Violencia obstétrica: el desprecio a la mujer también es corrupción - ONEA

Por Yered Figueroa y Esperanza Negrete


Un embarazo es atendido de manera cuasi negligente por el personal médico. Son altas horas de la noche y parece ser que no piensan quedarse con la paciente por mucho tiempo. En en ese momento que realizan una cesárea, la cual no había sido planteada a la futura madre en días previos, ni mucho menos horas antes de la operación. Corre con buena suerte, la madre tiene a su bebé en los brazos, y para ella, parece que las preocupaciones del parto comienzan a irse… hasta que le arrebatan a su bebé para “llevarlo a revisión”. Pasa casi un día para recuperarlo, mientras convalece en una repleta sala de espera del hospital, con una herida bastante fresca como para salir a la calle con seguridad.

Ese breve relato resulta sumamente similar a la situación que 4 de cada 10 mexicanas experimenta durante su parto. Esa es la proporción que guardan los procesos de parto por cesárea respecto al total de partos, un 42% que sobrepasa por mucho al 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud, máxima autoridad a nivel mundial en la materia. A quienes vivimos en México puede parecernos demasiado bajo que prácticamente 3 de cada 20 mujeres en proceso de parto tuvieran la opción de que les realizaran cesárea, pues para mucha gente es preferible a un “parto natural”, por ser menos doloroso. Pero el que así sea no significa que sea mejor, sino simplemente que hay pocas experiencias de partos naturales dignamente realizados.

Todos los inconvenientes de esta naturaleza por los que pasan las mujeres, tales como los partos naturales en posición horizontal en extremo dolorosos, las cesáreas injustificadas o sin consulta previa, así como cualquier otra práctica que transgreda la integridad física y emocional de la madre o el producto, son casos de la llamada Violencia Obstétrica. En lo que representa una vulneración directa de los Derechos Humanos de las mujeres, la comunidad médica ha preferido justificarlo bajo los alegatos de su expertiz y la supuesta ignorancia de las pacientes. Como si el dolor tuviera que aprenderse en una escuela de medicina para ser sufrido.

La Violencia Obstétrica se trata de una clase particular de violaciones a los Derechos Humanos, al ser múltiple por implicar la transgresión al derecho a la salud, a la información, a un trato digno, entre muchos otros derechos que son pasados por alto por el personal médico. Además, dada su propia naturaleza, se trata de violaciones que atentan exclusivamente contra la mujer. Pero, a pesar que los avances en la lucha por la igualdad de derechos y condiciones de la mujer han sido significativos durante las últimas décadas, el caso de la violencia obstétrica se ha ido dejando de lado por parte de la opinión pública.

Estas violaciones pueden ir desde gritos, regaños, retrasos en la atención, ignorancia de la paciente, presión para aceptar métodos de anticoncepción, esterilización sin consentimiento, obligación a colocarse en posiciones incómodas, ofensas, anestesia denegada, sometimiento al dolor injustificado y aislamiento del bebé hasta por un día.

Algunas de las expresiones utilizadas por el personal médico para denigrar a las mujeres embarazadas son:

– Cállate y puja.

– Si algo le pasa a tu bebé, será tu culpa.

– Si quieres que te deje de 15 (años), cállate.

– No tienes buena leche, por eso llora tu hijo.

– Ahorita te quejas pero qué tal cuando abriste las piernas, te aguantas.

– Si no aguantas el tacto, menos vas a poder parir.

– Si no quieres que se muera tu bebé, entonces coopera.

– Si gritas o te mueves no te pongo anestesia.

– Le voy a dar un biberón, tú no tienes buena leche.

Uno de estos ejemplos es el de Catalina Martínez, que sufrió violencia obstétrica en el Hospital General de Zona 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de México.

