AMLO aplica “austeridad republicana” a más de 300 dependencias de gobierno; busca ahorrar hasta 10 mil mdp en un año - ONEA
  • Despidos masivos de asesores, choferes y directores adjuntos; trabajarán solo hasta el 31 de mayo
  • Defensa, Gobernación, Salud, Educación y Cultura, las áreas con mayor reajuste
  • Con el ahorro de los recortes, el Presidente promete rescatar la industria petrolera 


ONEA México. 13 de mayo de 2019.  Asesores de todas las entidades de gobierno, directores adjuntos, choferes y demás asistentes cuyas plazas no fueron autorizadas por la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, prácticamente serán cosa del pasado a partir del 1 de junio de este año, luego de darse a conocer el ‘Memorándum sobre la Ley de Austeridad en las Dependencias del Ejecutivo Federal’.

“Había un exceso de asesores en todo el universo inimaginable de la Administración Pública Federal que, por este memorándum, por esta convención de la Ley Federal de Austeridad Republicana, son simplemente eliminados como tales”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Los reajustes tienen como fecha límite el próximo 31 de mayo y son de carácter obligatorio, y aunque estos excluyen a los organismos autónomos y a los Poderes, sí aplicarán a las dependencias del Gobierno federal, siendo las de mayor recorte las secretarías de Defensa (con 887.5 mdp), Gobernación (765.7 mdp), Medio Ambiente (765 mdp), Salud (575 mdp), Educación Pública (549 mdp), Cultura (352 mdp) y la de Comunicaciones y Transportes (306 mdp).

Dichos recortes a ejecutarse van, desde la reducción en gasto destinado a materiales de oficina y combustibles para diferentes vehículos para servicios administrativos, hasta recortes en viáticos a servidores públicos, recorte del 30 por ciento en el gasto de comunicación social y la desaparición de las Direcciones Generales Adjuntas u Homologadas, las llamadas DGAS, bajo la nueva Ley de Percepciones de la Administración Pública.

Para la oposición, lo anterior traerá consigo una crisis de empleo por la ola de despidos que se avecinan, lo cierto es que, de ejecutarse las medidas, representarían un ahorro de 6 mil 583.8 millones de pesos, según López Obrador, aunque expertos economistas hablan de que la cifra puede ascender hasta los 10 mil millones de pesos en los próximos 12 meses.

En el texto, la administración morenista resalta que es evidente que los ahorros presupuestarios no son suficientes para financiar sus principales proyectos “por lo que es necesario realizar modificaciones fiscales al marco tributario presente (IVA, IEPS, ISR); de no ser así y continuar con la misma tendencia, la operación del gobierno colapsará”, advirtió Mario Di Costanzo, extitular de la Condusef.

El destino de los recursos derivados de este plan de austeridad será al rescate de la industria petrolera del país, entre otros proyectos, de acuerdo a declaraciones recientes del Ejecutivo.

“Conforme a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad de Estado en vías de aprobación, el titular del Ejecutivo tendrá la facultad para reasignar los recursos que se generen a partir de los ahorros obtenidos por las presentes medidas.

Por tal motivo, y de acuerdo a nuestras prioridades, hemos decidido destinar todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación”, sostuvo en un mensaje a medios el titular de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías.

En los sexenios anteriores, los altos funcionarios disponían de los recursos del erario federal sin ningún control y tenían una vida de lujos a expensas del dinero del país con viajes, vehículos blindados, renta de aviones o helicópteros privados, boletos en primera clase, viáticos extravagantes y seguros médicos opulentos.

La Ley busca erradicar esas prácticas enmarcando al servicio público como un valor fundamental, y normar las medidas de austeridad, lo que permitirá que se generen ahorros de derroches innecesarios en el gasto público, y al final se orienten a las necesidades generales del país, que en este momento son muchas, sin embargo, estas medidas no implican una violación a los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública Federal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que, aunque no es fácil, el cambio va, puesto que no permitirá que nadie realice negocios al amparo del poder público.

“Tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno, todos buscaban hacer negocio, se quedaban con el dinero del presupuesto, no le llegaba a la gente y ahora el dinero del presupuesto es para el pueblo, entregarle el dinero al pueblo”, según ha señalado López Obrador en reiteradas ocasiones.

 

 

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