Tamaulipas, entre el silencio y la muerte - ONEA

ONEA México/Salvador Vega. 23 de agosto de 2019. Entre la tierra siempre destacan: fragmentos óseos y extremidades abandonadas. Partes mutiladas, medio  enterradas; algunas aún en estado de descomposición.

Ellos las buscan aferrados a la esperanza de no dejar las historias inconclusas. Persiguen los rastros de las últimas horas de vida de miles de víctimas; familiares que salieron y jamás volvieron, pero también en memoria de todos aquellos que enfrentan la misma suerte aún sin saberlo.

Caminatas, semana tras semana por llanuras, terrenos baldíos y entre la maleza para encontrar ese hueso sepultado; ese rastro de vida que le ganó al olvido y que sólo un perito especializado en antropología forense podrá identificar.

Todo a partir de un reporte de desaparición. Información que comienza a trazar las primeras líneas de investigación. Integradas en carpetas –más de 7 mil reconocidas por las autoridades hasta el momento–, que recorren los laberintos de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y su unidad especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEPD).

Así es la rutina en Tamaulipas, un estado en donde el fenómeno de desaparición y el delito de secuestro, generó que diversos organismos civiles evidenciaran la transformación de la región, que se levanta ahora como un gigantezco osario nacional. Un cementerio fronterizo en donde el silencio y la impunidad son las verdaderas piedras que tratan de remover los familiares de las víctimas.

Aproximadamente 834 casos de desapariciones forzadas ocurridos tan sólo de enero a julio del 2019

Las jornadas de búsqueda del mes de agosto, llegaron hasta la presa Vicente Guerrero, en Ciudad Victoria, donde la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C –una de las organizaciones más visibles en la lucha contra este fenómeno de violencia en la entidad– concentran sus esfuerzos en la recuperación de restos humanos.

Al día de hoy, la Red afirma tener 10 mil 600 casos registrados desde hace casi 10 años de investigaciones; 834 de ellos ocurridos tan sólo en el periodo de enero a julio del presente año. De todos esos casos, las búsquedas de campo lograron arrojar cientos de hallazgos; recientemente nueve cuerpos –dos mujeres y siete hombres–que se mantienen sin identificar. Es decir, que no existe ni siquiera una carpeta de investigación abierta o un elemento que permita relacionar dichos restos con algún familiar.

“Tenemos desapariciones registradas desde 2010. Comenzaron con 23 en ese año y poco a poco se fueron incrementando. Llegaron a su cúspide en 2014 con cerca de 2 mil desaparecidos.

Ha sido muy dinámico el fenómeno. Con periodos en donde se ha tranquilizado un poco, pero los miles de casos de personas desaparecidas siguen estando sin respuesta”, comentó Josefina de León Mendoza, directora de la organización.

En un estado con 3 millones 441 mil habitantes, sólo 18 personas realizan labores de campo para la localización de restos humanos

Para la representante de la Red, los retos que enfrentan las familias tamaulipecas que sufren la desaparición de un ser querido son diversos, comenzando por la magnitud del radio de búsqueda.

Y es que de los 3 millones 441 mil 698 habitantes que tiene Tamaulipas de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas que se dedica a realizar labores de búsqueda en los 43 municipios de la entidad es insignificante: alrededor de 18 personas en total que definen su labor como una muy “prudente”, es decir, sin llamar la atención y en silencio; logrando resultados positivos, no sólo en la recuperación de osamentas, sino de cuerpos completos.

“Nos manejamos con una prudencia que nos permita seguir buscando. Por eso a veces dicen que Tamaulipas es muy callado, cuando en realidad no es que sea muy callado; pueden preguntarnos y nosotros vamos a hablar, pero aquí el sistema, el gobierno, las instituciones y la misma sociedad no permiten que hablemos de estos temas”, aseguró.

En Tamaulipas, la carga social que trae consigo emprender la búsqueda de un familiar es mayúscula, pues se dice que si alguien desapareció, está muerto. Y que si eso sucedió es porque la víctima andaba en “malos pasos”.

