#Opinión: Continúa la militarización - ONEA

Por Yered Figueroa Oliva 


Uno de los asuntos públicos de mayor relevancia es la seguridad. No solo porque se trata de una de las funciones primordiales del Estado, sino porque su mejora es una meta incumplida desde hace varios años. De hecho, pareciera que con el pasar del tiempo la situación se torna más complicada. El año 2019 rompió el récord que hasta entonces se había alcanzado en la cifra de homicidios dolosos, alcanzando los 7,295 en el primer trimestre, de acuerdo a las cifras oficiales. En el presente año no nos hemos quedado tan atrás, pues durante el mismo periodo se contabilizaron 7,279, apenas 16 menos. Por si fuera poco, este marzo fue el más letal de la historia reciente del país, con 2,616 homicidios dolosos.

Conociendo esta realidad, cobran mayor relevancia las decisiones que se toman para contener la problemática. Es por eso que las más recientes acciones en materia de seguridad emprendidas por el Gobierno Federal han causado extrañeza, debido a que se alejan del enfoque de #SeguridadSinGuerra que en el discurso llegó a respaldar el Presidente como la salida ideal a la situación que vivimos.

Ahora, se continúa con la inercia emprendida desde el día 26 de marzo, cuando se aprobó el paquete de reformas constitucionales y la creación de las leyes secundarias que darían forma a la Guardia Nacional. Entre estas se incluye el Quinto transitorio del Decreto de ley, cuyo texto indica lo siguiente:
“Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.”

Al haberse previsto dichas acciones como una medida extraordinaria, el Acuerdo emitido el día 11 de mayo por el titular del Poder Ejecutivo Federal no hace más que afianzar una estrategia de Seguridad Pública que continúa de la mano de las agrupaciones militares con las que cuenta la nación. Es decir, el Acuerdo respalda la militarización que venía existiendo desde que inició el actual sexenio, manteniendo la forma que obtuvo con la creación de la Guardia Nacional, y posicionándose en un lugar poco distante a las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores.

Como es costumbre en la ríspida arena política mexicana, la oposición partidista comenzó a movilizarse en contra del “Decreto Presidencial que militariza la seguridad pública”. Ante tales acusaciones, cuya única explicación encuentro en el oportunismo, cabe hacer dos precisiones: En primer lugar, el movimiento acontecido no se trató de un Decreto Presidencial, sino de un Acuerdo respecto al artículo transitorio antes mencionado. En segundo lugar, éste no nos impone la militarización como si de algo nuevo se tratase, sólo la reconoce.

Pero ello no reivindica como un acierto al Acuerdo emitido. Si la experiencia recogida a casi un año de la puesta en marcha de la actual estrategia de seguridad nos puede indicar algo, es que la ruta hacia la pacificación del país no es la militarización. Sin embargo, la situación actual no permite una retirada total del ejército en sus tareas de seguridad. Siendo así, el Gobierno Federal nos queda a deber como complemento una estrategia tendiente a la profesionalización de las policías locales y estatales y, en cambio, en esta ocasión nos recuerda que de poco han servido hasta ahora sus acciones para detener la violencia que impera en el país.

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