Adjudicaciones directas por encima de licitaciones públicas en la era de la 4T - ONEA

ONEA México. 27 de mayo de 2019. En las últimas semanas, la opinión pública mexicana ha cuestionado el hecho de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera directa cerca del 80% de los contratos registrados en Compranet, contrario a su promesa de campaña de dar prioridad e impulso a las licitaciones abiertas a fin de dar oportunidad a más empresas en la participación de obras públicas.

Esta cifra es 3.3 por ciento mayor a la registrada en el mismo período por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Llama la atención que tan solo en el caso de Pemex, al momento, la llamada Cuarta Transformación ha adjudicado al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos por concepto de servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas y servicios de consultoría ambiental.

Otro caso es el de los contratos de los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por 1,765 millones de pesos o siete contratos de Pemex de “invitación restringida” por 44 mil millones de pesos.

Así como la adjudicación a solo tres farmacéuticas para abastecer la gran demanda del IMSS e ISSSTE.

Por otro lado, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2019 va a erogar más de mil 110 millones de pesos en la compra de bienes y servicios, y la mayoría de los contratos se harán mediante adjudicación directa tan solo en 2019.

Si bien se sabe que tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecen el marco normativo para la realización de obras públicas y rige los demás productos y servicios con cargo al erario, México tiene muchas malas experiencias en este rubro con las administraciones pasadas que en su momento beneficiaron a solo un puñado de empresas con contratos millonarios.

Según el Índice de Riesgos de Corrupción que elabora el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cerca del 70% de las contrataciones públicas realizadas en nuestro país de 2012 a 2017 fueron por adjudicación directa. Es decir, el 31% del gasto gubernamental.

Como ya es sabido, la adjudicación directa se realiza para la adquisición de un bien o un servicio cuando no existe una competencia entre proveedores de estos. Sin embargo, son las licitaciones públicas la mejor opción para promover la sana competencia y que se garantice encontrar el mejor producto al mejor precio.

Incluso la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) recomienda las licitaciones por encima de las adjudicaciones directa, excepto en casos como cuando por las características del bien o servicio (incluida obra), solo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o prestar el servicio; o tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco.

También es conveniente una adjudicación directa en los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor o cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.

Sin embargo, existe opacidad en la justificación acerca del por qué el gobierno de López Obrador ha recurrido constantemente a esta vía.

 

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