4T: dos años de un rumbo incierto | ONEA

Con el primer tercio del sexenio concluído, el régimen de la Cuarta Transformación mantiene promesas pendientes. Rezagos permanentes en materia de seguridad, desigualdad y justicia social que se han visto opacados ante la visión de un gobierno que prioriza rutas alternativas en su administración.

Por: Investigaciones ONEA

Con un camino distante por recorrer y una pesada carga sobre sí, la Cuarta Transformación es una maquinaria política que lucha por avanzar.

Con la promesa de resolver los problemas más urgentes del país, como la inseguridad, el acceso universal a la salud o la disminución de la brecha de desigualdad que persiste en la sociedad, la llamada 4T –movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador– cumplió sus primeros dos años al frente del gobierno de México. Periodo en donde las afirmaciones de cambio se han ido diluyendo entre un contexto político marcado por el encono y la crisis económica que se intensificó en este 2020 a causa del COVID-19.

El hoy titular del Ejecutivo arrastra el destino de 30 millones de ciudadanos que depositaron su confianza en las urnas aquel 1 de julio de 2018, fecha en la que la aplanadora política del Movimiento de Regeneración Nacional consiguió una victoria irrefutable en los históricos comicios federales. Mismos que garantizaron la alternancia de poder y dieron síntomas de esperanza en el sistema democrático nacional.

Sin embargo, al día de hoy, las celebraciones quedan muy distantes de las realidades y trabajos pendientes que demanda nuestro país. Con una opinión pública dividida entre bloques de simpatizantes acríticos, férreos opositores y sectores de la sociedad que no encuentran distinción entre las promesas de justicia social de este y otros gobiernos anteriores.

Claroscuros

El balance en materia de inseguridad y violencia es de “luces y sombras”, de acuerdo con Carlos Pérez Ricart, docente de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Hay que partir del hecho de que en México se vivía una crisis de seguridad brutal cuando llega López Obrador a la presidencia. Logra contener la línea ascendente que tenía el homicidio en México; no logra reducirla, pero logra detener la ascendencia”, expresa el catedrático en entrevista para ONEA.

Durante los primeros 23 meses del gobierno encabezado por López Obrador, se registraron 66 mil 744 víctimas de asesinato; es decir, 87.6 casos cada día en promedio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dichas cifras configuran el inicio de sexenio más violento en la historia del país desde que esta autoridad registra el índice delictivo.

En un balance positivo se encuentra el robo común, que registra una disminución importante al comparar los meses de enero a octubre de 2020 contra el mismo periodo de 2018.

Por su parte, el asalto a transeúntes en la vía pública disminuyó un 34 por ciento; el robo en transporte público descendió 42 por ciento; el asalto a transportistas 25 por ciento y a casa habitación 24 por ciento.

Estas disminuciones en los índices delictivos, sin embargo, han sido interpretadas como una consecuencia del confinamiento social derivado de las recomendaciones hechas por la autoridad sanitaria, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

En materia de procuración y aplicación de justicia, Pérez Ricart destaca que los casos emblemáticos que se persiguen en contra de altos funcionarios de sexenios pasados son un buen avance.

“Hace tres años nadie hubiera imaginado a Rosario Robles presa, más allá de si es justa su prisión preventiva o no. Emilio Lozoya, encausado; Videgaray, a punto de ser encausado. El general Cienfuegos, mal que bien, en investigación; García Luna en Estados Unidos. Una serie de nombres que eran intocables hace tres años y que están hoy bajo investigación, presos o perseguidos por la justicia”, explica.

No obstante, integrantes de la administración federal o simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación señalados de incurrir en conflictos de interés o en probables actos de corrupción han sido absueltos o respaldados por las instituciones del Estado.

“El negrito en el arroz es la poca asertividad que ha tenido el gobierno para ver sus propios casos: el de Manuel Bartlett en particular, y otro tipo de acusaciones a algunos de los miembros más cercanos al presidente”, concluye el especialista.

Inseguridad: miedo permanente

Dentro de sus compromisos electorales, Andrés Manuel López Obrador asumió lograr un “cambio de paradigma” en materia de seguridad pública respecto de las administraciones anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos a dos años de su gobierno evidencian que las estrategias implementadas distan de cumplir los objetivos planteados y, por el contrario, advierten la aplicación de medidas y políticas regresivas en relación con la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) sobre los datos oficiales registrados por el SESNSP, el 2019 fue el peor año en materia de homicidios y lesiones dolosas, feminicidios, trata de personas, narcomenudeo y robo a negocio; el segundo peor en extorsiones; el tercero peor en violaciones sexuales y el quinto peor en materia de secuestro y robo con violencia.

