Los siete pecados de la Ley Bonilla - ONEA

Por Salvador Vega


A casi un año de distancia y luego de un sinnúmero de impugnaciones promovidas por las principales fuerzas políticas del país –así como la solicitud de inconstitucionalidad presentada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– la ruta de la Ley Bonilla llegó a su fin.

La polémica reforma constitucional que extendió durante medio año el periodo del mandato del gobernador de Baja California, regresó por fin a su periodo inicial de dos años.

Este lunes 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión remota votó por unanimidad el proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González, en donde se declaraba la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California.

Una modificación hecha por el Congreso de la entidad en 2019, en la que se cambió la duración del tiempo en funciones del gobierno entrante; esto después de concluido el proceso electoral.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, consideró que la Ley Bonilla representó un “fraude post electoral”, en donde la entonces legislatura local “fraguó un fraude a la constitución” para ampliar el periodo de mandato del morenista Jaime Bonilla Valdez.

Un tema que mantuvo a la nación en un espacio de incertidumbre por la evolución de una maniobra política, hoy declarada como violatoria del orden legal.

Génesis inconstitucional

Desde su llegada a la máxima silla del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez sufrió los efectos de una pretensión inédita: la extensión del periodo de gestión de un gobernador electo, posterior a las elecciones.

El mandatario, quien triunfó en el proceso ordinario del estado fronterizo el 2 de junio de 2019 –acaparando el 50.38 por ciento del total de votos en un ejercicio democrático que tuvo una participación de apenas el 30 por ciento de los bajacalifornianos– fue el protagonista de un auténtico infierno legal, mismo que estalló gracias a la opacidad y probable corrupción de los diputados del extremo noroeste del país.

El 8 de julio en votación nocturna de sesión extraordinaria y con diputados ausentes, la XXII Legislatura del Congreso de Baja California –que se encontraba en vísperas de la conclusión de sus funciones– reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución local, desechando así el decreto 112 emitido el 11 de septiembre del año 2014, en el que se estipulaba que el periodo de gobierno del siguiente gobernador de la entidad tendría un plazo fijo de dos años.

Esta modificación a cargo de los diputados locales –legislatura integrada en su mayoría por miembros del Partido Acción Nacional– se dio un mes después de que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) entregara la constancia de mayoría a Jaime Bonilla Valdez, declarándolo ganador del proceso 2019.

Dos días después, el día 10 de ese mes, la llamada Ley Bonilla se discutió en los cinco ayuntamientos de la entidad, siendo los municipios de Playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada los que dieron su aprobación para la extensión de mandato a cinco años.

Los rumores iniciales comenzaron a apuntar sumas de hasta 1 millón de dólares otorgadas a los integrantes de la XXII Legislatura que participaron en la aprobación de dicha reforma en la sesión extraordinaria. Actos en donde se presumió el delito de cohecho, para los que no existen pruebas ni procesos activos de investigación hasta el momento.

Un acto que les costó la expulsión del partido a los diputados panistas que dieron su fallo favorable para la prolongación del periodo de gobierno.

Silencio y división

El 14 de agosto de 2019, la Comisión Permanente del Senado de la República avaló un dictamen en donde exigió al Congreso de Baja California regresar la gubernatura a su periodo original.

Sin embargo, los integrantes de la recién llegada XXIII Legislatura –esta vez, de mayoría morenistas– hicieron caso omiso a dichas recomendaciones, limitándose a argumentar que la norma impuesta por los diputados salientes se iba a someter a consulta popular.

Previo a la toma de protesta de Bonilla Valdez, ONEA entrevistó a Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, quien advirtió que en caso de avanzar con los proyectos a cinco años, la imagen tanto del estado como de la nueva gubernatura estaban en riesgo.

“Siento que si llega a prosperar la extensión de mandato a cinco años, realmente va a mermar la imagen del estado y a pintarnos como una entidad en donde las leyes son controladas y manipuladas a discreción del gobernador.

No le conviene a nadie que Baja California resalte como un estado en donde estos cambios y reformas a las leyes, que son totalmente inconstitucionales, nos caractericen. Nuestro sentir como empresarios es, de cierta manera, vergüenza de que esté sucediendo esto”, afirmó.

Ante el silencio generado desde la administración entrante, el debate se dividió en dos sectores: por un lado los militantes de Morena y defensores del proyecto de un lustro, mientras que por el otro los opositores, integrados por alas partidistas, pero también sectores sociales inconformes con la violación a la norma.

