#Columna: La reforma de Zaldívar - ONEA

Por Yered Figueroa


El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres pilares de la República Mexicana. Se encarga, a grandes rasgos, de hacer valer lo que dicta la Constitución. Ha pasado por varias transformaciones, teniendo la más reciente en el año 2011, cuando se modificó su paradigma de acción para considerar como un eje prioritario de su actuar la protección de los derechos humanos, luego de estar reconocidos en la letra constitucional. De tal forma, su relevancia parece evidente, tomando en cuenta que funciona como un contrapeso institucional para los demás poderes, además de ser la parte decisiva para resolver toda controversia legal.

Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos la apreciación del Poder Judicial no es así. Bastan los datos de INEGI para demostrarlo: la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2017) nos dice que tan solo el 31.7% de los mexicanos confía en los Jueces y Magistrados, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2019) muestra que el 68.4% de los encuestados considera que los jueces son corruptos. Con desconfianza y una percepción de corrupción mayoritaria, está claro que se deben tomar acciones para corregir la disciplina en el Poder Judicial.

Siendo una exigencia reiterada desde la sociedad civil, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se decidió a promover una amplia reforma que busca paliar las deficiencias que ha presentado el PJF, especialmente en el Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto a la acción jurisdiccional de los distintos órganos judiciales, así como en la atención a los casos de corrupción que acontecen en el Poder Judicial.

En el Proyecto de Reformas, entregado al Presidente de la República al estar él capacitado para presentarlo ante el congreso, se plasman un conjunto de reformas a la Constitución, la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley de Amparo, a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, y al Código Federal de Procedimientos Civiles. En conjunto, todas estas modificaciones buscan revitalizar al Poder Judicial en atención a las demandas ciudadanas.

Aunque se trata de un amplio compendio de acciones, muchas de las cuales se encuentran relacionadas entre sí, podríamos resumirlas de la siguiente forma:

  • Se sustituirá al actual Instituto de la Judicatura Federal, encargado de la tutela de los jueces, por una Escuela Federal de Formación Judicial.
  • Habrá concursos de oposición para acceder a todos los cargos de la carrera judicial, además de evaluaciones de desempeño laboral.
  • Se fortalecerán a las defensorías públicas, aumentando sus atribuciones y  dando una capacitación exclusiva en la Escuela de Formación Judicial.
  • Aumentarán las facultades del Consejo de la Judicatura, para sancionar y tomar medidas cautelares contra  jueces y magistrados acusado de corrupción, incluyendo los casos de nepotismo y acoso sexual.
  • Implementar el enfoque de género como criterio en la promoción de la carrera judicial, buscando la paridad.
  • Se simplifica el modelo de jurisprudencia, haciendo relevante toda sentencia como precedente para fijar el criterio de cualquier órgano jurisdiccional, sin necesidad de reiteración.
  • Acercar a la Suprema Corte a ser un Tribunal Constitucional, al dedicarse principalmente a la materia, dejando a cargo de la atención a los amparos a demás órganos, como los propuestos Plenos Regionales.
  • Se sustituye a los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales de Apelación.

Resultan llamativos dos aspectos: en primer lugar que, sobre alguna otra cuestión como podría ser la profesionalización, la presentación del Proyecto de Reformas tuviera como elemento principal el combate al nepotismo. Si bien, lo hemos reconocido como uno de los vicios principales del Poder Judicial, no parece la transformación más relevante para el porvenir de la justicia mexicana. En segundo lugar, la forma en la que se llevó a cabo la presentación del Proyecto de Reforma es cuanto menos cuestionable, no solo por haber sido conducto por el Presidente de la República, sino por no haberse elaborado en conjunto con los demás Ministros de la Suprema Corte, tal como lo declaró Arturo Zaldívar en entrevista con Carmen Aristegui.

A primera vista, no parece problemático el paquete de reformas propuesto, más bien lo contrario;  se muestra como la solución a un cúmulo de pendientes que habían sido pasados por alto anteriormente. Sin embargo, las modificaciones que se le puedan realizar en el Legislativo, así como la forma en la que se implementen las nuevas medidas pueden marcar la diferencia entre una reforma histórica, y un fracaso más en la historia de México.

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