#Columna: Sobre la recomendación 25/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz - ONEA

Por Juan José Llanes Gil del Ángel


 

El “Manual de Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura, Castigos y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, llamado también “Protocolo de Estambul”, es un instrumento de diagnóstico, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2000, que es utilizado como guía internacional para determinar la existencia de tortura.

En México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no únicamente validó la aplicación del Protocolo de Estambul, sino que estimó que resultaba de utilización obligatoria para los jueces de Distrito en la investigación de casos de tortura, como da cuenta la tesis CCCXXVI/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, registro 2018533, página 256, de rubro “ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO”.

En lo conducente, el criterio del Más Alto Tribunal de México expone que los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar la tortura “allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma”, por lo que “el juez deberá allegarse de todos los elementos –bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros– para analizar el alegato de tortura como acto reclamado…”

En consecuencia, los organismos autónomos de protección a los derechos humanos (entiéndase las Comisiones de Derechos Humanos), encuentran en el Protocolo citado una herramienta determinante para dilucidar la existencia de actos de tortura. Con base en éste, de acuerdo con la versión pública de la Recomendación 25/2019, se llegó a la conclusión de que el quejoso en dicho expediente sufrió actos de esta especie.

Resultaba previsible que la conclusión a la que llegó la CEDHV conllevaría polémica y el disgusto -incluso- de quienes perciben la actuación del organismo como “protectora” de actos delictivos, a partir de la circunstancia de que el quejoso está siendo procesado por antisociales que concitan el generalizado repudio social. Sin embargo, conviene detallar:

La recomendación referida no absuelve ni condena al quejoso; no determina que haya cometido o no los delitos que se le imputan. Tampoco condena a los servidores públicos que, dilucidó la Comisión, habrían cometido los actos de tortura cuya existencia fue determinada por la aplicación del Protocolo. Antes bien, se recomienda (con el carácter no vinculante que tienen las recomendaciones), que se investiguen esos hechos. No se invaden, pues, las esferas competenciales ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial, únicos facultados para investigar delitos y sancionarlos.

Las acciones de distorsión provienen de aquellos sectores sociales y políticos que advierten que la recomendación puede traer aparejadas consecuencias tales como la terminación anticipada del mandato del Fiscal General del Estado. Ésa (y no otra), es la preocupación toral: que el yuneslinarismo deba prescindir de tener en el bolsillo la procuración de justicia (y que ya no pueda usarla como arma política), tal y como tiene en la mano la impartición de justicia, a través del aún presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Así pues, se apuesta a generar suspicacias, a que se vea como acto político inducido (que no lo es), y no como acto jurídico (que lo es), la recomendación de la CEDHV. Para ello, se siembra la duda, sobre todo, en las redes sociales que, benditas o malditas, se han convertido en el tribunal popular más implacable y, al mismo tiempo, menos ilustrado. A guisa de lo anterior, creo pertinente preguntar: ¿cuántos detractores de la actuación de la CEDHV han leído sus recomendaciones, la 25/2019, en particular, y los alcances reales que tienen?, ¿cuántos conocen el Protocolo de Estambul?

Me atreveré a formular un teorema: cuando se imputa públicamente un delito a una persona, el grado de certeza de su comisión que se genera en las redes sociales es directamente proporcional a la gravedad del delito: si alguien es acusado de robarse un pan, es probable que se le brinde el beneficio de la duda, y que su culpabilidad quede en entredicho. Pero si a alguien se le acusa de genocidio, las redes y plataformas del ciberespacio dan por sentada su responsabilidad penal.

Las Comisiones de Derechos Humanos realizan, en el fondo, un esfuerzo civilizatorio: los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales representan la cúspide del humanismo, y existen a contrapelo de los gobiernos autoritarios. Son, por tanto, el contrapeso de la violencia política que se ejerce en contra de los ciudadanos, esto es, la violencia que se ejecuta desde el poder.

Pero más graves aún son las afirmaciones que subyacen en las descalificaciones que se producen contra una recomendación que insta a investigar un caso de tortura, y que insinúan que una persona merecería ser torturada en aras de un propósito que se intenta presentar como plausible: hacer justicia.

El propósito represivo del Derecho Penal no se cumple sino a partir del descubrimiento de la verdad histórica de los hechos sometidos a su jurisdicción. Y éste no se logra a partir de la delación, de la confesión arrancada a base de intimidación. El tiempo lo dirá: aún es probable que el quejoso de la Recomendación 25/2019 sea condenado en el juicio en el que es imputado, si es que las violaciones al debido proceso cometidas desde el órgano investigador no trascienden de tal forma que deba ser exonerado. El tiempo dirá también si el ostensible uso faccioso de la procuración de justicia en Veracruz es erradicado o prevalecerá.

 

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