Libertad bajo ataque: la crisis de la prensa en 2020 | ONEA

El fenómeno de violencia contra periodistas en territorio nacional alcanzó niveles insostenibles durante el último año. Una crisis de seguridad que posiciona a México como el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión alrededor del mundo.

Por Salvador Vega

Con al menos ocho casos de asesinatos contra periodistas durante 2020, un acumulado de más de mil agresiones contra integrantes de medios de comunicación y un nivel de impunidad que se mantiene por encima del 85 por ciento, México se posicionó durante 2020 como el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión alrededor del mundo.

Esto por encima de países en conflicto como Siria o Afganistán; regiones aisladas, o de ingresos bajos, como Filipinas y Somalia, o donde los regímenes antidemocráticos como Rusia, Corea del Norte o Cuba impiden el ejercicio de una prensa libre.

La cifra negra de nuestro país fue revelada este 22 de diciembre por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), a través de un registro anual en donde afirman que si bien, México ha sido el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa desde hace muchos años, es la primera ocasión que recopila la mayor cantidad de casos a escala global.

La investigación de CPJ coincide con los análisis de diversos observatorios internacionales especializados en libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras u organizaciones como las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Todos ellos preocupados por el incremento de la letalidad contra profesionales de la información en nuestra región.

En comparación con el 2019, Artículo 19 –organización internacional especializada en materia de defensa de periodistas– documentó un aumento del 45 por ciento del fenómeno de agresiones contra este sector. Una crisis que se mantiene en aumento gracias a la impunidad, corrupción de las autoridades y violencia sistemática del crimen organizado.

“Un aumento en las agresiones de un año a otro es un indicador bastante alarmante. Vemos que se conjugan distintos factores; la violencia contra la prensa no es unidireccional y hay distintos perpetradores involucrados, pero la mayoría de ellos son gubernamentales. Sigue siendo así”, afirmó en entrevista para ONEA Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos del programa de protección y defensa de Artículo 19.

Para la especialista, uno de los factores que dan pie al análisis del crecimiento exponencial de los ataques contra los profesionales de la información está en la polarización que experimentamos en nuestro país. Un fenómeno que no ayuda a la protección o el respeto hacia los comunicadores y que, al contrario, facilita que se originen ataques desde menor escala hasta crímenes de alto impacto.

“Vemos una sociedad bastante polarizada, en donde estás a favor o en contra del gobierno –no hay medias tintas– y en ese sentido, cuando un periodista decide ser crítico o aplaudir una acción de gobierno, es atacado por una parte de la sociedad”, comentó.

Moscas en la boca

El 2020 se reveló como un año en el que la polarización como catalizador de la violencia contra la prensa mexicana no se dio como fenómeno aislado o caso de excepción, sino como una práctica recurrente fomentada incluso desde Palacio Nacional.

Acusaciones, burlas, o campañas de difamación contra medios de comunicación y sus representantes encabezadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que han encontrado eco y evolución entre personalidades afines al actual régimen de gobierno.

Este 14 de diciembre, en el marco de la conferencia mañanera del Gobierno Federal, el reportero Marco Antonio Olvera pidió la palabra para brindar una opinión:

“Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura; es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Brozo, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca; sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desaparece y mucho menos mata a personas”.

Más allá de la inquietud que generó la intervención de Olvera por el sentido defensivo de su acotación –una réplica al espacio editorial del comunicador Víctor Trujillo, donde se refirió en sentido crítico hacia el titular del Ejecutivo–, la preocupación más grande fue porque la afirmación carecía de rigor y sustento.

Esto debido a que el 25 de noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el 2020 se había convertido en el año más violento contra la prensa en la última década. Esto con un total de 19 asesinatos contra profesionales de la información cometidos en tan solo 11 meses.

Además de los datos oficiales, Encinas puntualizó que el homicidio no era la única expresión registrada de este fenómeno de violencia, ya que las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de la expresión enfrentan diversos tipos de ataques.

“En lo que corresponde a los últimos cinco años, tenemos registradas 1 mil 52 agresiones diversas contra periodistas, que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas”, añadió.

En su balance anual, CJP puntualizó que López Obrador ha interactuado muy raramente con organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil, acotando que “en las conferencias de prensa, que ofrece a horas tempranas de la mañana, ha denigrado a los medios mexicanos, siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump, una actitud que el gremio periodístico mexicano observa con preocupación por causa de los peligros que enfrenta”.

Impunidad en primera plana

De acuerdo con el representante de la oficina de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, entre 2010 y 2019 se registraron 93 asesinatos de periodistas en nuestro país, de los cuales sólo 14 casos fueron resueltos. Esto coloca a la nación con una tasa de impunidad por encima del 85 por ciento.

Una cifra que se nutre de la corrupción institucional, la falta de conocimiento de las fiscalías locales o la voluntad de investigar estos casos como ataques a la libertad de expresión y el debilitamiento de los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, como los fideicomisos que están en vías de extinción.

“Si las fiscalías no se involucran en temas de protección; si no combaten la impunidad y dejan al mecanismo solo, lo único que terminan haciendo es desplazando periodistas, encerrándolos en refugios en una burbuja donde, al final, también son silenciados porque deja de hacer su labor periodística mientras el perpetrador sigue libre: haciendo lo que quiere y atacando a más personas”, dijo sobre esta problemática Itzia Miravete.

Desde su perspectiva, el protocolo homologado que existe en la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar delitos contra la libertad de expresión está pasando desapercibido en el ámbito local; en parte por desconocimiento de la herramienta y en parte por falta de interés en atender estos casos desde su dimensión real.

“Muchos de estos crímenes se investigan como delitos del fuero local, sentenciando a los casos a mantenerse en la inactividad (…) Si de los pocos casos que la gente se atreve a denunciar ante las fiscalías los mandan al fuero estatal –en donde se está denunciando, por ejemplo, al gobernador, al secretario de gobierno, al de seguridad pública o a alguno de sus elementos–, se termina filtrando y el nivel de violencia comienza a aumentar”, mencionó.

En tanto, el pasado 21 de noviembre, el Senado de la República ratificó la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos entre los que se incluyen los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos a nivel federal. Una preocupante maniobra política que sentencia al sector a la vulnerabilidad, al carecer de estrategias de contención contra posibles ataques por el desarrollo de sus funciones.

Problema global en año electoral

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 publicada por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el puesto 143 de 180 países en donde este derecho humano se hace valer.

Un año en donde, a escala global, las agresiones contra casi se duplicaron.

RSF contabilizó un máximo histórico de periodistas presos en el mundo, de los cuales el 61 por ciento se concentran en cinco países (China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria como las mayores prisiones del mundo para miembros de la prensa).

En el caso de México, los pronósticos generales para este 2021 no son nada alentadores en consideración de que entramos en año electoral: el proceso democrático más grande en la historia de nuestro país, con más de 21 mil cargos de elección popular en juego.

“Nos preocupa que ahorita, sin haber elecciones, el nivel de violencia creció, tenemos una idea de que en 2021 incluso se podría duplicar esta cifra. Esperamos que no”, comentó la especialista de Artículo 19.