Ayuntamiento panista de San Miguel de Allende violenta garantías y cierra la ciudad; solo pueden accesar con reservación a hoteles y restaurantes | ONEA

13 de noviembre de 2020. El artículo 11 de la CPEUM establece el derecho de todas las personas a desplazarse libremente por todo el territorio nacional sin necesidad de contar con pasaporte o con algún otro permiso. Esta libertad se ha visto vulnerada durante la pandemia del COVID-19, en virtud de que distintas autoridades locales, como es el caso del Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, han emitido una serie de decretos oficiales a través de los cuales condicionan la entrada y salida de personas a su territorio.

En el caso concreto, las autoridades del Ayuntamiento implementaron el Protocolo para la Reapertura de las Actividades Económicas de San Miguel de Allende (Gobierno de SMA, 2020) y, a partir del 29 de julio, determinaron que el ingreso de visitantes a la ciudad requiere de “reservación de hotel y/o restaurante debidamente certificado” (Gobierno de SMA, 2020). Estas medidas representan un gran problema, pues, en primer lugar, las autoridades locales no están facultadas para suspender o restringir derechos humanos (Hidalgo, 2020).

En efecto, el artículo 29 Constitucional determina que la posibilidad de suspensión de derechos fundamentales descansa «solamente» en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión. De igual forma, el citado numeral señala que estos decretos deberán ser revisados por la Suprema Corte de Justicia. En concordancia, el artículo 124 de la Carta Magna establece claramente que las autoridades locales no pueden ejercer las facultades otorgadas exclusivamente a funcionarios federales. Finalmente, el artículo 1º constitucional señala que los derechos humanos no podrán suspenderse o restringirse “salvo en los supuestos y bajo las condiciones establecidas” por la propia Constitución. De esta manera, los decretos realizados por el Ayuntamiento de San Miguel de Allende no encuentran validez constitucional.

Aunado a lo anterior, tanto el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a que los Estados, cuando decidan suspender garantías, informen los motivos y alcances de dicha suspensión a los demás Estados parte. Esto, evidentemente, tampoco fue realizado por las autoridades guanajuatenses.

Por último, cabe resaltar que, bajo el marco constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, resultaría extremadamente complicado justificar la restricción de la libertad deambulatoria, pues dicha medida debería cumplir con los criterios de proporcionalidad, necesidad y legitimidad. De esta manera, una limitación absoluta de la libertad de circulación podría implicar un riesgo para la subsistencia de un gran número de personas en situación de vulnerabilidad (Hidalgo, 2020).

Fuentes

-Hidalgo, Héctor Ivar. La libertad de tránsito en tiempos del Covid-19. Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, mayo 2020. Disponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/la-libertad-de-transito-en-tiempos-del-covid-19#:~:text=De%20conformidad%20con%20el%20art%C3%ADculo,con%20alg%C3%BAn%20otro%20permiso%20parecido.

– Gobierno de San Miguel de Allende. Recuento de acciones de prevención contención y atención del COVID-19. Sitio web, s/f. Disponible en: https://sanmigueldeallende.gob.mx/recuento-de-acciones-de-prevencion-atencion-y-contencion-del-covid-19/

– Gobierno de San Miguel de Allende. Protocolos para la reapertura de las actividades económicas en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Sitio web, mayo 2020. Disponible en: https://sanmigueldeallende.gob.mx/protocolos-para-la-reapertura-de-las-actividades-economicas-en-el-municipio-de-san-miguel-de-allende-guanajuato/