Chalchihuapan: El sello autoritario del morenovallismo - ONEA

ONEA México/Jesús Olmos. 02 de octubre de 2019. Como en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para el gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso Chalchihuapan resume el sello de lo que fue mandato de Rafael Moreno Valle de 2011 a 2017 en Puebla.

En el tercer año del exmandatario panista, decenas de pueblos en prácticamente todo el territorio poblano, cerraron carreteras y caminos, en protesta contra el gobierno del estado, porque le fue arrebata a las juntas auxiliares la administración del registro civil.

Uno de los 64 proyectiles lanzados el 9 de julio de 2014 por policías estatales, para repelar una manifestación en la autopista Puebla – Atlixco, terminó, cinco días después, con la vida del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Del enfrentamiento con los campesinos resultaron más de 100 heridos, algunos con lesiones permanentes para volver a hablar o a caminar, dos de ellos ya han muerto a la fecha por secuelas de aquel enfrentamiento.

El gobierno morenovallista se escudó en la llamada ‘Ley Bala’, un alegato legal artificioso que justificaba el uso de la fuerza pública y que fue aderezado con una hipótesis de un cohetón para lavar las manos del gobernante en turno y su proyección presidencial.

En los primeros meses, la CNDH denunció “evidente uso excesivo de la fuerza y una marcada negligencia de la policía”; sin embargo, al paso de más de 5 años no hay ningún proceso contra los culpables.

Por estos hechos fueron detenidos seis policías, los cuales lograron su libertad la noche del 24 de diciembre de 2014, casi a escondidas. De forma simbólica, la Fiscalía Estatal utilizó una cabeza de cerdo para recrear la muerte del menor y la poca contundencia de su hipótesis, exacerbó los ánimos.

Rafael Moreno Valle, exgobernador y Luis Maldonado, Secretario General de Gobierno, ya fallecidos; Víctor Carrancá, entonces procurador, y Facundo Rosas, Secretario de Seguridad, son los nombres que rodean excesos de poderes constitucionales y metaconstitucionales en contra de los familiares del menor fallecido y demás afectados.

Desde aquella fecha hasta ahora, Elia Tamayo, madre del menor ha caminado un Calvario de más de mil ochocientos días de persecución, acoso, de intentos onerosos de reparación del daño y de un proceso lejano a la legalidad, pero hasta el día de hoy no ha hallado justicia.

La próxima administración plantea reabrir el caso y con ello responder ante las omisiones y conflagraciones que intentaron dejar en el olvido la muerte de un menor que ilustra la nula sensibilidad política y las violaciones constantes a los derechos humanos, así como la capacidad de manipulación de las instituciones con tal de sostener una versión oficial que el estado mismo sabía que era falsa.

El caso Chalchihuapan enmarca un anecdótico caso de impedimentos orquestados para negar el acceso justicia para los más vulnerables, para los más necesitados, la negación rotunda de un entorno de libertades a los que han sido oprimidos por el Estado, para quienes las leyes han sido negadas.

Como en el caso de Ayotzinapa para López Obrador en donde la exigencia de justicia es simbólica de los miles de desaparecidos en el país, el caso Chalchihuapan supone para Miguel Barbosa, un reto sobre el cambio de rumbo en el poder y el uso de las instituciones para realmente servir al pueblo.

Con la reapertura de este caso, se debe ante todo buscar entregar justicia a las zonas olvidadas por los gobiernos del pasado, devolver la paz y la gobernabilidad desterrada por el centralismo, la unificación de las vía del poder y la visión del gobierno como un jugoso negocio.

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