TV Azteca: Del indulto a la impunidad - ONEA

El llamado abierto a la desobediencia civil lanzado por Javier Alatorre –conductor del espacio estelar de noticias de la televisora TV Azteca– este 17 de abril, representa el primer caso de la violación de un medio masivo de comunicación a múltiples ordenamientos de carácter federal en el régimen de la Cuarta Transformación. Una acción que se mantiene sin sanciones adecuadas para la empresa o sus directivos.

Por Salvador Vega

La Ley General de Salud, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la propia Constitución son algunas de las normas que sufrieron una probable trasgresión la noche del pasado 17 de abril desde uno de los escaparates más importantes de nuestro país: la televisión de acceso público.

Se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, fue la sentencia dada por el conductor Javier Alatorre, titular del espacio estelar de noticias de la televisora TV Azteca, para contravenir las indicaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal.

Una postura que no sólo abrió un importante debate sobre libertad de expresión y responsabilidad de los medios de comunicación en el marco de la contingencia nacional, sino que deja un precedente de los niveles de impunidad que persisten en el país debido a la falta de sanciones para la televisora y para su dueño, el empresario Ricardo Salinas Pliego.

El llamado a la desobediencia civil emitido desde TV Azteca llegó en vísperas del peor momento de la pandemia de Covid-19 en nuestro país. Con 6 mil 875 casos confirmados al momento de la infracción –13 mil 842 al momento de esta redacción– y una tensión generalizada por la importante caída económica que experimenta la nación debido a las medidas de contingencia dictadas por el Consejo de Salubridad.

En este panorama, la declaración de Javier Alatorre se transformó en una extensión del discurso oficial de Salinas Pliego, quien desde el principio de la crisis sanitaria desestimó los esfuerzos de contención de la enfermedad para darle prioridad a la actividad económica del país.

Sin embargo, en un evidente acto de irresponsabilidad, TV Azteca lanzó un llamado para actuar en contra de las recomendaciones emitidas por la máxima autoridad sanitaria en una situación de emergencia, un acto que viola la Ley General de Salud.

De igual forma la trasgresión se extiende también la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y fractura también el marco del Artículo 6º de la Constitución relativo a la libertad de expresión.

La radiodifusión, en este caso la televisión abierta, es un servicio público concesionado; además la televisión radiodifundida tiene un carácter social”, destaca María Elena Estavillo, directora asociada de la consultora Aequum y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones en entrevista para ONEA.

Desde la perspectiva de la especialista, la responsabilidad de emitir una recomendación de esa magnitud desde un espacio como Hechos de la Noche –el tercer programa con mayor audiencia de acuerdo con mediciones recientes de Nielsen IBOPE– es grande debido a que nos encontramos en “circunstancias excepcionales frente a una pandemia”, por lo que la protección de la salud en este momento tiene prioridad.

Partiendo de este punto, la doctora en Ciencias Económicas explica las posibles afectaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 6 protege la libertad de expresión –que es importantísima para la vida democrática del país– pero ahí mismo se señalan algunas cuestiones que se tendrían que valorar (…) circunstancias que se tienen que ponderar frente a esta libertad y una es no contravenir en el orden público; no perturbar el orden público y provocar delitos. No afectar la vida y los derechos de los terceros. Todo eso está en el Artículo 6, junto a la protección de la libertad de expresión.

La manifestación de las ideas no se deben objetar u oponer, salvo en estos casos”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 6º, apartado B

III: La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

Quien también observó una posible violación a la Carta Magna fue el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. A través de su cuenta de Twitter, el integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión señaló que el caso de TV Azteca representa un “desacato particularmente grave” al constituir un llamado a la desobediencia civil.

La fracción XVI del artículo 73 constitucional estipula que las decisiones del Consejo de Salubridad serán obligatorias para todo el país”, expresó a la par de señalar otra violación, esta vez a la Ley General de Salud.

La Ley General de Salud establece que esas violaciones merecerán amonestaciones, multas, clausura temporal o definitiva del establecimiento y en caso de rebeldía, 36 horas de arresto a los responsables”.

Ley General de Salud

Artículo 425.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, en los siguientes casos:

II. Cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación reiterada de los preceptos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, constituyendo rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria.

Sin autorregulación

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la opinión emitida por el consorcio televisivo de Salinas Pliego infringe partes fundamentales del ordenamiento, que van desde los más flexibles relacionados con los derechos de las audiencias, hasta la probable fractura de las condiciones establecidas en su título de concesión.

Cada radiodifusor está obligado (en el artículo 259 de la Ley Telecom) a tener un defensor de las audiencias; una persona que, entre otras cosas, recibe quejas, observaciones por parte del público. Sobre cualquier aspecto de la programación, de la información difundida por el concesionario.

Esas figuras siguen existiendo en la ley pero, por la reforma que se dio en 2017, quedaron por entero a la autorregulación . Eso quiere decir que si el radiodifusor recibe una recomendación de el defensor de las audiencias pues finalmente no está obligado a atender dicha recomendación.

La verdad es que ahorita este esquema es sumamente débil, porque aunque se reciban quejas de la audiencia, finalmente no existe un mecanismo para obligar a que el radiodifusor atienda ninguna de estas preocupaciones”, explica María Elena Estavillo.