Una consigna que en noreste del país parece suficiente para dar por cerrado el caso, negándole a las familias la verdad histórica y las respuestas de dónde o por qué motivo no regresaron a casa sus familiares o amigos.

En Tamaulipas, el estigma de la desaparición pesa sobre las familias que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos

“Las familias se ven envueltas en un mundo bien doloroso, marginadas socialmente porque nadie las ayuda y nadie las quiere apoyar”, comentó la directora de la Red.

Sin embargo, a pesar de la renuencia social, los fragmentos y materiales encontrados –vehículos, prendas y documentos incluidos– dotan de esperanza a la organización, pues son hallazgos que dan un paso más en la búsqueda de la justicia que les ha sido negada.

“Hemos logrado obtener fragmentos muy pequeños, así como fragmentos más grandes o completos que hemos entregado a sus familiares. La mayoría de los que hemos encontrado de esa manera son hombres (…) hemos entregado restos: 20 por ciento a familias fuera de Tamaulipas y el resto de la zona centro”, afirmó de León Mendoza.

También, dentro de los hallazgos, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas logró identificar ciertos patrones distintivos dentro del crimen organizado. Métodos de ejecución y tortura que permiten reconstruir historias y, con suerte, mapear en determinado momento las actividades de los principales cárteles para nutrir con esto la investigación.

“Cada grupo delincuencial estampa su sello de una forma particular. Cada uno tiene su método de exterminio diferente (…) hemos encontrado osamentas completas, hemos encontrado por partes –cuando el cuerpo es mutilado– y hemos encontrado partes sin dueño, es decir, alguna extremidad o fragmentos calcinados que no se pueden identificar”.

Dinámica de la violencia

A la par de ser la entidad con mayor número de desapariciones, Tamaulipas también concentra el mayor número de fosas clandestinas en el país. Con un registro de 301 de ellas, documentadas por la Universidad Iberoamericana y la organización Artículo 19 del año 2006 al 2017.

La magnitud de las ejecuciones en Tamaulipas se relaciona directamente con la expansión de células criminales hacia el norte del territorio, con el objetivo de acaparar los negocios en la franja fronteriza.

Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Jalisco Nueva Generación son los principales promotores de la violencia en la región

Las jornadas de violencia durante los meses de junio y julio de este año, dejaron como resultado balaceras en las ciudades de Reynosa y Matamoros; persecuciones armadas en donde oficiales de policía, civiles y presuntos delincuentes fueron asesinados.

Las organizaciones delictivas que operan en la región son ampliamente conocidas por los habitantes del estado: los cárteles del Noreste y del Golfo, como brazos armados regionales y los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la ampliación territorial de sus operaciones.

Las batallas entre estos grupos se dividen entre el control del trasiego de armamento y droga hacia Estados Unidos; la extorsión y el secuestro de personas; el tráfico de gente –principalmente desde Centroamérica– hacia el país del norte y el control de los accesos hacia las fronteras de Veracruz y Nuevo León. Siendo éstos focos rojos en la actividad delictiva junto con la región de la Huasteca, la cual funciona como punto de salida.

Una muestra más de los niveles de violencia en la región quedan registrados en hechos como los del viernes 9 de agosto, cuando cinco sujetos, quienes presuntamente formaban parte de una organización dedicada al secuestro, fueron abatidos por elementos del Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) después de un intenso enfrentamiento en la ciudad de Reynosa.

Luego de repeler la agresión, las autoridades encontraron en el vehículo de los presuntos secuestradores réplicas de uniformes de las Fuerzas Armadas, así como de la policía municipal. Esto junto con armas largas, las cuales habrían utilizado para engañar y privar de la libertad a sus víctimas.

Medidas insuficientes

Frente al incremento de la crisis migratoria y la tensión con el Gobierno de Estados Unidos, las autoridades federales emprendieron una serie de acciones de seguridad que impactan de forma particular al estado de Tamaulipas.

