Desde el catalejo – Nuestro derecho a abortar no se debe consultar | ONEA

Por Patricia San Juan

Argentina aprobó la ley que despenaliza el aborto. Mujeres de todas las edades celebraron pintando las calles de verde y violeta.

Después de mucho trabajo ciudadano y político fue posible quitar los candados legislativos y que se permitiera el aborto hasta la semana 14 de embarazo sólo por decisión de la mujer que gesta.

Esta victoria provocó una oleada de respuestas contrastantes, miles de mujeres en América Latina aplaudieron el logro pero también alzaron la voz para que los gobiernos de sus países se sumen a esta modificación y despenalicen la interrupción del embarazo, una lucha que se originó desde los años 80 y que apenas comienza a rendir algunos frutos.

Las exigencias en favor del aborto legal en el continente resonaron hasta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que debe consultarse a la ciudadanía y aseguró que “en temas muy polémicos” es mejor utilizar esta herramienta.

Pero ¿cuál es el estado de las legislaciones en México en torno al aborto?

En el país existen dos estados donde el aborto depende de la decisión de la mujer que quiera efectuarlo y no se le puede negar, la Ciudad de México y Oaxaca. En el resto del país es posible acceder a este procedimiento cuando hay riesgo médico o si fue víctima de violación, entre otras variantes.

Es decir, en 30 estados del país las mujeres no pueden decidir libremente si continúan o no con su embarazo y la propuesta del presidente apunta que son las propias mujeres las que deben buscar que este proceso se legalice.

La consulta no es la solución, su legislación sí

De concretarse una consulta ciudadana, se eliminaría la posibilidad de que el Poder Legislativo delibere la legalización del aborto, ya que son los diputados y senadores quienes están facultados para promover, discutir, modificar y avalar una ley que beneficie a millones de mujeres no solo en nuestros tiempos, sino a futuro.

En caso de que la propuesta de consulta emane de la misma sociedad, se requiere que aquellas personas que quieran plantear la pregunta reúnan firmas equivalentes al dos por ciento de la lista nominal de electores, es decir, más de un millón 840 mil ciudadanos.

Quienes quieran unirse al proyecto y recolectar firmas, que se estima que la mayoría podría pertenecer a organizaciones de la sociedad civil o feministas organizadas, tendrían que colocar puestos en plazas públicas, lugares de alta concurrencia o acudir puerta por puerta a solicitar el apoyo ciudadano, en un país en el que desgraciadamente 10 mujeres mueren al día por feminicidio, lo que implicaría exponerlas a riesgos innecesarios.

Por otra parte, se debe plantear el costo de la consulta. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) la consulta sobre el juicio a los expresidentes, que también es de una pregunta y que se efectuará el 1 de agosto del 2021, tendrá un costo de mil 499 millones de pesos, pero contemplando que se aprovecharán los recursos de las elecciones federales de este año. El costo de una elección federal, lo estima el mismo Instituto, es de ocho mil millones de pesos. ¿Cuál sería el precio de preguntarnos nuestra opinión en un periodo no electoral?

En cuanto al Congreso, la mayoría en las dos cámaras del país la tiene el partido Morena, el cual celebró en su cuenta oficial de Twitter que en Argentina se aprobara el aborto. Aseguró además que al ser ley en el país del sur “se amplían los derechos” y que acompañaba este gran triunfo.

Sin embargo, las propuestas para que en México ocurra esto han sido congeladas y no se han debatido. En caso de que el partido la apoye en su totalidad habría posibilidad de que la ley sea aprobada y a nivel nacional las mujeres puedan acceder al derecho a abortar.

La promesa de la secretaria de Gobernación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2018 también queda en entredicho, pues al ser confrontada sobre la despenalización del aborto aseguró que, con su vida de por medio, con sus causas, sus derechos y los derechos de todos “los derechos no se consultan, sólo se reconocen”.

Para toda América Latina, incluido México, la deuda de los gobernantes, sobre todo de los progresistas, es incluir en la agenda nacional la conquista de los derechos como al aborto, la eutanasia, entre otros. Leyes que estos han dejado de lado por un aparente temor a ser juzgados por una sociedad que no sólo eligió presidentes y cámaras, sino que confió en sus palabras para que estos proyectos se asienten en el futuro de las naciones.

La ley por la legalización del aborto en Argentina también aborda la necesidad de contar con una educación sexual completa y el acceso a anticonceptivos. Lo que permitiría también reducir el embarazo adolescente, un problema que en México durante la pandemia ha requerido atención, pues se estima que aumentará el 20 por ciento el número de embarazadas menores de 19 años, con un total de 21 mil 575 casos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo).

El derecho al aborto y a una educación sexual debe ser legislado, aprobado y que la decisión quede en las manos de las mujeres que lo consideren necesario para sus vidas. La Ciudad de México es un ejemplo de que, al ser legal, se elimina el riesgo de la mujer a morir en el procedimiento como ocurre cuando es clandestino, pues no se han registrado muertes entre las que han decidido someterse a él, hasta 2019.

Es decir, el derecho al aborto asegura la vida de las mujeres, su salud y les permite decidir sobre sus cuerpos.

Desde el catalejo es un espacio en el que se reflexionará cómo lo que sucede en el ámbito internacional impacta en México y cómo el país forma parte del bordado intercultural que implica la globalización. ¡Bienvenidos, lectoras y lectores!