Arsenal en México: sin filtros, sin estrategia - ONEA

ONEA México/Salvador Vega. 18 de julio de 2019. Un sujeto se levanta de su lugar en un camión que circula sobre avenida Río Churubusco en la Ciudad de México. Amenazando a los usuarios con una navaja. De pronto, una persona se resiste e intenta arrebatarle el objeto de las manos, sin percatarse de que un cómplice –sentado justo en frente– saca una pistola para abrir fuego en repetidas ocasiones contra el individuo. Terminando con su vida y dejando a otra persona herida antes de escapar.

Esto ocurrió en el mes de marzo, uno de los más violentos en la capital del país con 147 casos de homicidio doloso, en donde 100 de ellos fueron perpetrados con armas de fuego.

Y es que, durante los primeros cinco meses del 2019, la cifra de asesinatos a nivel nacional no sólo dio cuenta de la creciente ola de violencia que se percibe de forma generalizada en el país, sino del alarmante número de casos asociados con portación de arsenal para la comisión de delitos de alto impacto entre los mexicanos.

De acuerdo con los datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 21 mil 563 víctimas totales por delitos del fuero común que se registraron a nivel nacional durante dicho periodo, el 46.5 por ciento de los casos fueron vinculados con armas de fuego.

Esto quiere decir que de enero a mayo, se registraron 14 mil 133 homicidios dolosos, en donde 10 mil 027 de los mismos fueron cometidos con estos objetos bélicos; 7 de cada 10 ejecuciones relacionadas con portación de armamento.

Un dato que obliga a reflexionar sobre el tráfico ilegal de dichos objetos y su dimensión como factor de riesgo real para la seguridad nacional.

“El problema ha crecido respecto a cómo estábamos el año pasado, y eso que ya eran números muy malos”, afirma Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

En su consideración, las cifras reveladas mes con mes por el SESNSP demuestran que hay entidades como Guanajuato, en donde la violencia con arma de fuego excede el 80 por ciento de los casos de homicidios en la entidad. Otras entidades, como Baja California, presentan 1 mil 284 casos de asesinatos intencionados, 813 de los cuales fueron vinculados con armamento.

“Es una muy mala noticia porque nos habla de un descontrol, nos habla de un comportamiento criminal  que ya no es común y que requiere de una mayor sofisticación para ser atendido. Y también es una mala noticia porque exhibe la carencia de políticas públicas y la posible corrupción y colusión entre autoridades y delincuentes en favor de un mercado de armas que está generando tanta descomposición en el país”, comenta.

Las ganancias para los distribuidores de armas ilegales en Estados Unidos superan los $122 millones de dólares

De vuelta al camión, en marzo de este año: minutos después de escapar de la escena del crimen, los delincuentes regresaron al lugar de los hechos para rematar al usuario que resultó herido por el rebote de una bala durante el asalto. Un número más a la estadística del mes y una serie de preguntas sobre la descomposición del tejido social aún sin resolver.

¿Dónde obtienen los criminales el armamento y qué tan fácil es acceder a ello?

Una de las respuestas está la franja que conecta la ciudad de Tijuana con la frontera de Matamoros; una línea en donde los tres métodos para la importación de armas y municiones al país son ampliamente conocidos.

El primero de ellos es la venta entre oficiales del Ejército o soldados a grupos delictivos. Un fenómeno que gracias a la inefectividad de las regulaciones en Estados Unidos –que permiten la compra ilimitada o acopio de arsenal a particulares– facilitan su reventa en México y otros países del sur.

También, la desorganización administrativa y falta de vigilancia en los depósitos de armamento, que permite el acceso a intermediarios que manipulan los inventarios para abastecer a las células criminales.

Por último, el tránsito de armas en la nación no se puede comprender sin evidenciar las redes de corrupción que imperan entre los funcionarios gubernamentales, quienes no sólo otorgan licencias de importación a empresas que incumplen con los requisitos legales, sino que promueven la permanencia de protocolos de aduana flexibles para la revisión de cargamentos en las aduanas.

Hasta abril de este año, en México los crímenes cometidos con armas de fuego y explosivos no estaban contempladas dentro del catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en la reforma al artículo 19 constitucional publicada el 12 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se extendieron las penas, aunque se dejaron pendientes diversas regulaciones en materia de portación, compra y acopio de armas de procedencia ilícita.

Dimensión imprecisa

Uno de los principales problemas para enfrentar el tránsito de objetos bélicos al país es que no se conoce realmente el número exacto de armas ilegales que entran cada año al territorio mexicano. Sin embargo, diversas estimaciones de organismos nacionales e internacionales sirven para dar pie a la dimensión real de la problemática.

Datos recabados en marzo del 2015 por el Journal of Economic Geography de la Universidad de Oxford, reflejaron que la cantidad de armamento que ingresan al país se mantiene en una media anual de 212 mil 887 objetos que llegan desde Estados Unidos. Una cifra que equivale a 1 millón 277 mil 322 armas, municiones y explosivos que “brincaron” la frontera durante el sexenio pasado.

Esta media se relaciona también con la importante derrama económica que deja tras de si el negocio del trasiego; dinero que alimenta a las células criminales de forma prioritaria.

En una evaluación realizada de 2015 a 2017, la asociación Stop US Arms to Mexico, señaló que el flujo de armamento y explosivos en la frontera norte del país logró uno de sus puntos más elevados en décadas, generando ganancias para los traficantes superiores a los $122 millones de dólares. Dinero cuyo porcentaje mayoritario se queda en Estados Unidos.

