México, el país donde más agresiones a periodistas quedan impunes: Artículo 19 - ONEA

ONEA México. 01 de marzo de 2019. Detenciones arbitrarias; hostigamiento; tortura; desaparición, y homicidio, son las principales agresiones a periodistas que se han registrados en México en las últimas dos décadas.

De 186 delitos cometidos entre 2010 y 2018 contra la libertad de expresión, en los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación, el 99.13% ha quedado impune, y solo en 10 casos se obtuvieron sentencias condenatorias, de acuerdo con el  informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” presentado recientemente por la organización Artículo 19.

En el informe destacan además agresiones como la fabricación de delito y proceso penal; tortura y ejecución del que son víctimas los periodistas de este país.

La organización documentó desde el 2000 a la fecha un total de 123 periodistas asesinados en el país, de los cuales, 48 fueron en el sexenio de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto, y 3 más han sido en los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tanto que de 2003 a la fecha, 24 periodistas continúan como desaparecidos.

Este nivel de impunidad en México y las graves violaciones a los derechos humanos y niveles de violencia se deben, en parte, a la “desdibujada frontera entre autoridades y grupos criminales”, según señala Articulo 19.

“La libertad de expresión y el periodismo se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”, reza dicho reporte.

Acusan al Estado mexicano de incumplir sus obligaciones de procuración e impartición de justicia para estos casos, con investigaciones que carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; además de contar con Fiscalías o Procuradurías que suelen desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

La organización presentó datos de la revisión cualitativa de 6 casos en particular: El asesinato de Moisés Sánchez, periodista veracruzano sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en el municipio de Medellín; el asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra; la detención de Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, solo por cubrir una protesta social, así como los casos de Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México; Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, y Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

El informe plantea recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos y los distintos poderes y niveles de gobierno.

La recomendación para las autoridades encargadas de la procuración de justicia es que “se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística”, pues “la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria”.

 

Información tomada de: Animal Político

 

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