Caso Cienfuegos: Reputación en juego | ONEA

Investigaciones ONEA

El sistema de justicia mexicano debe demostrar su capacidad para investigar al exjefe del Ejército, Salvador Cienfuegos Zepeda. Bajo la promesa de que no habrá impunidad, la FGR y el Gobierno Federal tienen el desafío de enmendar la credibilidad en sus instituciones.

Las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en México tienen ante sí una de las pruebas más difíciles en su historia. Un reto en el que, no sólo está de por medio la credibilidad de organismos como la Fiscalía General de la República (FGR), sino del propio Gobierno Federal en su compromiso de combate frontal a la corrupción e impunidad que imperan en nuestro país.

Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el 15 de octubre en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Al general se le señaló de manufacturar y distribuir sustancias como heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, que habrían sido intencionalmente importadas al país del norte entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, en contubernio con el Cártel H2, vinculado a la organización criminal de la familia Beltrán-Leyva.

Tras un mes de estar privado de su libertad y de declararse no culpable de los cargos que se le imputaron, las negociaciones bilaterales encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard derivaron en la desestimación de los ilícitos atribuidos al general.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, la entrega del exgeneral de las Fuerzas Armadas ocurrió por respeto a la soberanía de México. Lo anterior se refleja en la solicitud realizada por el Departamento de Justicia a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que requirió retirar los cargos en contra de Cienfuegos Zepeda, en virtud de que lasconsideraciones de política exteriorsuperan el interés del gobierno estadounidense en perseguir el procesamiento.

De manera similar lo expresó el Fiscal de Brooklyn, Seth DuCharme, quien estableció que a pesar de respaldar el caso y confiar en la solidez de su investigación, la decisión de desestimar las acusaciones se tomó desde el más alto nivel del Departamento de Justicia, con la intención de proteger la relación de Estados Unidos con México.

A partir de su llegada a territorio mexicano, la tarde del 18 de noviembre, la FGR notificó a Cienfuegos Zepeda sobre la apertura de una investigación en su contra en territorio nacional. Un proceso que el militar en retiro enfrenta hasta el momento en libertad y en donde se tomarán en cuenta elementos de prueba proporcionados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), adaptados al marco legal y procedimientos locales.

Sin Precedentes

El caso del extitular de la Sedena se caracteriza por una serie de hechos inéditos. Su detención y proceso son considerados un hito, ya que se trata del exfuncionario de mayor nivel acusado en Estados Unidos de coludirse con grupos del narcotráfico.

El desistimiento de los cargos y el permiso para que el militar abandonara el país, por parte de la autoridad estadounidense también son únicos en su tipo. A esto se suma la negociación que impulsó el Gobierno mexicano con el propósito de repatriarlo.

Sobre la promesa de que no habrá impunidad en las serias acusaciones que reunió la DEA contra Cienfuegos, Marcelo Ebrard aseguró que será responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) revisar los elementos de prueba otorgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, de ser el caso, procesar al general.

“Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimen por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario (…), que sea retornado a México y luego no hacer nada”.

Para remarcar la singularidad del caso, Jorge Lara, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República -hoy FGR-, declara en entrevista para ONEA que no existen antecedentes parecidos a este hecho.

Lara apunta que resulta más común que las agencias de seguridad y los investigadores estadounidenses abran expedientes de políticos mexicanos que no llegan a judicializarse porque estos no son perseguidos en México -lo que obstaculiza su extradición- o no viajan a Estados Unidos y no se concreta su detención.

Tras el anuncio de la liberación del exsecretario de Defensa, los diarios The Washington Post y The New York Times afirmaron que esta negociación se concretó tras la amenaza de las autoridades mexicanas de limitar los trabajos de la DEA en el país.

Por su parte, Ebrard Casaubón aseguró que no se trataba de una amenaza, sino el planteamiento de una futura negociación de los acuerdos bilaterales en cuestiones de seguridad si no se respetaban los ya firmados.

Ante las dudas sobre la velocidad de acción de las autoridades mexicanas, Lara considera que a pesar de que un mes resulta poco tiempo “para una investigación de estas magnitudes”, la FGR tiene la opción de analizar el trabajo realizado por miembros de la DEA, que comprende un archivo de 700 páginas aproximadamente.

Acerca de la particularidad y las tensiones que puede derivar este caso, el exsubprocurador afirma que la relación bilateral “continuará en la misma tesitura”, aún en temas judiciales.

Por ello, enfatiza, es posible que se mantenga la costumbre de generar solicitudes por parte de Estados Unidos para extraditar y juzgar a mexicanos en sus cortes o plantear peticiones de elementos de prueba sobre delitos que ocurrieron en el país vecino, “un asunto por demás profesional”, expone el experto.