“Me decían que no gritara, ‘Aguántese, ya sabía a lo que venía’ y no me dejaban agarrarme de los barrotes de la cama”, relató para un medio de comunicación el año pasado. Tras 12 horas en labor de parto solicitó que se le hiciera una césarea pero el doctor se negó y además la amenazó con utilizar fórceps para sacar a la bebé. Ella lo amenazó con demandarlo y entonces otro médico le empujó la panza desde el pecho, por lo que la niña quedó atorada en el canal de parto sin recibir oxígeno ni del líquido amniótico ni del exterior. Al nacer la tuvieron que llevar a urgencias. Mientras, a Catalina la obligaron a ponerse el dispositivo intrauterino como método de anticoncepción, el cual le tuvieron que quitar unos días después porque estaba mal colocado.

Prestando tan solo un poco de atención en el significado del término, podemos notar que se trata de una problemática de lo más común, que basa su permanencia en prejuicios o falta de información, por lo cual bien podría evitarse en la mayoría de los casos en los que se presenta. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) define a la violencia obstétrica como:

“[…]una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.”

Gracias a los avances en cuanto a investigación biomédica y tipificación jurídica de la violencia obstétrica, es posible generalizarla a través de cinco prácticas comunes que mantienen un desapego a las recomendaciones internacionales y a los derechos fundamentales de la mujer:

Las opciones que pueden desplegarse entre las variantes y configuraciones de estas prácticas explican el amplio grado de violencia obstétrica que se vive en la actualidad. En la mayoría de los casos, por ejemplo, no es únicamente una mala práctica la que se lleva a cabo, sino que son varias las que, a mayor o menor grado, llevan los médicos a cabo en menoscabo de los derechos fundamentales de la mujer.

La explicación de que la violencia obstétrica prevalezca no está del todo clara. Un indicio que podríamos tener, aunque no lo justifica, es la distribución por género de los profesionales de la medicina. De acuerdo a cifras del INEGI, el 64% de los médicos son hombres, mientras el 36% restante se trata de mujeres. Tratándose de medicina de especialidad, como lo es la obstétrica, la brecha entre ambos aumenta. Del total de médicos hombres, el 31.5% es especialista; en el caso de médicas, solo un 15.4% del total es especialista.

Por otro lado, tenemos a la educación impartida en las carreras de medicina. Para que tal grado de médicos practiquen con toda normalidad este tipo de prácticas, debieron haberlas aprendido como el ideal a utilizarse. Si la atención obstétrica se enseña como un conjunto de procedimientos estandarizados, en los que la paciente no es capaz de decidir sobre su propio cuerpo, y por lo cual el médico tiene derecho a decidir por ella, está claro que todos los futuros médicos al entrar en funciones mantendrán dicho paradigma. Como muestra de ello, podemos rescatar el testimonio vertido por María Raquel Pozzio, quien cita las palabras de un médico titular de cátedra en la UNAM:

“¿qué significa un parto humanizado? Vean esta lista interminable de la OMS (Lee) “favorecer la libertad de posición y movimiento -trabajo de parto; en cuclillas, en el agua, semi sentada o como lo deseen” ¿Ustedes saben atender partos en cuclillas? ¿Les ha tocado esto? No me digan que no, cuando llega una señora y cae en rodillas y hay que atender el parto para… -pausa-…entonces sí saben (Risas del público) (Sigue leyendo siempre en tono burlón) “Promover el vínculo personalizado, rescatar la necesidad de atención de la mujer de ser acompañada de su familia” ¡hasta sus amigos! (exagerando) Imagínense ahí… ¡todo un show! (cínico) Perfectamente (Sigue leyendo) “cuidar del vínculo inmediato del recién nacido” o sea, no cortar el cordón; que no hay que hacer exámenes innecesarios, todos los exámenes eso que hacen de que le pican al pobre chamaco los pediatras, algo tienen ellos contra esto. Siguiendo: La OMS, aquí, dijo “admisión espontánea, deambulación, tener un apoyo emocional” o sea una doula, escoger el tipo de mesa de parto ¡Ya me imagino! “¿Qué versión quiere usted señora? En este lugar tenemos tres, escoja usted (Risas del público a partir de aquí in crecendo, también porque el tono de exposición del doctor Quintana se va volviendo más grotesco)”[…]”

Podrá verse como una cita selectiva, pero la posición del llamado “Dr. Quintana” podría ser compartida por un amplio número de médicos que realizan labores educativas, especialmente aquellos formados en un momento en el que los Derechos Humanos no eran popularmente conocidos.

