#DenunciaCiudadana: Los Bours de Sonora encarcelan a empresarios e intentan adjudicarse sus bienes - ONEA

ONEA México. 27 de septiembre de 2019. A dos años de su arbitraria detención, el empresario sonorense Adolfo Galaz Ruiz y su esposa Alejandra Torrecillas permanecen recluidos en Jalisco acusados y procesados de fraude en un caso plagado de irregularidades en el que está detrás la familia del exgobernador priista Eduardo Bours Castelo, uno de los responsables de la tragedia en la Guardería ABC.

Al presentar problemas financieros y en la producción de cría de camarón con su compañía “Acuicola México S.A de C.V”, Galaz Ruiz quebró, dejando así de cumplir con las líneas de crédito que había contratado con “Vimifos”, empresa de la familia Bours.

A través de sus equipo de abogados, los Bours pretendieron cobrarse mediante la adjudicación de tres bienes inmuebles de “Acuícola México”, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó otorgarlos a los más de 60 trabajadores que demandaron el pago de sueldos caídos por 100 millones de pesos.

Fue entonces que mediante su representante, Héctor Ramón Cota Guerrero, los Bours interpusieron una denuncia penal en contra de Galaz Ruiz y su equipo por fraude. La fiscalía de Sonora determinó que no había pruebas suficientes para acreditar el delito y en aquel momento no se ejerció acción penal.

Meses más tarde, los Bours recurrieron a la Fiscalía General de Jalisco, y con la ayuda del Ministerio Público José Lino Morales Estrada, lograron la detención de Adolfo Galaz Ruiz y su esposa, Alejandra Torrecillas, así como la orden de aprehensión en contra de sus 60 empleados.

Pese a que investigaciones periodísticas expusieron una serie de irregularidades en el caso, e incluso señalaron la fabricación de delitos, y la propia Fiscalía de Jalisco suspendió temporalmente al Ministerio Público, actualmente el caso continúa a favor de los Bours.

A la fecha, el matrimonio Galaz Torrecillas permanece en prisión, y aunque existen quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el actuar de la Fiscalía de Jalisco y del Poder Judicial local, no hay una resolución clara ni objetiva. Destaca la situación de Alejandra, quien pudiendo alcanzar la libertad bajo caución, ha sido catalogada por el juez Jaime Gómez como una persona “de alta peligrosidad”.

Familiares y amigos de la pareja sonorense piden que el caso sea revisado a detalle por las autoridades correspondientes, pues aseguran es posible que exista tráfico de influencias en el proceso.

 

 

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