A pesar de ello, el 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia moderna de México. Los reportes del SESNSP revelan que, de enero a septiembre, los homicidios aumentaron en 2 por ciento respecto del mismo periodo en 2019. Paralelamente, los feminicidios y la violencia familiar reportaron un incremento del 5 y 2 por ciento.

Por otro lado, los homicidios de mujeres y menores de edad presentaron el mayor número de casos desde que se cuenta con dicho registro. El total de carpetas de investigación iniciadas en los primeros veinte meses de la actual administración es inferior, sólo en 1 por ciento en relación con los últimos veinte meses del gobierno anterior.

Al respecto, Francisco Rivas, director del ONC indicó que la nula reducción de la incidencia delictiva y el aumento en los índices de violencia se debe principalmente a las importantes contradicciones inherentes a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal, así como a la falta de coherencia entre las mismas; el discurso y las acciones gubernamentales.

En efecto, a pesar de los alegados esfuerzos de frenar la violencia feminicida, durante julio de este año se observó la cancelación del presupuesto asignado a diferentes estados para atender las Alertas de Violencia de Género.

En el mismo sentido, se determinó una reducción del 3 por ciento en el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios, debilitando de manera directa a las policías locales de cerca de trescientos ayuntamientos. En contraste, no existen evidencias o indicadores que demuestren que la repartición de apoyos económicos a través de los programas de carácter preventivo como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tengan incidencia alguna en la reducción de los delitos.

Política militar

Al día de hoy, el aumento en los índices de violencia en México puede y debe

concatenarse con la creciente militarización del país a través de la implementación de la Guardia Nacional (GN); misma que, a pesar de contar con una naturaleza jurídica de carácter civil, en los hechos posee todas las características de un cuerpo castrense.

Contrario a las promesas realizadas por el presidente durante sus diversas campañas, las Fuerzas Armadas hoy cuentan con una ampliación sin precedentes de responsabilidades funcionales y operativas en materia de seguridad pública.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de 200 violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Guardia Nacional en 28 estados de la República. Entre los actos que se les atribuyen, se encuentran: detenciones arbitrarias, intimidaciones, tortura, agresiones contra mujeres y grupos vulnerables, uso arbitrario de la fuerza, desaparición forzada, incomunicación de personas y destrucción de propiedad privada, entre otras.

Lo anterior resulta preocupante dada la falta de mecanismos de control para la investigación y sanción de los abusos cometidos por la GN contra la población. En efecto, de conformidad con la información recabada por diversas organizaciones especializadas en seguridad, puede concluirse que actualmente la GN opera sin subordinación a un mando civil, sin supervisión externa y sin un carácter extraordinario.

100 promesas por cumplir

Al llegar al poder oficialmente, el Gobierno Federal se comprometió a cumplir 100 puntos para mejorar las condiciones de la nación, basados en las necesidades detectadas durante su campaña y las promesas realizadas a los votantes.

En su primer año con el cargo, el pasado 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador presentó una vez más la lista, añadiendo el estatus en el que se encuentra cada una de las promesas; un ejercicio que se deberá repetir cada inicio de diciembre. Hasta el momento se registran 79 acciones cumplidas, mientras que el resto se señalan como metas por alcanzar a lo largo del sexenio.

En el combate a la corrupción –uno de los objetivos principales de las autoridades– se aseguraba que con los “ahorros” que se obtendrían al no permitir el cohecho y al mantener la austeridad se financiarían programas de bienestar. De acuerdo con sus parámetros internos, esta promesa se cumplió.

La creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) formó parte de esta estrategia, sin embargo en septiembre del 2020, Jaime Cárdenas, renunció al cargo tras denunciar el robo de materiales o piezas de joyería, además de contratos que beneficiaban a particulares y no al Estado. Una acusación que rechazó el presidente de la nación.

Otra de las promesas generadas fue la cancelación de fideicomisos “utilizados para ocultar fondos públicos”, que fue llevada a las cámaras donde la mayoría votó por la eliminación de 109 de los mismos en el mes de octubre de 2020, una acción que preocupó a activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad artística, principalmente.

Los grupos denunciaron que sin estos fideicomisos –y sin un mecanismo alternativo para el financiamiento de las actividades que ya ejercían– dejarían desprotegidos a periodistas, defensores ante el cambio climático, cineastas o víctimas de violencia que contaban con recursos para continuar con sus labores.

Dentro de las promesas se suma el pacto para no permitir la creación de proyectos que afecten el ambiente, que se contrapone con la construcción del Tren Maya, denunciado por diversas organizaciones nacionales e internacionales por no transparentar los estudios de impactos ambientales, sociales y económicos.