Las cifras oficiales sobre esta problemática coinciden con el panorama que nos ilustran los testimonios anteriores. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de INEGI, “En los últimos 5 años, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el parto”. Si uno de cada tres partos en el país es partícipe de violencia obstétrica, debería por lo menos tomarse en cuenta como un riesgo para los Derechos Humanos de las mujeres, y por tanto ser atendido por el gobierno para evitar que se siga practicando.

Debemos reconocer los avances que se han logrado en materia legislativa sobre el tema. En muchos países, esta problemática no es reconocida como violencia obstétrica, sino simplemente como maltrato. En otros más, ni siquiera es así. Pero, como a continuación veremos, la violencia obstétrica dista mucho de ser suficientemente reconocida en términos legales. En México se ha abordado la violencia obstétrica desde cuatro vertientes a nivel federal: por un lado, tenemos su inclusión textual en la Ley General de Salud; por el otro, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la reconoce de manera similar. Además, a nivel constitucional se encuentra prohibida, por tratarse de una práctica violatoria de múltiples Derechos Humanos. Por último, la Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA2-2016 estipula los cuidados y procesos básicos para el embarazo, parto y posparto, todos ajenos a la violencia obstétrica.

Sin embargo, nos recuerda que queda mucho por hacer el que no haya sido incluída en el Código Penal Federal —únicamente mencionándose de manera indirecta, como un acto de discriminación a las mujeres embarazadas—, aunado a que la normatividad al respecto no es homogénea a nivel estatal, figurando solo unas cuantas entidades entre las que han legislado sobre violencia obstétrica. Entre ellas, Veracruz fue la primera en incluirla en el Código Penal del Estado, siguiéndola Guerrero y Chiapas.

Tabla 1. Normatividad de los Estados sobre violencia obstétrica al 2020*

Entidad Federativa Código Penal Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o relativas Ley de Salud
Aguascalientes No incluida Art. 8 – VI. No incluida
Baja California No incluida No incluida No incluida
Baja California Sur No incluida Art. 4 – VIII. BIS No incluida
Campeche No incluida Art. 5 – VII. No incluida
Chiapas Art. 183 – Ter, Quater Art. 49 – VII. No incluida
Chihuahua No incluida Art. 5 – VI. No incluida
Ciudad de México No incluida Art. 6 – VII. Art. 49 – I. (como “trato humanizado, sin violencia y no discriminación)
Coahuila No incluida Art. 8 – VII. No incluida
Colima No incluida Art. 30 BIS. Art. 33 (como acciones de cuidado comprendidas) (se menciona iniciativa)
Durango No incluida Art. 6 – III. Art. 81 – I
Guanajuato No incluida Art. 5 – VIII No incluida
Guerrero Art. 203 – III. No incluida No incluida
Hidalgo No incluida Art. 5 – VI. No incluida
Jalisco No incluida No incluida Art. 100 – VII (como “erradicar prácticas médicas que puedan lastimar o denigrar a la mujer”
México Art. 276 Art. 27 – BIS., TER No incluida
Michoacán No incluida No incluida No incluida
Morelos No incluida Art. 20 – VI. Art. 88 – Nonies. (como derechos durante el embarazo)
Nayarit No incluida Art. 23 – VI. Art. 56 – I
Nuevo León No incluida Art. 6 – VIII Bis. Art. 25 – I (como cuidados especiales)
Oaxaca No incluida Art. 7 – X. Art. 56 (como medidas de atención materno-infantil)
Puebla No incluida Art. 10 – VI. No incluida
Querétaro No incluida Art. 20 – Quater. No incluida
Quintana Roo Art. 112 – Bis. Art. 5 – VII. Art. 56
San Luis Potosí No incluida Art. 3 – VII. No incluida
Sinaloa No incluida Art. 24 – Bis. B No incluida
Sonora No incluida Art. 18 – Bis. No incluida
Tabasco No incluida No incluida No incluida
Tamaulipas No incluida Art. 3 – f) No incluida
Tlaxcala No incluida Art. 25 – Sexies, Septies. No incluida
Veracruz Art. 363 Art. 7 – VI. No incluida
Yucatán No incluida Art. 2 – II. (como Bienestar Obstétrico) No incluida
Zacatecas No incluida Art. 14 – Quater. Art. 30, 32
*Información consultada de los documentos oficiales vigentes, al día 16 de enero del 2020.

