Desfalco en los municipios veracruzanos - ONEA

ONEA México/Yered Figueroa Oliva. 14 de febrero de 2019. La cuenta pública es un reporte del estado financiero y operativo de la administración pública. Esta es analizada por parte de los Órganos de Fiscalización Superior y de la Auditoría Superior de la Federación, quienes realizan un exhaustivo chequeo a la situación de los distintos órdenes de gobierno. En su más reciente entrega por parte del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, correspondiente al año 2017,  se detectaron irregularidades millonarias en 153 municipios veracruzanos; esto es, cerca del 70% tuvieron algún grado de daño patrimonial. Resulta crucial el análisis de dicho ejercicio, pues corresponde al último año de las administraciones municipales del periodo 2014-2017, conocido popularmente como “año de Hidalgo”. Para el segundo semestre de dicho año, además, ya se conocía quién sería el alcalde entrante en la mayor parte de los municipios.

Si la situación de Veracruz no fuera ya lamentable luego de los abusos del gobierno de Javier Duarte, quien exprimió a favor propio y de sus allegados el presupuesto del Estado, a esto debemos agregar la decepcionante administración de Yunes Linares. El autoproclamado “gobierno del cambio” dejó en su primer año un daño patrimonial por $338,274,311.51. Pero, lamentablemente, este no fue el único daño patrimonial durante dicho periodo, pues el conjunto de los municipios sumaron un total de $1,102,373,460.26. En veracruz se perdieron durante un solo año más 1,400 millones de pesos, cuyo destino destino original debió estar al servicio de la ciudadanía, no de las cúpulas en el gobierno.

De los 212 municipios de Veracruz, solo uno de ellos fue capaz de presentar en regla su información administrativa y financiera. Se trata de Calcahualco, encabezado en ese entonces por el perredista Nicolás Rivera Romero. De tan solo 12,929 habitantes, y localizado en la sierra montañosa del centro, entre Coscomatepec y el Estado de Puebla, el ayuntamiento pudo solventar las observaciones administrativas que obtuvo un año antes, y así poner el ejemplo a nivel estatal. Pero, fuera del anterior, los 211 restantes brillaron por su incompetencia. Fueron 58 los municipios que, pese a no presentar un daño patrimonial, sí contaron con inconsistencias de carácter administrativo. Considerando que el 2017 fue el último año de las gestiones en curso, resulta incomprensible que haya sido así, contando ya con experiencia previa de años anteriores.

Es de destacar la presencia de algunos de los municipios veracruzanos con mayor presupuesto dentro de aquellos que presentaron observaciones administrativas. El primero de más recursos asignados, Veracruz, gobernado por Ramón Poo Gil, no se pudo librar de dicho dictamen, con señalamientos en la elaboración de estados financieros y licitaciones. Casos similares son los de Boca del Río con Miguel Ángel Yunes Márquez, Minatitlán con Héctor Cheng Barragán, Orizaba con Manuel Diez Francos y Tuxpan con Raúl Ruiz Díaz, estos entre los 10 de mayor presupuesto. Con lo anterior queda claro que no son necesarios muchos recursos para que los gobiernos locales operen correctamente.

Como ya se mencionó, hay un total de 153 entes municipales y dos paramunicipales que presentaron un daño patrimonial a las arcas públicas. Las cantidades de estas observaciones oscilan entre los $77,706.94 y los $142,277,111.62. En el menor de los casos, pero no por ello menos reprobable, está Ixhuacán de los Reyes. La administración que encabezó el panista Eberardo Soto utilizó un esquema bastante habitual en México: inflaron los precios en la cotización de una obra pública, y de esta forma pudieron desviar más de 77 mil pesos. En el extremo contrario se encuentra Coatzacoalcos, al ser por una amplia diferencia el municipio con mayor daño patrimonial. Durante el ejercicio fiscal en mención, registraron la increíble cifra de 142 millones. Para ponernos en perspectiva, esto es el 12.9% del total estatal.

