a la justicia. Esto debido a que la clasificación de “no localizadas” relaciona a las posibles víctimas de un delito con “ausencias voluntarias”, un discurso que recarga en las personas la responsabilidad de su realidad y que niega su derecho a ser buscadas bajo protocolos que podrían protegerlos y devolverlos a sus familiares.
En 2018, con la llegada del gobierno de Alfaro, se prometió a las familias de Jalisco que mejorarían las acciones de búsqueda, se atenderían sus reclamos, reduciría el número de víctimas y se haría lo posible por localizarlas, pero el informe “Las familias hablan” niega que estos objetivos estén cerca de ser alcanzados.
En él dan a conocer que no han mejorado los procesos de recolección de datos por parte de las autoridades, no existen informes generales sobre los patrones de desaparición y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas es opaca ante la sociedad.
La otra realidad
Como respuesta a la inactividad o falta de rigor en la persecución de estos delitos por parte de las autoridades de Jalisco, el peso de la documentación, denuncia y acciones para evitar el incremento de casos descansa en la sociedad civil y los colectivos de búsqueda de familiares.
Colectivos como Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra y Guerreras de Chapala, con la colaboración de organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) se encuentran en la actualidad en la primera línea de batalla de esta problemática social.
Otras organizaciones como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, que también pertenece al ITESO, ¡Tómala! y el proyecto ¡Nuestro Presupuesto! también se han sumado a estos esfuerzos.
Con la llegada de Alfaro Ramírez y la administración del Movimiento Ciudadano (MC), han aumentado el número de desaparecidos, a comparación a los gobiernos anteriores. Durante el año 2019 se registraron 3 mil 492 hombres y mil 246 mujeres desaparecidas, en 2020 se denunciaron 2 mil 376 hombres víctimas de desaparición y 882 mujeres, lo que supera las cifras del año 2018, el último del gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando se registraron mil 695 hombres desparecidos y 251 mujeres.
De acuerdo con el informe de las organizaciones y colectivos locales, seis de cada diez personas que son reportadas como desaparecidas no han vuelto con sus familias y las autoridades se niegan a reconocer que se encuentran en una crisis, pues la Fiscalía Especializada en este delito asegura que el estado se encuentra en “parámetros normales”.
La crisis forense no parece acabar
La comisión de delitos y la impunidad en el estado se reflejan en el ciclo de violaciones a los derechos humanos. La desaparición de personas va estrictamente ligada con la localización de fosas clandestinas, donde encuentran cuerpos completos o restos óseos en distintos grados de descomposición, lo que complica su identificación. Ante el aumento de estos casos también incrementa el número de cadáveres que deben ingresar a los sistemas forenses, pues deben ser analizados y entregados a las familias.
Jalisco no sólo es el estado con mayor número de desaparecidos, también es el que cuenta con el número más alto de cuerpos exhumados de la República. Las dos fosas con mayor número de cuerpos a nivel nacional fueron identificadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encontraron 171 cuerpos, mientras que en el municipio de El Salto se localizaron 115, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados en su corte del primero de diciembre de 2019 hasta el 24 de noviembre del 2020.
En este mismo reporte, cuatro municipios jaliscienses se encuentran entre las 10 demarcaciones con mayor número de cuerpos localizados en fosas: En Tlajomulco de Zúñiga se identificaron 232, en El Salto 179, en Zapopan 153 y en San Pedro Tlaquepaque 76.
A esta cifra se suma la fosa clandestina localizada en los primeros días del mes de diciembre del año 2020, donde las autoridades estatales dieron a conocer que se localizaron 131 cuerpos en una fosa en el municipio de El Salto, donde se logró la preidentificación de 43 personas, que debería ser confirmada con las familias.
Por su parte el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a través de su Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar reporta que cuenta con 2 mil 70 expedientes de cuerpos ingresados en diversas condiciones a sus instalaciones en la zona metropolitana o al interior del estado, aunque no da a conocer si se encuentran dentro de los refrigeradores de la institución o en otros espacios. De acuerdo con la información de El Diario NTR ocho de las sedes regionales del IJCF se encuentran saturadas.
Sin embargo, el propio IJCF informó que sólo cuentan con una capacidad de almacenaje de 807 cuerpos, por lo que continúa siendo necesaria la construcción de un panteón forense estatal, que se planteó tras la localización de los tráileres que transportaban más de 300 cuerpos sin identificar en los últimos meses del 2018, para poder otorgar un entierro temporal a los cuerpos para que sean identificados y entregados a las familias que decidirían el destino final de sus seres amados.
Llamado permanente
Las familias de las personas desaparecidas, agrupadas en colectivos o de forma independiente, han reiterado sus exigencias a las autoridades, para que apresuren las investigaciones, se integren de forma correcta los expedientes y se atiendan sus peticiones de información sobre el avance de sus casos.
Actualmente son estos colectivos y las organizaciones estatales las que realizan labores para impulsar la difusión de la información sobre los cuerpos localizados y constantemente interpelan a las autoridades para que se realicen acciones necesarias de búsqueda, identificación y localización de las personas desaparecidas.
Radar ONEA
Desde ONEA hacemos un llamado a que las autoridades de Jalisco realicen las labores pertinentes para que los familiares de las personas desaparecidas se reencuentren con sus seres queridos.
Que las labores de búsqueda sean inmediatas tras el reporte de una desaparición.
Reiteramos que los cuerpos localizados y no identificados deben ser tratados con dignidad y se informe sobre sus características, para que las familias puedan despedirse de sus seres queridos.
Requerimos que la información difundida sea clara, precisa y conforme a la ley, de igual manera nos sumamos a las exigencias de las organizaciones estatales y nacionales para que se realicen actividades de prevención del delito para evitar que incremente el número de víctimas.