Son tan solo cinco los Estados de la República que han tipificado penalmente a la violencia obstétrica. No obstante, pasar por alto que aún persisten 3 Estados sin alguna regulación al respecto, o por lo menos con la normatividad suficiente para combatir la problemática mediante medidas administrativas como puede hacerse en 24 entidades, equivaldría a excluir de un potencial trato digno antes, durante y después del parto a más de 5 millones de mujeres.

Conociendo la existencia de normatividad —deficiente, pero a fin de cuentas existente— para prevenir y sancionar a la violencia obstétrica, nos deja claros dos puntos: en primer lugar, que hay violaciones constantes a la ley hasta el día de hoy, sin que haya consecuencias evidentes. En segundo lugar, que existiendo en la mayoría de los casos herramientas para combatir este tipo de violencia de género, éstas no han trascendido al conocimiento popular, probable razón por la que las víctimas terminan por resignarse a las afectaciones que sufrieron.

Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante tal situación. Como ha sido expuesto hasta ahora, la violencia obstétrica implica múltiples violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres víctimas. Entonces, aún con las limitaciones en la legislación local y la desatención de la federal, a través de las Comisiones de Derechos Humanos es posible actuar para, por lo menos, lograr resarcir el daño a las víctimas. Y, para evitar la repetición en otras víctimas, se puede actuar administrativamente contra quienes realizan estas prácticas.

Desde un enfoque de Derechos Humanos, se ha identificado a la corrupción como una causa invariable de las violaciones a los derechos fundamentales de la población. Lo anterior se sostiene tras el entendido de que un acto de corrupción  busca obtener una ventaja al margen de la legalidad, y en la mayoría de los casos, estas ventajas se obtienen perjudicando a terceros. Para el caso que aquí compete, las varias formas de violencia obstétrica también pueden originarse a partir de la corrupción. Ya sea a través de afectaciones inmediatas, como lo puede ser la insuficiencia presupuestal para pagar al personal médico y sus auxiliares luego de haberse desviado recursos para otros fines, o afectaciones colaterales, como es el caso de la negligencia por parte del personal administrativo al acostumbrar darle prioridad únicamente a quien soborna.

Sin embargo, los dos ejemplos anteriores no son las únicas formas en las que la corrupción se interpone con un trato digno a las pacientes obstétricas. Tal vez la forma más usual en la que se presenta este tipo de violencia hacia las mujeres, es por la acción directa de los médicos. Aunque podría argumentarse que esto no representa de ningún modo un acto de corrupción y en cambio corresponde a un asunto pertinente a la praxis médica, se cae en el error de no considerar de tal forma al abuso de funciones que cometen por omitir deliberadamente normas oficiales vigentes.

La existencia de tales normas, así como la legislación en la que se ha contemplado a la violencia obstétrica, no existen por casualidad. Estas responden a la exigencia de expertos, organizaciones de la sociedad civil, así como de víctimas, para que nuestro país se apegue a las recomendaciones internacionales al respecto, avaladas tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por instituciones de salud en varias latitudes del planeta. A su vez, todos estos lineamientos responden únicamente al respeto a Derechos Humanos de las mujeres, con apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No podemos seguir siendo selectivos al respecto. Sin demeritar el trabajo y los conocimientos con los que cuenta el personal hospitalario encargado de tratar a las mujeres embarazadas, en proceso de parto y en puerperio, darles la concesión de decidir sobre el cuerpo de las mujeres en lugar de tratarlas con dignidad, es ser cómplices de las violaciones a sus derechos y la corrupción que las origina.

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