Ayotzinapa, cinco años de horror e injusticia - ONEA

ONEA México/Esperanza Negrete. 26 de septiembre de 2019. 

La noche del 26 de septiembre del 2014 ocurrió la tragedia de Ayotzinapa: una desaparición forzada que dejó como saldo nueve muertos, 43 estudiantes desaparecidos y decenas de heridos. El ataque lo llevaron a cabo policías municipales y estatales de Guerrero y civiles armados. Este episodio no terminó ahí, sino que dio paso a una historia de impunidad, corrupción y mentiras que se convirtieron en una tortura interminable para los padres, quienes siguen sufriendo ante la falta de justicia.

México sufre de un débil Estado de Derecho, es decir, el país no tiene cómo defenderse ante los altísimos índices de criminalidad. La corrupción, la impunidad y la violencia son los principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en el país, así como la falta de policías y fiscalías que garanticen investigaciones bien hechas que lleven a la resolución de los delitos.

En 2014, año de este terrible evento, el índice de criminalidad en México estuvo solo por debajo de Afganistán y Guatemala, lo que significa que hemos sido uno de los países más peligrosos del mundo, por encima de naciones en guerra como Irak o Siria.

No obstante la violencia que se aferra en nuestro país, la impunidad es la razón principal de que el Estado no garantice a la ciudadanía un lugar seguro para vivir y desarrollarse a plenitud. México es un santuario de corrupción e impunidad que se ha generado a partir del mediocre trabajo de nuestras instituciones encargadas de la procuración de justicia. Tan solo en 2014, México se situó en segundo lugar en la lista de los países más impunes, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, (IGI Mex), realizado por la Universidad de las Américas Puebla.

Noche del horror

La escuela normal Isidro Burgos, a donde acudían los estudiantes desaparecidos, está asociada a luchas sociales. Según investigaciones, era costumbre de los alumnos secuestrar autobuses para sus traslados; en esa ocasión buscaban llegar a la Ciudad de México a las manifestaciones por la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, sin embargo, se encontraron con la muerte.

Fallecieron tres estudiantes al ser atacados por policías locales y presuntos grupos armados. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedaron en calidad de desaparecidas. Tres días después, 22 policías municipales fueron llevados a un penal por ser los presuntos responsables de los homicidios. Lo siguiente fue que el entonces procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, aseguró que ya se había localizado a 14 personas; ese mismo día, el alcalde perredista José Luis Abarca, señalado como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los terribles actos, pidió licencia al cargo por 30 días, asegurando que su intención era permitir que las investigaciones avanzaran.

Su esposa, María de los Ángeles Pineda, sería el supuesto enlace con el crimen organizado, pues varios de sus hermanos habrían sido miembros del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva.

El 2 de octubre, mil 800 personas ya estaban buscando a los estudiantes que faltaban. Tanto la ONU como la CIDH condenaron este ataque y solicitaron a México mayores medidas de protección. En su camino, autoridades encontraron fosas clandestinas con un indeterminado número de cadáveres, presumiblemente de los estudiantes. A partir de ahí, el procurador informa que dos delincuentes afirmaron que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.

El clamor por la justicia no se hizo esperar, marchas y protestas comenzaron primero en la Ciudad de México y luego se extendieron por otros países. Pintas, quemas y destrozos no faltaron ante la frustración de la falta de justicia y la palpable impunidad que, una vez más, se hacía presente.

José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos unos días después, y hasta la fecha siguen en la cárcel, pero según Milenio, solo una causa penal los mantiene en prisión y ya lograron echar abajo cada una de las acusaciones que consignó en su contra la Procuraduría General de la República.

Otro que consiguió su libertad fue Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, presunto “lugarteniente” del grupo criminal Guerreros Unidos acusado de tener un papel determinante en el crimen, pues un juez desestimó más de la mitad de las pruebas en su contra.

Según Animal Político, “hasta ahora no hay un solo sentenciado, aunque han sido detenidas más de 100 personas, durante estos años”.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, detalló que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó el sábado la liberación de otros 24 inculpados, con lo que ya sumarían 77 personas liberadas de las 142 que habían sido detenidas.

A partir de esta recopilación de los hechos, es necesario entender la magnitud de esta agresión. No fue un crimen más, Ayotzinapa ha sido un parteaguas en la historia de ataques masivos en nuestro país. La forma de pisotear los derechos humanos no solo de los estudiantes, sino de los desesperados padres que tienen cinco años esperando respuestas y castigos a los culpables. El irreparable daño que ha permeado a cada una de estas familias les ha implicado una violación multitudinaria a sus derechos más básicos sin que haya a quién castigar por ello.

Las víctimas de secuestro y desaparición forzada no solo son a los que se llevaron, también las familias de ellos han visto desmoronarse su vida con la tortura diaria del vacío y de la incertidumbre, aunado al miedo de represalias, porque eso es algo muy común en nuestro país.

México está reprobado en garantizar derechos tan básicos a sus ciudadanos como la libertad, la dignidad y la seguridad.

De acuerdo con un medio español, “este es un tema que sigue conmoviendo a la sociedad mexicana, que se convirtió en un escándalo mundial y que marcó también el desprestigio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un caso abominable y emblemático de la descomposición institucional y social en México, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al presentar un exhaustivo informe del asunto”.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, Ayotzinapa representa “el momento crítico” que el país vive en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, dijo el titular de la Comisión, Raúl González Pérez.

Entre los temas que se deben profundizar y que es uno de los problemas más graves en nuestro país por los cuáles no podemos avanzar, es la colusión de nuestras autoridades con la delincuencia organizada. Tanto a nivel local como a nivel federal, ha habido graves señalamientos de funcionarios de alto nivel que hasta son parte y cabeza de grupos criminales sádicos.

El informe “La corrupción mata” de la fundación Open Society, se señala que se ha podido documentar la participación de funcionarios estatales y municipales, en coordinación con cárteles, en crímenes de lesa humanidad, lo que indica “una colusión sistémica entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México”.

Los mexicanos no confiamos en nuestras autoridades, y esto se lo han ganado a pulso, la policía nos ha reprimido, nuestros gobernantes nos han traicionado y no hemos dejado de vivir en un país inseguro y corrupto. El crimen sigue al alza y la impunidad es tanta que se desborda.

Ayotzinapa necesita un cierre, una conclusión en la que los padres puedan darse un respiro, descansar un poco y llorar sabiendo que la justicia se hizo. No podemos seguir viviendo en un país donde miles de personas desaparecen cada día sin dejar rastro, dejando atrás un hogar, una familia y una vida. Nuestras autoridades necesitan hacer su trabajo, hacernos justicia porque “México es un país en el que, con frecuencia, la verdad se niega o esconde”.

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