#AltoContraste – Bienvenidos al México del que nunca nos fuimos | ONEA

Por Salvador Vega

La noche del 14 de enero, los mexicanos pudimos echar una mirada tras la bambalina color guinda que la Cuarta Transformación dispuso, desde el 2018, sobre el gran escenario de la política en nuestro país.

Desde entonces y hasta ahora, la campaña anticorrupción de la actual administración pasó de ser la principal promesa de cambio de este sexenio a simplemente una herramienta más de la utilería discursiva de Palacio Nacional.

Por unas cuantas horas, La Fiscalía General de la República (FGR) logró lo impensable y rompió, de manera involuntaria la polarización que mantiene en constante pugna a dos versiones del mismo país: la de los defensores del régimen de Andrés Manuel López Obrador, y la de los autodenominados opositores que buscan recuperar los espacios perdidos de poder.

Este momento de conciliación –o al menos el alto momentáneo a los intercambios de ataques y señalamientos que se acostumbran entre partidarios y detractores de la 4T– se dio gracias a la convulsión generalizada que provocó el anunció del no ejercicio de la acción penal en el caso del exgeneral Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido el pasado 15 de octubre de 2020 por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como su responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

La noche de ese jueves, y motivada por la absoluta indignación, desde la sociedad civil pudimos romper la atmósfera teatral y observar en su dimensión real el nivel de la corrupción en nuestro país; una problemática que trasciende por mucho los discursos heroicos del “destierro”, y que coloca a México en el lugar 130 de 180 naciones evaluadas por Transparencia Internacional en cuanto a los niveles de penetración de este fenómeno.

A cambio de mantener la debilitada credibilidad de las Fuerzas Armadas intacta, la FGR renunció a la obligación de ejercer un juicio transparente contra el extitular de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una investigación en donde las pruebas presentadas por la DEA y el historial de recomendaciones sobre abusos a los derechos humanos acumulados durante el mandato de Cienfuegos no fueron suficientes para siquiera considerar la figura de arraigo durante su investigación.

Desde la declaración de la Fiscalía y hasta ahora, el caso se mantiene como un ejemplo de la falta de capacidad de las autoridades encargadas de la impartición de justicia en nuestro país, las cuales justificaron su actuar como la “convicción de consolidar la transparencia y la justicia” pero que en realidad ofrecieron liberar una carpeta de investigación en buena parte testada, sin ningún apego o revisión de comités de transparencia, demostrando opacidad y discrecionalidad.

Por otra parte, la complicidad del Ejecutivo federal al defender a un Fiscal rebasado en una encomienda de carácter prioritario, valió más que un posible conflicto bilateral con Estados Unidos; principal socio económico de nuestro país y parte fundamental de las estrategias de seguridad a futuro.

“No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el Gobierno de México que encabezo se quede callado, ¿qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante, la autoridad moral; terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo, no podemos nosotros fabricar delitos a nadie”, acusó sin sustento el presidente López Obrador en la mañanera de este lunes.  

Una semana negra para su administración, en donde los discursos sobre libertad de expresión –enfocados en atacar al Instituto Nacional Electoral (INE)– así como las posturas de defensa ante la censura en redes sociales, colisionan con todo el peso de la contradicción que significa respaldar al cien por ciento un acto de opacidad en un tema de seguridad nacional.

Vale la pena señalar que, para hacer frente a las constantes faltas a la verdad, es importante configurar una serie de acciones colectivas que van desde la denuncia pública hasta la defensa de los organismos autónomos. Instituciones como el INAI, a cuya defensa se han sumado las voces de todos aquellos que despertaron del sueño llamado 4T, pero también de todos los omisos que hasta ahora –y ante casos tan graves como estos– se dieron cuenta de que nos encontramos en el mismo país de siempre: una región en donde las Fuerzas Armadas son invulnerables y las arropa la impunidad, sexenio tras sexenio.

Por mencionar un ejemplo: este fin de semana diversas organizaciones nos sumamos a un pronunciamiento impulsado por el Colectivo Vs. la Impunidemia, llamado en donde se exige la inmediata remoción de Alejandro Gertz Manero del puesto. Esto al considerar que el Fiscal General falló en la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos.

Solicitud que desde ONEA suscribimos y daremos puntual seguimiento.