“Aquí en el estado hay un ambiente muy politizado; dividido sobre las líneas partidistas de los que están a favor del gobernador electo, que votaron por él y que en su gran mayoría quieren que dure cinco años. Eso obviamente ha polarizado a la sociedad, más allá del aspecto jurídico y legal.

“Pero que quede claro: no se está debatiendo si la gubernatura es de dos o de cinco años. Lo que se está debatiendo es si es factible o le quieres dar la facultad a un congreso del estado de modificar un periodo de un gobernador –o alcalde o funcionario electo– después de celebrada una elección”, comentó Elorduy Blackaller.

Complicidad y cautiverio

El éxito de la reforma constitucional que hasta ese momento garantizó la permanencia de Jaime Bonilla hasta 2024, se dio gracias a la extensa red de acuerdos generados no sólo con los integrantes de la XXII Legislatura, sino con los diputados sucesores que mantuvieron cautiva la reforma por cuatro meses.

Evitando con esto su publicación en el Periódico Oficial de Baja California para su entrada en vigor, y generando con esto que las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad –anunciadas con anticipación por partidos como el PAN y PRD o por organismos como el INE desde el mes de agosto– pudieran avanzar.

Para Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de Coparmex, la articulación de la Ley Bonilla careció de toda lógica desde su origen. Una maniobra política realizada “en lo oscurito”, que ahora con la entrada en vigor de la nueva administración, dejó entrever algunos de los resultados que tuvo para los grupos involucrados desde el Congreso.

“Nosotros no nos explicamos todavía cómo una legislatura, 21 días antes de terminar su gestión, hace una modificación de este tipo cuando pudieron hacerlas incluso antes de comenzar el proceso electoral, y hubiera sido totalmente legítimo.

Se especuló mucho que hubo sobornos con los diputados, pero eso es muy difícil de probar; si hubiese algún indicio lo hubiéramos denunciado de inmediato, pero lo que sí hemos visto es que algunos de esos diputados, incluso de la oposición, poco a poco han ido ganando puestos en el gobierno actual que, pensando mal, pudieran ser una especie de ‘premio’”, mencionó.

Para el titular regional de la Federación del órgano empresarial, la responsabilidad de esta maniobra no sólo es de los diputados salientes, sino del Congreso actual, en su mayoría integrado por el grupo parlamentario guinda.

“Tan es culpable la legislatura anterior como la actual de que esto esté sucediendo. Aunque hayan querido ampararse con una consulta que nosotros hemos denominado ‘patito’, pues no reunió ninguna característica de legalidad”.

La simulación

Acompañada por los integrantes de su bancada, la diputada local de Morena, Miriam Elizabeth Cano Núñez, anunció los resultados de la encuesta aplicada el domingo 13 de octubre para conocer la percepción ciudadana en torno a la ampliación de mandato en el estado.

De acuerdo con la información obtenida por la nombrada presidenta de la comisión especial para la Consulta Ciudadana, el 84.25 por ciento de los encuestados apoyaron el proyecto de cinco años. No obstante, la convocatoria para la jornada de participación no despertó el interés de los bajacalifornianos; reportes de pérdidas de casillas y una participación mínima –de únicamente 53 mil 419 personas de las más de 2 millones 800 mil que componen la lista nominal de la entidad– fue el resultado del experimento.

Esta encuesta, patrocinada y organizada por el Congreso de Baja California, no contó con ningún respaldo de órganos electorales ni instituciones académicas para su observación, conteo de votos o metodología para el cruce de datos. Elementos indispensables para darle legalidad y validez a cualquier ejercicio de esta naturaleza.

A partir de ese momento, pasaron cinco días para que la Ley Bonilla se publicara en el Periódico Oficial de la entidad, pero el estigma de la simulación se mantuvo hasta la toma de protesta y los primeros nombramientos del gabinete el 1 de noviembre.

“Estamos analizando que en los gabinetes tanto de los presidentes municipales como en el del gobernador pues no se ve un verdadero cambio. Vemos muchos exfuncionarios de otros partidos, principalmente del PRI y del PAN. No vemos a militantes fundadores de Morena o a profesionistas apartidistas técnicos en materias que pudieran desempeñar”, comentó Alejandra León Gastélum, senadora por Baja California en entrevista para ONEA.

La funcionaria federal, quien llegó al Senado de la República en fórmula junto con Jaime Bonilla en las elecciones de 2018, consideró que el año ocho meses para los que fue electo originalmente el nuevo gobernador, serán un periodo de transición indispensables para que la ciudadanía se de cuenta de que, más allá de los partidos, importarán los proyectos y la transparencia de los aspirantes en 2021.