El 22 de julio, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó su total disposición para colaborar con el Gobierno federal en el combate contra el tráfico de armas a México.

Esto en respuesta a la reunión sostenida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, en donde se anunció un operativo conjunto para frenar el trasiego de armas al país.

“Para lograr un combate más efectivo en contra de los grupos delictivos en nuestro país, es esencial que se frene el ingreso de armas por los puentes internacionales que compartimos con Estados Unidos; en la medida que sea posible evitar la llegada de armas y municiones a nuestro país, será más eficiente el debilitar a esas organizaciones delictivas y alcanzar mejores condiciones de bienestar y seguridad para nuestras familias”, expresó el mandatario estatal.

Acciones como la llegada de la Guardia Nacional o el compromiso realizado por el Gobierno estatal para combatir el tráfico de armamento han sido medidas insuficientes

 Asimismo, la Fiscalía General de la República puso en marcha la creación de las nuevas unidades especializadas en materia de Derechos Humanos y Asuntos Internos, que tendrán como propósito atraer las investigaciones en delitos como desaparición, tortura, trata de personas y libertad de expresión. Así como también los delitos contra la comunidad migrante.

A la par de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación –modificaciones en el artículos 21 y 102 constitucionales, y en los 19 y  27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República– se notificó de la abrogación de la cuatro fiscalías regionales, creadas en febrero de 2014 para atender la crisis de seguridad interna por los delitos antes mencionados.

No obstante, estos ajustes resultan insuficientes ante la realidad del fenómeno de violencia que se concentra en Tamaulipas.

“El tema de desaparecidos, diría desde mi experiencia, que es el más terrible de todos. Porque las familias viven en una interminable  zozobra de no saber lo que pasó con la persona que están buscando; es un sufrimiento reiterado y continuo porque no tiene un cierre”, indicó Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal y secretaria de la comisión de Justicia de la Cámara baja.

La funcionaria oriunda de Tamaulipas, comentó que las familias de las víctimas y en particular las madres de los desaparecidos, han sido “aguerridas” al estar buscando y exigir atención por parte de las autoridades para continuar con las búsquedas, puesto que se trata de un territorio muy amplio. Por esa razón, indicó que la CEB debe intensificar este tipo de actividades y operativos como una forma de resarcir los daños.

Aproximadamente 834 casos de desapariciones forzadas ocurridos tan sólo de enero a julio del 2019

 “Lo menos que puede hacer  el gobierno por las víctimas es incrementar estas búsquedas, ya sea a través de la Comisión o también tener, de la misma manera que se tiene para otros temas, la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal).

Creo que esta coordinación debe ser fundamental y debe de ser una prioridad. Pero a mí esto me preocupa porque se deben destinar recursos importantes para lograrlo. No únicamente del estado, sino de la federación”, dijo.

La legisladora federal, quien también funge como integrante de las comisiones de Asuntos Migratorios y Marina, afirmó que el gobierno de Cabeza de Vaca debe hacer un mayor esfuerzo para atender este tema, porque las víctimas de este fenómeno de violencia se han mantenido en una posición de desventaja histórica en los procedimientos penales y en la atención que otorgan las propias autoridades a cargo de los temas de desaparición.

De forma particular, la funcionaria mencionó que seguirá impulsando la iniciativa presentada en el Congreso de la Unión –la cual se encuentra en tránsito por la comisión de Puntos Constitucionales– para fomentar el derecho que tienen las víctimas de tener una representación legal digna.

“Actualmente se dice en el artículo 20 que es derecho de toda víctima tener representación jurídica, pero en el 17 habla de la igualdad que debe haber entre el Ministerio Público y el defensor público en cuanto a salarios, oportunidades de carrera y ahí no están contemplados los abogados victimales.

“Yo considero que se deben poner a la par también a los abogados victimales para que, ahora sí, le estemos brindando este derecho fundamental a las familias, mismo que ya se tiene la Constitución”.

Contradicciones institucionales

De acuerdo con cifras oficiales brindadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas presentó una reducción en los delitos de homicidio doloso y secuestro durante este 2019.

