Medina Mora mancha al Poder Judicial - ONEA

ONEA México. 12 de junio de 2019. El diseño del Estado Mexicano como una República le confiere la existencia de tres poderes con autonomía entre sí. Está el ejecutivo, representado por el Presidente, el Legislativo por el Congreso de la Unión, y el Judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta última, es la encargada de resolver las controversias constitucionales y velar por el respeto de nuestra Carta Magna. Por su importante labor, los ministros que la componen deberían ser las personas más probas, ajenas a cualquier interés político. Sin embargo, hay casos en los que ese ideal se aleja de la realidad.

Tal parece ser el caso del Ministro Eduardo Medina-Mora Icaza, sin duda uno de los integrante de la Suprema Corte más polémicos en los últimos tiempos. Empecemos dándole un repaso a su trayectoria. Mientras algunos ministros han llegado a su puesto luego de toda una vida dentro del Poder Judicial, Medina-Mora desde el año 2000 formó parte de la administración pública federal. Inició dentro del gabinete de Vicente Fox como titular del CISEN, la agencia mexicana de espionaje. Cinco años después, pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Apenas iniciando el sexenio de Felipe Calderón, un año después, fue colocado a la cabeza de la Procuraduría General de la República, justo para iniciar la llamada Guerra contra el narco, que nos adentró en una espiral de violencia de la que aún no logramos salir. Además de esto, se le responsabiliza por múltiples violaciones a Derechos Humanos durante dicho periodo, como el caso Atenco, en “michoacanazo” y la detención de Jacinta, Teresa y Alberta, tres mujeres indígenas acusadas injustificadamente de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación.

No puedo omitir mencionar otras medidas por lo menos irresponsables de su parte. Promovió la inconstitucionalidad de la despensalización del aborto, aún cuando criminalizar la libre elección de las mujeres no abonaría en nada a la procuración de la justicia. Además, apoyó el desmantelamiento de las policías locales y la poca profesionalización de la Policía Federal, decisiones desfavorables en materia de seguridad. Luego de su desastroso paso por la PGR, fue recompensado con el nombramiento como embajador de México ante el Reino Unido, pese a su inexperiencia en materia diplomática.

Pasado el primer mes en la presidencia de Enrique Peña Nieto, casi a manera de premio, fue trasladado en su labor diplomática, ahora como embajador en Estados Unidos. Pero apenas dos años después se alejaría de las relaciones exteriores, pues su nombre fue postulado por el entonces Presidente para formar parte de la Suprema Corte. Impulsado por las bancadas del PRI y del PAN, quienes lo vieron como un aliado por su pasado en la administración pública, fue el elegido entre los tres perfiles presentados. Poco pudieron hacer para oponerse los legisladores que veían en su elección una vulneración a la autonomía del Poder Judicial.

Desde entonces, su labor en la Suprema Corte ha estado manchada por una evidente parcialidad en sus decisiones, en defensa de quienes lo llevaron hasta donde está. Basta con recordar que fue el responsable de dar entrada a una controversia constitucional promovida por Peña contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por investigar al ex secretario general del Comité Ejecutivo del PRI, quien estaba acusado de desvío de recursos en complicidad con César Duarte.

Ahora, el Ministro es señalado por autoridades del Reino Unido y Estados Unidos, ambas naciones donde fue embajador, de realizar millonarias transferencias irregulares a su favor, por montos que desde su ejercicio público no pudo haber obtenido. El implicado, claro está, ha negado toda acusación, pero las averiguaciones en proceso de la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera tendrán la última palabra. Mientras tanto nos preguntamos, ¿cómo confiar la justicia en manos de quien se ha dedicado a torcerla a conveniencia de sus lealtades?

 

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