Por cada 10 armas que ingresan al país, el Ejército mexicano destruye una 

Por su parte, la Universidad de Sydney en una investigación global sobre tráfico y acopio de armas, señaló que en nuestro país la tasa estimada de posesión de estos artefactos por cada 100 habitantes es de 12 mil 901. Concluyendo que para finales de 2017 el número estimado de pistolas y derivados se calculó en 136 millones 904 mil 081,

No obstante, para finales de 2018 las estimaciones de las universidades de Oxford, Sydney y de la asociación Stop US Arms to Mexico se vieron rebasadas ante las declaraciones del ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien a principios de noviembre declaró:

“En nuestro país, en el 2007, se cometían 3 de cada 10 homicidios (con armas). Hoy, se cometen 7 de cada 10 y noventa por ciento con armas que provienen del vecino país. Un cálculo aproximado señala que diariamente cruzan la frontera en forma diversa más de 2 mil armas de fuego”.

Si se toman en cuenta todos los datos proporcionados y se realiza un promedio, la crisis que enfrentará en la actualidad la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador equivale a cerrar el paso de 471 mil 400 armas que ingresan de forma ilegal cada año.

Una problemática que desde el gobierno, se ha tratado de paliar con las campañas de entrega voluntaria de armamento o la destrucción de grandes cantidades del mismo. Esfuerzos que dado el volumen de importación y dinero que representa para los traficantes en ambos países, resultan insignificantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se destruyeron en todo el país 381 mil 738 armas de fuego, lo que representa una disminución aproximada de 63 mil 623 armas ilegales por año. Esto quiere decir que por cada 10 armas, explosivos o municiones que ingresan a México por la frontera norte, el ejército saca de circulación una; 13.4 por ciento de la estimación anual.

De 212 mil a 471 mil armas entran cada año de forma ilegal por la frontera norte del país

“Es un programa absolutamente ingenuo. Es un programa que es positivo, pero que es ingenuo porque no hay evidencia de que un delincuente vaya y entregue su arma. Lo que sí sabemos cuando hemos estado presentes en una campaña de esta naturaleza es que quien va y entrega el arma es la señora o la mamá que se entera que su hijo tiene un arma y entonces va y la entrega, incluso contra su voluntad. Muchas armas viejas e inutilizables, pero que insisto, no son el delincuente que las usa en las calles”, comentó Rivas.

El experto consideró que, aunque la incautación y eventual destrucción de armamento ayuda a reducir el factor de riesgo, el verdadero reto está en implementar estrategias y políticas públicas para erradicar la corrupción de las aduanas y de las principales dependencias que permiten el tránsito impune y en grandes cantidades de dichos objetos.

“En el Instituto Nacional de Migración el nivel de corrupción es desmedido. Creo que algo que deberíamos estar planteando es que los servidores públicos involucrados en estas áreas pasen por los controles de confianza, tal y como lo hacen los policías de nuestro país. Y tal vez no enfocarnos en el polígrafo, que es caro y complicado, pero sí en los procesos de estudio socioeconómico, toxicología y psicológico que nos permitan entender quién está trabajando en las áreas más importantes del país”.

Sin protocolos

La frontera norte ha sido motivo de fricciones políticas entre México y Estados Unidos debido al fenómeno migratorio. Un tema que el 30 de mayo de este año se intensificó gracias a la amenazas del presidente Donald Trump de imponer un incremento arancelario del 5 por ciento si nuestro país no se comprometía a frenar el tránsito de migrantes hacia su país. Un reclamo que motivó las inmediatas negociaciones bilaterales encabezadas por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón.

Sin embargo, en dichos encuentros con la Casa Blanca –y a pesar de abordar ampliamente la migración como un tema de seguridad– ambas naciones se mantuvieron distantes y silenciosas respecto al flujo de armamento proveniente del país del norte.

“La negociación de Marcelo Ebrard fue un gran desacierto. Nada tiene que hacer la Guardia Nacional en la frontera sur, además de que no se le exigió nada a Estados Unidos frente al tráfico de armas”, comentó el senador Víctor Fuentes Solís sobre los acuerdos emprendidos entre ambas naciones a principios de junio.

7 de cada 10 homicidios del país son cometidos con arma de fuego

El legislador federal alertó que cada año, cerca de 213 mil armas de fuego son transportadas ilegalmente de Estados Unidos hacia territorio mexicano, algo que parece quedar inadvertido tanto para el Gobierno federal como para las autoridades estadounidenses.

“Por cada arma confiscada hay 15 que no y si las armas duran en promedio 12 años de vida útil, estamos hablando de al menos 3.6 millones de armas en circulación en México el día de hoy”, añadió.

Para el funcionario, los temas más preocupantes que hay que atender en cuanto al tráfico ilegal de armas al país están en la venta en comercios o establecimientos de Estados Unidos, el sistema de pago de armamento y el trasiego que ocurre a la vista de todos. Con eso en consideración, aseguró que el momento en el que se dio la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) era fundamental para emprender nuevas iniciativas para frenar la llegada de objetos bélicos al país.

“Es un tema que debe ser de la más alta prioridad para el Gobierno federal por la gran cantidad de vidas que cobran las armas con su indebido uso por parte del crimen organizado. Pero lamentablemente no está en las propiedades de la agenda bilateral de esta administración con los Estados Unidos”, expresó.

La magnitud de esta crisis de seguridad y el rezago del tema en las prioridades de las recientes administraciones quedaron plasmados en el informe “Graves violaciones a los derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas a México” dado a conocer por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) en agosto de 2018. En él, gracias a los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se refleja que en un lapso de 20 años, la tasa de homicidios perpetrados con armas de fuego en todo el país aumentó 570 por ciento.

Un promedio de 46 personas asesinadas al día; en donde la mayor parte de estos crímenes nunca fueron investigados, se mantuvieron sin juicios, ni rendición de cuentas de los presuntos responsables ante la ley.

 

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