En el periodo de enero a junio de este año, el estado registró 429 casos de asesinatos, mientras que en el mismo periodo del 2018 se contabilizaron 606. Una reducción aproximada del 29 por ciento.

En cuanto a delitos contra la libertad personal, en este año el SESNSP contabilizó 413 casos, mientras que de enero a junio del 2018 se reportaron 595.  Aproximadamente un 30 por ciento menos.

Organizaciones civiles señalan la colusión y corrupción de las autoridades con el crimen organizado como factor que estimula la crisis de violencia en Tamaulipas

 Sin embargo, existen dudas razonables sobre la veracidad en cuanto a la integración de las carpetas de investigación, pues diversos sectores sociales han denunciado omisiones importantes en los procesos de la Fiscalía.

“De acuerdo con datos de transparencia del estado, existen alrededor de 7 mil carpetas de investigación y en nuestra base de datos tenemos aproximadamente 10 mil 600 casos. Esto rebasa realmente las carpetas que tienen y nosotros tenemos una cifra negra de alrededor del 40 por ciento conforme a las cifras que ellos refieren”, compartió Josefina de León.

En consideración de la directora de la Red de Desaparecidos, en la actualidad se mantienen las interrogantes sobre el debido proceso en cuanto a las indagatorias de casos de desaparición forzada; errores cometidos que van desde las fallas en el proceso hasta la propia vinculación de las autoridades con las mafias criminales.

“Tamaulipas es un estado en donde se crearon vicios a nivel institucional y político, en donde resultó una serie de corrupción y colusiones con gente del crimen organizado y eso fue lo que culminó en esta gran tragedia que tenemos ahorita.

Hablar de los desaparecidos no sólo es hablar del crimen organizado, sino hablar de una serie de aspectos sociales, económicos y culturales que no han sido atendidos. Existe una estigmatización muy grande hacia el tema; existe una negación  por parte de las autoridades en muchos aspectos, sobre todo estadísticas e investigaciones. Hay muchas omisiones que se siguen dando y son factores que no ayudan para nada a la búsqueda de personas, más bien incrementan más el dolor que tienen las familias por la pérdida de sus seres queridos”, aseguró.

La política del silencio, que abona a que miles de casos de mujeres y hombres desaparecidos en la entidad se mantengan en completa impunidad, es justo lo que organizaciones como la Red intentan transformar.

“Las mismas agencias, policía y la propia sociedad dice ‘no denuncies, te puede pasar algo’. Cuando en realidad es una estrategia del crimen organizado; generar una psicosis que da lugar a que exista una gran impunidad. Por eso Tamaulipas tiene un lugar un tanto especial en toda la República, porque está tan reprimido y la muestra es que son pocas las personas que realizan trabajo en campo”.

Costo Social

El fenómeno de la violencia, se vive de forma general en el país por el incremento en la actividad del crimen organizado, pero impacta de forma particular a las fronteras del territorio.

En Tamaulipas, desde hace al menos dos sexenios atrás, la crisis de desapariciones se intensifico, dando espacio a los analistas e investigadores del país de tratar de entender las transformaciones que esta crisis de seguridad ha traído a la dinámica social de los habitantes de la entidad.

“En primer lugar habría que concretar a qué tipo de desaparición violenta se refiere. Si nos referimos a la desaparición forzada, es probable que por un lado, el hueco o al menos el hiato entre la ciudadanía –que son quienes viven en el día a día en colonias y demás ámbitos locales– y la policía estatal, ejército y marina, por el otro, coadyuve a que se produzcan delitos tan graves como esas desapariciones. No me refiero a un hiato emocional, pues es indudable el apoyo de la población a esos cuerpos de seguridad. Me refiero a la imposibilidad material de que hagan labores policiales, como una investigación expedita cuando nos topamos con ese delito”, apuntó Jesús Pérez Caballero, catedrático Conacyt, y miembro del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Matamoros.

