Desde el catalejo – Silenciar no es la respuesta | ONEA

Por Patricia San Juan

La libertad de expresión es un derecho para todos los ciudadanos, que algunas veces se olvida y se cree que es sólo para la prensa, los opositores, los manifestantes, para la “gente importante”.

Ahora no necesitamos pararnos en medio de un zócalo repleto de gente con un micrófono en nuestra mano para dar un mensaje que llegue a otros, en algunos casos basta con decirlo en redes sociales.

Claro, los más “famosos” en estas plataformas reciben más atención que otros. El uso de las redes no quiere decir que ahora se escuche más a los que en otras épocas no se escuchaba, pues los artistas y los políticos siguen teniendo más “seguidores” que el resto de las personas, pero sí ha cambiado la forma de hacer política.

Ahora más personas se pueden “reunir” bajo un hashtag y opinar algo similar, positivo, negativo, gracioso, sobre temas “serios” o no. Hay más espacio para hablar, pero también los que ostentan el poder han encontrado formas de silenciar a los incómodos.

Pueden existir en todos los grados: que un grupo denuncie tu cuenta porque estás abordando un tema en específico, meterte a la cárcel por señalar a alguien como corrupto o silenciar a todos los habitantes de un país, y no, no es exageración.

Esta semana la cuenta de Yásyana Aguilar, lingüista y activista mixe fue suspendida. Sólo unas horas antes había criticado el uso del nombre “servidores de la nación” que se le ha otorgado a algunos de los trabajadores del gobierno actual.

Señaló como obsesiva la necesidad del Estado de querer ser una nación, es decir que las personas tengan un mismo origen, que compartan tradiciones y hablen un mismo idioma. Porque siendo un país multicultural, no se puede decir que todos los mexicanos venimos de una sola nación.

En el siguiente tuit afirmaba que era un nombre “cursi” pero adecuado a la tradición nacionalista. Los defensores del gobierno la atacaron y poco tiempo después su cuenta pasó a ser suspendida sin que ella obtuviera una explicación.

Existe una aparente relación entre la crítica y la suspensión. Aunque no parece ser una orden “desde muy arriba” a alguien le molestó que ella no estuviera de acuerdo con el nombre y pidió a otras personas que piensan igual que denunciaran la cuenta y en poco tiempo llegó el silencio.

Los ejemplos sobre las limitaciones por lo que se dice en redes y se pretende censurar no sólo son mexicanos, esto sucede en todos los países donde el poder se siente amenazado.

Esta semana la Universidad de Lleida, en Cataluña, fue el sitio en el que detuvieron al rapero Pablo Hasel. Aproximadamente 20 elementos de las fuerzas policiales ingresaron al edificio de la rectoría y se enfrentaron con jóvenes que intentaban proteger al cantante que se encontraba en el tercer piso.

Hasel fue sentenciado a nueve meses de prisión y a pagar 30 mil euros, tras señalar en twitter que el rey emérito español, Juan Carlos I, pertenecía a la “mafiosa familia real”, reprobó la continuación de prácticas heredadas del régimen dictatorial de Franco y aseguró que la policía ha torturado a ciudadanos detenidos.

De igual manera, sus canciones fueron sometidas a juicio tras criticar los actos de la corona. La defensa en la Universidad para evitar que fuera llevado a prisión fue acompañada de demandas de artistas españoles reconocidos para evitar su arresto y cánticos para pedir la libertad del artista.

¿Sus delitos? “enaltecimiento al terrorismo” e “injurias a la corona”, pues en España constitucionalmente no se puede ni calumniar ni injuriar al rey o al resto de la familia real. Mientras que, de acuerdo con los jueces, el rapero enalteció a grupos como ETA, colectivo clasificado terrorista no sólo en el país ibérico, sino también en gran parte del mundo.

Para sumar a la condena ya impuesta, esta semana la corte decidió aumentarle dos años más privado de su libertad, pues se asegura que “amenazó a un testigo”. Horas antes de su arresto lanzó un nuevo video criticando a la corona. Y sus defensores se preguntan ¿será una coincidencia?

Pero acallar la voz de una persona no es lo único que ocurre. En Myanmar, tras el golpe militar ocurrido el primero de febrero de este año, las autoimpuestas autoridades determinaron realizar un apagón de internet, después de que miles de personas salieran a las calles a expresar su rechazo al nuevo gobierno.

Con la ciudad de Rangún repleta, sobre todo de jóvenes, se desafiaban las órdenes de las autoridades y de acuerdo con las crónicas se colocaron vehículos en las zonas aledañas a las manifestaciones para evitar el paso de los militares.

Y, volviendo a México, se puso sobre la mesa una iniciativa con el propósito de, aparentemente, regular para bien las redes sociales y dar paso a la libertad de expresión. Sin embargo, de acuerdo con expertos como los integrantes de la Red de Derechos Digitales (R3D) amenaza el derecho de los ciudadanos y sus deficiencias ponen en riesgo la libertad de quienes emplean las redes.

Su promotor, Ricardo Moreal, decidió no presentarla formalmente al Senado, aunque se someterá a debate público en el mes de febrero, lo que mantiene en alerta a diferentes grupos.

El miedo y rechazo a las conversaciones en internet y redes sociales asustan, en todas las regiones, a los gobiernos, a los poderosos, a aquellos que creen que una vez en el cargo tienen derecho a silenciar, privar de la libertad, tomar decisiones sin consultar a la ciudadanía y rebasan los límites.

No importa desde dónde o qué tan grave sea, nadie puede callar a los ciudadanos. Como dice la frase, que atribuyen al escritor uruguayo José Enrique Rodó: “los gobiernos que han pretendido sofocar la voz libre de los pueblos, han muerto asfixiados apenas se ha hecho el silencio que apetecían”.