“Realmente no estamos viviendo un verdadero cambio. Yo digo que sólo es una transición para que los bajacalifornianos pensemos para las próximas elecciones por qué personas votar. Porque lo que vemos es que el votar por un partido de oposición no te garantiza que el gobierno vaya a ser diferente”.

Respaldo oficial

En las escalinatas del Palacio de Gobierno de Mexicali, la secretaria de Gobernación apresuró su paso entre los reporteros, quienes le preguntaban su opinión sobre una ley que durante el mes de julio había calificado como inconstitucional.

“Tenemos que respetar las decisiones jurisdiccionales (…) hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir esas normas. Entonces hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma”, indicó.

Antes de ingresar, Olga Sánchez dio su primera postura sobre el nuevo gobierno de la entidad: “Maravilloso, es la primera vez en 30 años que se recupera el estado”, expresó en un claro resquicio de afinidad partidista.

Ya en el interior del recinto –en acciones que se hicieron públicas gracias a un video que evidenció la naturaleza de una reunión de carácter privado–, la funcionaria federal tomó asiento frente al recientemente nombrado gobernador, a quien presumió la “esgrima” legal con la que defendió la Ley Bonilla ante los medios de comunicación, y remató con una última consideración: “Para mí, la norma va a pervivir”.

Estas declaraciones evidenciaron a su vez el complejo entramado político y legal detrás de la reforma constitucional de Baja California, algo que para el doctor José Luis López Chavarría, director del seminario de Derecho Electoral en la UNAM, fueron acciones dignas de la pantalla grande.

“Para haber llegado a esta especie de resoluciones se necesitó una construcción como una especie de novela. Pero pues la fueron armando con complicidades; partidos políticos, Congreso y Tribunal Electoral local. En fin, parece como de novela pero lo llevaron a cabo.

Y también lo pudiéramos decir, con una especie de aquiescencia del gobierno federal, con la secretaria de Gobernación y ese balconeo en redes sociales con el término de que la Ley Bonilla ‘pervivirá’”, consideró el especialista en materia legal, quien a pesar de los esfuerzos realizados en el ámbito local y el espaldarazo federal, considera que la reforma “es punto discutido y asunto concluido”.

Evasión de responsabilidad

A principios de octubre 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una declaratoria de validez de los resultados del proceso electoral de la entidad, un documento en el que realizaron una precisión importante.

“La resolución avala un periodo para la gubernatura de dos años como señala la Constitución local. El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior”, explicó el órgano de justicia electoral a través de un comunicado.

Pero sin importar el antecedente de esta declaratoria en donde se estipuló el periodo de mandato, el nuevo gobierno de la entidad lanzó un plan de acción a cinco años. Programas sociales y acciones diseñadas para concluir en 2024.

Para finales de ese mismo año, el TEPJF volvió a emitir un posicionamiento, esta vez a través de una opinión jurídica dirigida a la SCJN en donde calificaron a la Ley Bonilla y la extensión de mandato como una acción inconstitucional.

“Se considera que la reforma impugnada resulta inconstitucional ya que transgrede la prohibición prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo sobre los principios de certeza de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, así como los derechos de votar y ser votados, previstos en los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y segundo y 116, párrafos primero y segundo”, indicaron los magistrados de la Sala Superior del Tribunal por unanimidad.

Con esta postura la extensión de mandato y la naturaleza de la modificación constitucional, quedaron sentenciadas, al menos desde la mirada de la máxima autoridad electoral del país.

Corrupción

Al ser una maniobra política que flexionó los extremos de la legalidad en el país y se engendró desde la sombra de los acuerdos bajo la mesa, la única forma en la que la Ley Bonilla pudo sobrevivir fue gracias a la corrupción y complicidad en el ámbito local.

“Considero que el decreto impugnado atropella el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, pues busca introducir retroactivamente las condiciones bajo las cuales se expresó la voluntad en las urnas”, expresó el ministro presidente Arturo Zaldívar este 11 de mayo.

Este rechazo de la SCJN, sumado al fallo del TEPJF y la ola de impugnaciones promovidas por partidos políticos, sectores empresariales e incluso los recursos jurídicos presentados por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), pusieron punto final a un capítulo negro en la historia de los procesos democráticos de nuestro país.

Un intento de vulneración de los derechos electorales de los ciudadanos a través del abuso de las facultades de un legislativo local. Todo para favorecer a un gobernador entrante.

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