Para el doctor en Seguridad Internacional, la distinción entre los tipos de delito es relevante a fin de comprender las transformaciones que la violencia produce en la sociedad civil.

“Por otro lado, si nos referimos a las desapariciones cometidas por particulares vinculados a macro estructuras mixtas (públicas y privadas) que de modo esquemático llamamos ‘organizaciones criminales’, entonces ahí entran los conflictos coyunturales u otros endémicos, sea internos –por ejemplo, para mantener el orden en un espacio, dentro de la organización y demás– o por recursos. Estos afectan a los individuos considerados como parte de éstas, sea por una vinculación verosímil o por una alusión desproporcionada; por ejemplo, la estigmatización a un familiar del tachado como criminal, un vecino o alguien que se acercó a un sitio que se volvió peligroso”, mencionó.

La violencia ha modificado hábitos normales, como los traslados por carretera entre municipios o el hacer actividades en horario nocturno en espacios públicos

El especialista añade que este fenómeno, muy a pesar de los intentos de los gobiernos de minimizarlo, persiste en Tamaulipas, puesto que implica “circunstancias transexenales y se relacionan con aspectos económicos y sociales” de la entidad, por lo que desde su perspectiva, es casi seguro que la Guardia Nacional, si se acomoda a las dinámicas federales o estatales, “podrá hacer poco ante ello”.

“Respecto a los cambios en la dinámica social, habría que ver por municipio tamaulipeco y por tipo de desaparición violenta, porque cada uno de ellos genera sus permutaciones y las combinaciones lesivas son demasiadas. Por ejemplo, un ‘levantón’ en una central camionera por unos individuos que, armados, piden identificación buscando quién sabe si migrantes; tener un rancho en el lugar equivocado; o un patrullaje urbano que termina en detención, tortura y una muerte inesperada, pero que obliga a deshacerse del cadáver… Son todos ellos hechos de naturaleza distinta que necesitan de mayores análisis.

Pero para no caer en la casuística –creo que ese es el peligro de ver sólo lo local– podríamos decir que, en general, se han modificado hábitos normales, como los traslados por carretera entre municipios o el hacer vida en horario nocturno en espacios públicos. Que es como decir que se espera poco o nada de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la colonia, en el día a día, por lo que, salvo que un hecho extremadamente violento necesite cesar de inmediato, la población tendemos a la resignación de la autoprotección y a blindarnos en la vida cotidiana, de tal modo que se reduzca la probabilidad de ser parte de alguna de las dinámicas mencionadas”.

Factores de riesgo

Desde la observación que han realizado en el Colef, los investigadores han podido definir los factores que influyen en la naturaleza y proliferación de las organizaciones criminales en Tamaulipas. Mismas que los distinguen de los grupos que se concentran en el centro del país.

“En primer lugar, y hablando en términos más generales, la misma amplitud territorial del estado tamaulipeco y su escasa población. Esto supone consecuencias para el tipo de política que se construye, y los problemas aparejados en términos sociales, de seguridad, urbanos, etcétera. A las oportunidades obvias de tener territorios para entrenamiento, casas de seguridad o bandidaje, o entornos rurales semi abandonados o desprotegidos, se añade la intermitencia de la población para exigir contención y la tibieza en la estigmatización de las conductas más dañosas.

En segundo lugar, los recursos de esas macroestructuras públicas y privadas al haber incorporado la frontera con EU de modo simbiótico. No sólo en un nivel económico –podría verse a ciertas elites locales y regionales enriquecidas por el tráfico legal transfronterizo como cinta de Moebius de elites locales y regionales enriquecidas por el tráfico ilegal transfronterizo–, sino a nivel físico. Quiero decir, terrenos federales limítrofes con Estados Unidos ocupados sin problemas por individuos, redes de contrabando de migrantes transexenales o el conocimiento de quienes son los habitantes del lugar; a diferencia de los turnos rotatorios de los militares o la lejanía de la policía estatal. Todo eso da una fortaleza estructural, no coyuntural”, puntualizó Pérez Caballero.

