#Columna: Alerta por las adjudicaciones directas - ONEA

Por Yered Figueroa Oliva


En los últimos meses nos hemos encontrado con un curioso comportamiento por parte del gobierno entrante. La premura por cumplir con sus promesas de campaña y aquietar a las críticas lo hizo caer en uno de los peores vicios de las administraciones pasadas: las adjudicaciones directas. Aunque no parece que contratar proveedores y asignar obras rápidamente sea algo indebido, e incluso esto por muchas personas podría ser aplaudido, las adjudicaciones directas han servido en el pasado como un medio para manejar discrecionalmente los recursos públicos.

Debido a que el gobierno no cuenta con medios materiales para llevar a cabo todos sus fines, debe acudir a proveedores externos para adquirir ya sean productos o servicios. Esto posibilita un mejor uso de los recursos, ya que haciéndolo no es necesario dispensar en bienes que solo tendrán unos cuantos usos y luego quedarán en el abandono. Para llevar a cabo estos procesos se cuenta con tres mecanismos distintos reconocidos en las leyes mexicanas. En primer lugar, es que es señalado como la mejor opción en tanto promueve la competencia, es la licitación pública. Con esta se lanza una convocatoria abierta a todos los proveedores con la capacidad de brindar el producto o servicio, para lograr encontrar la mejor oferta en relación calidad-precio.

Si por otros motivos, como la falta de oferentes o causas de índole mayor no es posible lanzar una licitación pública, quedan la invitación restringida y la adjudicación directa. Para el caso de la invitación restringida, como su nombre lo indica, se invita a un número limitado de proveedores, por lo menos tres, para realizar un concurso entre estos. No se trata del mejor método debido a la falta de opciones para elegir, pues cabe la posibilidad de que exista en el mercado una mejor alternativa. Por último, la vía menos adecuada para contratar un producto o servicio es la adjudicación directa. A través de esta, se contempla una única opción, sin necesidad de compararla con alguna otra, eliminando así el factor de competencia.

La legalidad de las adjudicaciones directas en el país están regidas por dos normas, las cuales delimitan específicamente su ejercicio a fin de limitarlas lo más posible. Por un lado está la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se encarga de fijar el marco normativo para la realización de obras públicas. Por el otro lado está la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, destinada a regir los demás productos y servicios con cargo al erario. Entre los lineamientos de excepción se comparten varios puntos, como derechos exclusivos de productos o servicios, motivos de fuerza mayor (orden social o eventualidad), pérdidas o costos adicionales, seguridad nacional, baja de contrato anterior, licitación desierta, mano de obra campesina o marginada, trabajo por una persona física, consultoría con información de carácter reservado, y dación de pago. Además, en cada una se presentan otros puntos más específicos.

Apreciando así las cosas, parecería que las adjudicaciones directas serían una verdadera excepción en cuanto a las contrataciones públicas. Sin embargo, como suele ser en México, el sentido común no parece regir la toma de decisiones. De acuerdo al Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cerca del 70% de las contrataciones públicas entre 2012 y 2017 se realizó por adjudicación directa. Esto representa alrededor del 31% del gasto gubernamental. En el sexenio de Peña Nieto se beneficiaron con contratos millonarios un puñado de empresas: el 1.9% del total acaparó el 80% de todo el gasto en este rubro. En muchos de estos casos, la opacidad no nos permite saber el motivo por el que se les contrató, ni la forma en la que gastaron los recursos. Justo el ambiente perfecto para que se desarrolle la corrupción.

Las malas experiencias de los años pasados y la promesa de cambio por parte de Andrés Manuel López Obrador nos pudo hacer pensar que la tendencia por las adjudicaciones directas no se repetiría al asumir la presidencia. A pesar de que, durante la campaña, fue cuestionado por llevarlas a cabo para construir su mayor obra pública mientras fue Jefe de Gobierno —el segundo piso del periférico—, mucha gente confió en que parte de su lucha contra la corrupción incluiría una predilección por las licitaciones públicas. Sin embargo, el poco tiempo que lleva su administración nos ha demostrado que el cumplimiento de sus compromisos es la prioridad de su gobierno, aun si esto supone realizar dudosas contrataciones públicas.

Luego de críticas al pormayor hacia prácticamente todas sus acciones de gobierno, la administración actual buscó salir a flote en sectores estratégicos como PEMEX, salud y educación mediante la adjudicación directa de contratos. Desde el pasado diciembre, y hasta finales de marzo del presente año, el gobierno federal otorgó más de 21 mil contratos por dicha modalidad, por un monto total de 26 mil 693 millones de pesos. Esta es una cantidad cercana a la gastada en el mismo periodo para las licitaciones públicas, con la diferencia que fueron menos de 4 mil. Recientemente, para garantizar el abasto de libros de texto gratuitos del siguiente ciclo escolar, debido a un retraso de cinco meses en el proceso, se llevaron a cabo tres contratos por adjudicación directa por 103 millones de pesos. Si descuidos así siguen ocurriendo, los recursos públicos se seguirán gastando de la forma menos conveniente.

Hay que tener claro que para acabar con la corrupción, necesitamos llevar al máximo los alcances de la transparencia. Las adjudicaciones directas son obstáculo para lograrlo.

 

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