En el caso de Televisión Azteca, S.A. de C.V, la responsabilidad de esta figura legal de carácter obligatorio se traspasó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Organización que nombró –de acuerdo con información obtenida en el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones– a Manuel Barquín Álvarez y Alejandro de Anda Arciga como los encargados de dicha defensoría.

Sin embargo, tanto los funcionarios legales como la CIRT no han emitido ninguna clase de lineamientos o recomendaciones hasta este momento, a pesar de la gravedad del caso.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 261: La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que proponga el defensor de la audiencia al concesionario, deberá ser clara y precisa. Se difundirá dentro de un plazo de veinticuatro horas, en la página electrónica que el concesionario de radiodifusión publique para dichos efectos, sin perjuicio de que también pueda difundirse en medios de comunicación, incluyendo el del propio concesionario.

Por otra parte, en una revisión al título de concesión otorgado a la televisora, se aprecia otra infracción, esta vez a las cláusula vigésimo novena, la cual delimita el actuar del concesionario en caso de situaciones de emergencia nacional.

Título de Concesión Televisión Azteca, SA de CV

Condición Vigésima Novena: El Concesionario al realizar su labor informativa, deberá orientar al pueblo, por lo que las noticias que ofrezca deberán ser veraces, objetivas sin distorsionar los hechos o implicar situaciones contrarias al orden público, a las buenas costumbres, a la seguridad del Estado, a la respetabilidad o estabilidad de las instituciones y a los intereses del país. En caso de desastre, el Concesionario actuará con moderación y prudencia, y orientará sus emisiones con el propósito de prevenir daños mayores a la población y remediar los ya causados.

En tanto, el código de ética del concesionario da pie para el análisis de otro espacio de incumplimiento, siendo el propio Ricardo Salinas quien suscribe el lineamiento que se incumplió con la opinión del pasado 17 de abril.

“Contamos con un Código de Ética, que se deriva de los principios fundamentales del proyecto de comunicación de TV Azteca. Un código que parte del respeto a la libertad de cada individuo. Libertad que no se debe coartar o controlar por intereses o ideologías particulares”, Ricardo B. Salinas

Espacio para la impunidad

A pesar de la gravedad de los hechos, la única sanción que recibió la televisora hasta este momento fue un apercibimiento publicado el 18 de abril por la Secretaría de Gobernación. Una invitación para acatar las normatividades en materia de salud emitidas por las autoridades federales.

Posterior a esto, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien despertó una nueva oleada de críticas debido a la suerte de indulto que concedido a TV Azteca; Una disculpa pública, bajo el argumento de la defensa de la libertad de expresión, que no llegó desde la televisora responsable, sino desde Palacio Nacional.

“Aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, actuó en el cumplimiento de su deber. Tuvieron que presentar una sanción porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión”, dijo en la conferencia matutina del lunes 20 el presidente de México.

Esta postura no dejó conformes a diversos sectores políticos y sociales del país por los siguientes motivos:

  • Minimiza la gravedad de la declaración en época de contingencia
  • Pasa por alto posibles violaciones a la ley
  • Refleja una postura contradictoria y desproporcionada con los medios de comunicación del país
  • Da espacio a la discrecionalidad en la relación entre el Gobierno federal y el dueño de la televisora

Para obtener una perspectiva más amplia de las repercusiones en materia legal de este caso, ONEA entrevistó a José Erandi Bermúdez Méndez, senador de la República por Guanajuato e integrante de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El legislador de la bancada del PAN explicó que, pese a la gravedad de las declaraciones emitidas por Javier Alatorre, existen elementos suficientes para considerar que el caso quedará únicamente en lo anecdótico.

En este momento, por la pandemia, tenemos que obedecer al gobierno nos guste o no. Son las autoridades las que llevan el mando en esto, pero también entiendo que la televisora, cuidando sus intereses económicos –no tengo otra justificación que me pueda llevar a ejemplificar con otra cosa– sale y dice esta cuestión. Es tan así que el propio dueño de Grupo Salinas hizo una comida con mucha gente para explicar que (el Covid-19) no era un tema tan grave”.

Para el senador, quien mantiene una postura crítica hacia el régimen de la Cuarta Transformación, las sanciones no llegarán porque Gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego mantienen una estrecha relación de negocios, “tan es así que Seguros Azteca acaba de recibir un contrato millonario (con la Secretaría de Educación Pública) por más de 900 millones de pesos”.

Este 23 de abril, la organización PODER reveló que el empresario Ricardo Salinas es el personaje más beneficiado durante la contingencia sanitaria del Covid-19 debido a la obtención de un contrato de adjudicación directa para la difusión de “Medidas de Prevención y Atención” relacionadas con la pandemia. Un contrato firmado el 6 de abril de 2020 y con vigencia hasta el 5 de mayo, por un monto de 393 mil 078 pesos.

Polémica que se suma a la lista de vínculos poco transparentes que existen entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el dueño de TV Azteca.

Documentos

Título de concesión de TV Azteca

Código ética de TV Azteca

 

 

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