Existe una vinculación clara entre las autoridades estatales y las organizaciones criminales para la comisión de estos delitos

Asimismo y como tercer factor, el experto indicó que existen elementos involucrados en los grupos delictivos considerados como “remanentes” de una perspectiva militar, mismos que habrían acumulado experiencia en diferentes conflictos a los que han sobrevivido.

“A ello incorporan una visión de sí mismos, por así decirlo, ‘autóctona’, derivada del conocimiento del terreno que le he mencionado. No les falta razón, porque sea por la presencia en colonias populares o por la capacidad de coexistir con las elites históricas, su pervivencia como grupos criminales armados no está en duda.

En todo caso, esos factores no significan una separación siempre clara entre grupos del noreste y otros del centro. Por ejemplo, muchas partes del centro son precisamente lugares de almacenamiento para los grupos de la frontera o las redes de trata o migración necesitan a esas dos partes de la República –por no decir que algunos de los grupos criminales nororientales tienen una marcada presencia de personas del centro y del sur del país.

A su vez, lo que estas consideraciones tengan que ver con las desapariciones violentas ya depende de qué ángulo se quiera enfatizar. Lo dicho, depende de si es una desaparición forzada; cometida por particulares; desconocida pero que implica un ‘levantón’; un secuestro económico o político; la privación ilegal de libertad que termina en la muerte en un baldío o en una brecha tras el interrogatorio”.

Autoridades en colusión

Sobre la vinculación de las autoridades y la responsabilidad que estas tienen en el fenómeno de desapariciones, no sólo el consenso social indica que hay una desatención y complicidad desde el nivel municipal de gobierno, sino que son afirmaciones realizadas a partir de la observación continua del fenómeno fronterizo.

“Como muestran los hechos más graves ocurridos en Tamaulipas, las autoridades municipales –al menos las policiales– han sido parte del problema, sea por dolo, negligencia o incapacidad. Respecto a otros niveles de seguridad o a las civiles, habría que puntualizar, pero no es descabellado sostener que muchos individuos eran o son tronco o rama del crimen organizado. No hay líneas divisorias tajantes al respecto, sino matices continuos y cambiantes.

Sobre la política de seguridad, hoy por hoy se está en el mando único policial, por lo que la seguridad la proporciona la policía estatal, y hay también patrullaje de la Policía Federal (que será sustituida por la Guardia Nacional) y el Ejército. Preferentemente, se confía en la disuasión y, sobre todo, en una especie de reparto de funciones condicionado a buscar, sobre todo, la tranquilidad del lugar. Para ello, se intentan acotar los delitos más graves a quienes implementan la ley o quienes buscan sustraerse a ellas, que por una causa u otra asumen en sus salarios esos peligros”, comentó el doctor Jesús Pérez.

En vista de esto, el catedrático de Matamoros comentó que hay acciones “endémicas” en la región como los operativos con uso excesivo de la fuerza, las balaceras, la tortura o las privaciones ilegales de la libertad. Hechos que desde su perspectiva se deben al temor de que la crisis de seguridad pueda ser peor. Un statu quo en donde la tranquilidad en Tamaulipas, únicamente depende de que el resultado entre un enfrentamiento o un hecho violento sea un poco mejor que el anterior.

“Por supuesto que hay políticas para intentar mejorar; siempre las hay. Si, por ejemplo, nos fijamos en los movimientos de víctimas, están en un continuo ensamblaje con los mecanismos legales, que intentan aplacarlas. Eso es loable, pero dependiente de su grado de movilización y cabildeo. De repente aparece un juez en Reynosa que argumenta para la creación de una comisión de la verdad para Ayotzinapa, pero causa más estupefacción que alivio, pues el sistema procesal mexicano tiene aún mucho de enigmático. En fin, a veces se ponen bases para cambios, unos son graduales y firmes, otros rápidos sin saber muy bien por qué, otros suponen el regreso al punto de partida en peores condiciones”.

 

Síguenos y comparte:
Follow by Email
Facebook
Facebook