Indígenas y afrodescendientes, los más rezagados en la sociedad mexicana debido a la corrupción: CNDH - ONEA

ONEA México. 26 de junio de 2019. Personas indígenas y afrodescendientes son parte del sector poblacional con mayor rezago en la sociedad mexicana, debido a que son a quienes más golpea la pobreza y vulnerabilidad generadas por los altos niveles de corrupción que imperan en el país, según señaló el coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), Rubén Francisco Pérez Sánchez.

Lo anterior se desprende como parte de un análisis del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 presentado en días recientes por la organización Transparencia Internacional, que ubica a México en la posición 138 de 180 países evaluados, de acuerdo a los niveles percibidos de corrupción en el sector público.

En dicho conteo, nuestro país obtuvo una puntuación de 28/100, en donde el 0 “es altamente corrupto” y 100 “es muy limpio”.

Diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coinciden en que la corrupción en todas su aristas impacta más en la población en situación vulnerable conformada también por niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes y personas privadas de libertad, ya que además de hacer inaccesibles servicios básicos como los de salud o educación, debilita el contrato social y desincentiva inversiones, ocasionando desempleo y menor crecimiento económico.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en 2017 en México la corrupción llegó a siete mil 218 millones de pesos en pagos, trámites y solicitudes de servicios. Mientras que el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de mil 377 millones de pesos, cantidad que representa un aumento de 37.3 por ciento con relación a 2015.

Por lo anterior, la CNDH urge a las autoridades mexicanas a fortalecer los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas que impiden al Estado cumplir diversas obligaciones como el otorgamiento de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos o la supervisión de obras públicas.

Asimismo, la Comisión hace hincapié en trabajar en impulsar los mecanismos jurídicos, legales y de política pública para establecer el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y se fortalezca los medios para monitorear y evaluar los programas sociales.

 

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