En la misma categoría se mantiene la lucha contra el arranque del Proyecto Integral Morelos (PIM) y la Termoeléctrica de Huexca, que ha sido rechazada por la comunidad desde principios del sexenio. Una defensa que ha generado una persecución permanente contra el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua y el asesinato de el activista Samir Flores Soberanes, un crimen que se mantiene impune hasta este momento.

En general, las 100 promesas del ejecutivo registran fallas de claridad, no existen

parámetros claros para comparar la efectividad de los objetivos que aseguran que se cumplieron, pues no en todos se muestran metas cuantificables o que se puedan evaluar por completo a través de documentos emitidos o solicitudes de transparencia.

Estragos discursivos

En dos años de gobierno, el régimen de la Cuarta Transformación ha mantenido una estrategia de renuencia hacia la crítica y desapego por la interpretación de los datos que evidencian las fallas en la administración actual.

La línea discursiva oficial, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los 24 meses de su gestión, se ha caracterizado por la confrontación contra figuras de oposición, acusaciones de fundamento ideológico y desprestigio contra medios de comunicación que resultan incómodos.

Un fenómeno que ha acentuado en gran medida la brecha de polarización que se percibe en el país, agravada por la tensión económica de la pandemia y por la cuenta regresiva rumbo a los comicios de junio 2021.

Si bien, la llegada de la 4T trajo consigo una apertura al diálogo con medios de comunicación a través del ejercicio de las conferencias diarias del presidente –un espacio en donde las autoridades federales han podido desahogar temas prioritarios y marcar la agenda a diario–, la plataforma de Palacio Nacional se convirtió rápidamente en un espacio de difusión de posturas oficiales de una vía, más que en la promesa de diálogo circular que se pretendía en un principio.

En estos dos años, tanto el presidente como los principales miembros del gabinete han difundido información contrastada, errónea y de interpretación dudosa bajo la premisa de que existen “otros datos”; información alternativa, así como el argumento irrefutable del derecho a disentir.

Pese a esta situación, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo mayoritaria en gran parte del país. Con un 58 por ciento en promedio en el primer tercio del sexenio de acuerdo con la encuestadora Mitofsky, una de las principales evaluadoras del Gobierno Federal desde principios de la actual administración.

Libertad bajo ataque

Pero más allá de las diferencias de opinión, el clima de polarización y la falta de respeto hacia la prensa crítica, existe un fenómeno de preocupación en aumento que atenta contra una de las garantías fundamentales de los estados democráticos: la libertad de expresión.

Tan solo durante el 2020, la situación de los profesionales de la comunicación y los medios se vislumbró crítica para organizaciones como Article 19, quienes registraron un aumento del 45 por ciento de agresiones contra la prensa con respecto al 2019.

Este hecho fue reconocido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien el 25 de noviembre reconoció que el 2020 se había convertido en el año más violento contra la prensa en la última década, con un total de 19 asesinatos contra profesionales de la información cometidos en tan solo 11 meses.

“El homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de expresión. En lo que corresponde a los últimos cinco años, tenemos registradas 1 mil 52 agresiones diversas contra periodistas, que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas”, añadió.

Una problemática creciente y sistemática que atenta contra el orden constitucional, que sigue sin atención y sin cambios visibles promovidos por las principales esferas del poder en nuestro país.

#RadarONEA

-Si bien se ha visto un golpe de timón en cuanto a los estilos de gobierno en comparación con sexenios anteriores, el rumbo que mantiene el régimen de la Cuarta Transformación en sus primeros dos años sigue siendo incierto.

-Las cifras oficiales que evidencian un crecimiento generalizado de la violencia en el país son resultados negativos incontrovertibles. Desde ONEA se solicita a las autoridades federales un replanteamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que involucre de forma auténtica a los tres órdenes de Gobierno.

–La creación de la Guardia Nacional no contribuye a la reducción de la percepción de inseguridad de los mexicanos. Al contrario: el incremento de casos de abusos de autoridad o malas prácticas vinculadas con esta corporación refuerzan la necesidad de un auténtico mando civil con la capacidad de disminuir el clima de inseguridad, a la par de capacitar y vigilar a sus efectivos en una amplia perspectiva de respeto a los Derechos Humanos.

-Desde ONEA se saluda la apertura hacia la investigación de casos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios de alto perfil, pero se exige que los procesos judiciales o penales en su contra se hagan en apego a derecho constitucional, con máxima transparencia y que la Fiscalía General de la República no de pie a que prevalezca la impunidad.

–En ONEA exigimos se garantice la libertad de expresión en el país con un alto definitivo a la violencia contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que han sufrido persecución durante este sexenio. Tanto la Secretaría de Gobernación como la Presidencia de la República deben vigilar el respeto permanente a las posturas críticas y a los espacios que difundan o promuevan el periodismo de investigación.