“La Fiscalía (mexicana) es la que tiene que actuar con toda transparencia, seriedad y objetividad para que esto no se convierta en un caso de impunidad”, manifiesta Jorge Lara.

Rutas jurídicas

Con el traslado de Salvador Cienfuegos a México, la FGR se encargará de dar seguimiento a las imputaciones que investigó la DEA.

Cienfuegos Zepeda quedó en libertad al pisar territorio nacional. Tal y como lo manifestó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el militar fue devuelto como una persona sin cargos.

“Lo que entendemos que va a pasar es que toda la información que obre en los registros que se tienen por parte de las autoridades estadounidenses se harían llegar a la Fiscalía General de la República para que ellos inicien una investigación y empiecen a tomar distintas decisiones”, comenta Estefania Medina, cofundadora de la organización Tojil, en entrevista con ONEA.

La especialista en litigio estratégico en casos corrupción agrega que con la llegada del general se podrían presentar tres escenarios en los que la FGR fincaría cargos a Cienfuegos.

Con relación a la acusación de delincuencia organizada, la Fiscalía puede solicitar un procedimiento de arraigo que puede ir de 40 a 80 días para dar oportunidad al Ministerio Público Federal para que continúe o concluya la investigación iniciada en Estados Unidos en contra del militar.

La figura del arraigo tendría como motivación los señalamientos en las cortes estadounidenses que consideraron la retención de Cienfuegos por riesgo de fuga.

Otra posibilidad sería que la FGR inicie la judicialización del caso y complemente las pruebas disponibles acorde al sistema mexicano, en ese caso, se tendrían que analizar los delitos comparables a los que se le imputaron en el país del norte y, de fundar algún ilícito, se solicitaría la aprehensión del general.

Medina detalla que la Fiscalía también podría considerar que los elementos de prueba no son suficientes para acreditar un hecho considerado como delito y dar un carpetazo de fondo al caso.

El último escenario podría presentarse si la FGR ofrece un criterio de oportunidad para exonerar a Cienfuegos Zepeda a cambio de personajes de mayor nivel, una posibilidad que sería inverosímil al tomar en cuenta que el exsecretario de Defensa ya es la figura de más alta envergadura acusada de tener vínculos con el narcotráfico.

“El general es una de las personas de más alto nivel y más alto rango que puedan existir en el Gobierno de México en el marco de seguridad, pero desafortunadamente, y siguiendo las tendencias que ha tenido la Fiscalía en otros caso de alto nivel como el de Emilio Lozoya o Emilio Zebadúa, pareciera no dejar una opción que está ahí en el tintero”, agrega.

De los cuatro cargos que le fueron imputados al ex jefe del Ejército por narcotráfico y lavado de dinero, solo dos son compatibles con la legislación penal mexicana: los delitos contra la salud y la delincuencia organizada. Ambos son competencia de la autoridad ministerial y de los juzgados civiles y de procedimientos penales federales.

Por lo tanto, aún cuando el sistema de justicia militar mexicano decidiera llevar a cabo un proceso de investigación independiente, Salvador Cienfuegos no podría ser juzgado por las leyes castrenses, en virtud de las restricciones implementadas al fuero de guerra a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en el caso Radilla Pacheco Vs. México.

En la citada sentencia, la CrIDH estableció que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar, juzgar o sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los presuntos responsables debe corresponder siempre a la justicia ordinaria.

#RADARONEA

  1. De acuerdo con el Índice Global de #Impunidad 2020, generado por la UDLAP, México ocupa el lugar 60 de 69 en el ranking global, con una evaluación de 49.67/100.

  2. En 2019 las cifras de Transparencia Internacional, México tenía una evaluación de 29/100 en percepción de #corrupción y ocupa el lugar 130 de 180 naciones evaluadas, mientras que Estados Unidos se encuentra en la posición número 23, con una calificación de 69/100.

  3. La FGR tiene la obligación de allegarse de todas las evidencias a su alcance para integrar la investigación contra el general #Cienfuegos con estricto apego al principio de debida diligencia para investigarlo, juzgarlo y sancionarlo conforme a la normatividad penal aplicable.

  4. Desde nuestra organización, pedimos a las autoridades no dejar inconclusos éste y otros casos de alto nivel, como los que enfrentan #EmilioLozoya y #RosarioRobles.
  1. En ONEA seguiremos de cerca el caso #Cienfuegos con una exigencia permanente de justicia y transparencia en el debido proceso a las autoridades correspondientes. Nuestro deber desde la sociedad civil es impedir que la impunidad prevalezca en casos de funcionarios de alto perfil.