#LaPlumaTerca – ¿Así rinde cuentas su gobierno, señor presidente? | ONEA

Por Eduardo Buendía

Mientras que la población en México se enfrenta a severos problemas a causa de la pandemia de COVID-19 o el ambiente de inseguridad y violencia que impera en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en el planteamiento de eliminar o absorber las funciones de los órganos autónomos.

El principal argumento del tabasqueño es que organismos como el INAI, el IFT o la Cofece no han contribuido a resolver las problemáticas para las que fueron creados: cerrar la brecha a los monopolios, la opacidad de los gobiernos y la falta de rendición de cuentas.

Sin embargo, la habilidad del primer mandatario para colocar en la agenda nacional temas que en este momento no son prioritarios, deja de lado asuntos que deben ser tratados con mayor énfasis, tales como el de la salud.

Además de su crítica por la supuesta falta de capacidad de los autónomos, el inquilino de Palacio Nacional manifiesta que son costosos de mantener y que sus servidores públicos de más alto nivel tienen percepciones por encima de lo que él gana cada mes.

El reclamo también se dirige hacia las administraciones anteriores, al considerar que estas crearon nuevos consejos o comisiones técnicas con el afán de pagar cuotas políticas o de regular en favor de unos cuantos.

Lo que López Obrador olvida es que instituciones autónomas como el INE o el INAI permitieron que la democracia avanzara y que es gracias a la garantía del derecho al voto que él ocupa el cargo político más importante del país.

Pero el presidente sigue predicando con su política villista de aniquilar y después averiguar, en vez de mesurar su poder y sentarse a analizar en qué puede mejorar el funcionamiento de algunos de estos organismos.

Como periodista e investigador de ONEA México, puedo decir con toda seguridad que gracias al INAI se cumplen funciones primordiales para la democracia como el acceso a la información pública y a la rendición de cuentas de los gobiernos.

Sin herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia o Infomex, trabajos periodísticos de gran calado que dejaron al descubierto actos de corrupción o conflictos de interés en sexenios anteriores no serían del dominio público.

Es decir que investigaciones como La Estafa Maestra (que reveló el esquema de saqueo a recursos del gobierno mediante empresas fantasma) o La Casa Blanca (sobre el inmueble que adquirió el expresidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa, entonces contratista de su administración que fue beneficiado con contratos) no hubieran visto la luz.

Es fundamental resaltar que la cuarta transformación no se distingue por ser transparente. Muchos colegas periodistas e investigadores coinciden en que la opacidad y el ocultamiento de documentos o datos son la regla de este gobierno.

En un posicionamiento difundido en días recientes, firmado por representantes de la sociedad civil, periodistas y académicos, se establece que en 2019 se promovieron 513 recursos de revisión por la negación en la entrega de información por parte de la Oficina de Presidencia, lo que representó un incremento mayor al 800 por ciento con respecto a 2018.

Asimismo, la declaración de inexistencia de información pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019, un incremento de 250 por ciento.

Como muestra, la Unidad de Investigación de ONEA México reveló el 3 de diciembre del año pasado que la Oficina de la Presidencia declaró inexistentes documentos como pases de abordar, gastos de representación o viáticos del viaje por Europa que realizó Beatriz Gutiérrez Müller, por encargo de su esposo (el presidente) para negociar el traslado de símbolos de la cultura prehispánica de México.

En respuesta a solicitudes de información tramitadas vía Ley de Transparencia fueron resueltas con “inexistencia de información” de casi todas las áreas de Presidencia a las que llegó el oficio. Solo la Dirección General de Finanzas y Presupuesto se limitó a informar que el periplo tuvo un costo total de 364 mil 553 pesos para el viaje: 231 mil 575 pesos por la transportación aérea y 132 mil 978 pesos por concepto de hospedaje.

Otro ejemplo, es la decisión que tomó el Comité de Transparencia del Banco del Bienestar al clasificar como reservada la información sobre los ciberataques y agravios a la Hacienda Pública que ha sufrido desde su creación en 2019, también revelado por esta organización.

¿Es así como su administración rinde cuentas, presidente?

En una de sus conferencias matutinas, López Obrador planteó que la tarea de rendir cuentas o de entregar información gubernamental a la ciudadanía podría pasar a manos de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval, quien es elogiada por el mandatario con regularidad, cada que menciona su nombre.

Sin embargo, es de resaltar que la SFP no cuenta con los mecanismos legales para exigir a la administración federal información que es de interés para la ciudadanía. Es por ello que las leyes de Transparencia a nivel federal detallan obligaciones generales y específicas de las instituciones obligadas a rendir cuentas.

Además de que las investigaciones en las que se han visto envueltos los propios integrantes del gobierno se caracterizaron por ser lentos y no rendir los resultados esperados, como el de Manuel Bartlett, titular de la CFE, quien ocultó propiedades, empresas e ingresos de él y de su pareja sentimental en la declaración patrimonial que presentó; al final, fue exonerado por la Secretaría Función Pública. Dicho acto, muestra que no todos se apegan a la moral con la que predica el jefe del Ejecutivo.

Presidente, no entorpezca más este proceso de obtener información pública. Como periodista también le sugiero que mejor fortalezca los mecanismos para que la ciudadanía acceda de manera más rápida y concreta a las funciones de su gobierno y, si realmente cree usted en la transparencia, exija a sus servidores públicos que prediquen con el ejemplo, comenzando por su oficina.