Siguiendo un orden descendente, en segundo lugar nos encontramos con Acayucan. El ayuntamiento sureño, entonces presidido por Marco Antonio Martínez Amador presentó un daño patrimonial de 66 millones 200 mil pesos. En tercer lugar, con 56 millones está San Andrés Tuxtla del priísta Manuel Rosendo Pelayo. Le siguen los más de $50,000,000 desviados en Emiliano Zapata por Daniel Olmos. El quinto lugar de los municipios con mayor daño patrimonial es de Manuel Cuan Delgado, de Pueblo Viejo, por tener irregularidades de casi 36 millones. El pequeño municipio costero de Lerdo de Tejada continúa, por desvíos mayores a 34 millones, por parte del exalcalde Héctor Llamas. Alamo Temapache, del expresidente municipal panista Ricardo Serna, ocupa la octava posición por desvíos de $27,901,534. Mauricio Carlín, de Carlos A. Carrillo, le dejó a su municipio un daño patrimonial por 26 millones y medio, y con ello alcanzó la novena posición. Y en décimo lugar quedó Las Choapas, del exalcalde perredista Marco Estrada, por 26 millones en daño al erario.

Pero poniendo atención a las cifras, las posiciones previamente mencionadas pueden cambiar, al meterse en ellas la capital veracruzana, Xalapa. Aunque por parte del ayuntamiento se detectaron poco más de 7 millones de pesos, cantidad relativamente baja en comparación con otros entes, destaca que la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Xalapa cuenta con irregularidades durante el mismo periodo por 20.5 millones. Esto suma un total de $27,626,067.92, lo que la llevaría a ocupar la novena posición. Esta particularidad hace que CMAS Xalapa represente prácticamente el total de desvíos por parte de los entes paramunicipales, pues el de Lerdo de Tejada presentó irregularidades menores a los $200,000, mientras que los demás solo tuvieron observaciones administrativas. El quebranto financiero de la Comisión del Agua xalapeña contrasta con las constantes inundaciones que se viven en la capital durante las épocas de lluvias.

La atención de la ciudadanía no debe restringirse solo a los municipios más grandes, o a aquellos con cantidades más cuantiosas involucradas. Debemos recordar la enorme variedad de los ayuntamientos veracruzanos y la diversidad de contextos que en ellos se enmarcan. Si bien algunos de los desvíos de recursos que se han mencionado significaron obras de mala calidad, menos becas escolares, equipamiento urbano o de seguridad, la proporción de estos entre el número de habitantes parece relativamente baja. Por poner un ejemplo, los más de 27 millones observados en Álamo Temapache, entre sus 104,964 habitantes, equivaldría a que cada uno perdió $256.82. Un caso más claro de esto es el municipio de Huatusco. Tuvo irregularidades por casi 200 mil pesos, pero cuenta con una población de 60,674; su proporción es de $3 con 29 centavos por cada habitante. Esto no busca desestimar las faltas de los munícipes, sino todo lo contrario.

Saltabarranca es uno de los municipios más pequeños del Estado de Veracruz. Cuenta con tan solo 6,147 habitantes. En 2017, el alcalde Vinicio Mojica presupuestó la construcción de un camino por 19 millones de pesos, pero no siguió la norma para licitar la obra, tampoco el proyecto ni la evidencia de que se haya realizado. Esta operación, junto a otras irregularidades sumaron un daño patrimonial por $22,831,999.53. En proporción con sus habitantes, a cada uno se le robaron de forma indirecta $3,714.33. El ya mencionado municipio de Lerdo de Tejada, colindante con Saltabarranca, es el segundo lugar en esta proporción, con $1,752.9 por cada habitante. En tercera posición se encontraría Juchique de Ferrer, en la administración de Ernesto Cuevas de Ave, pues se detectaron desvíos por 20.5 millones de pesos, que entre sus 15,916 habitantes resultan en 1,289.9 pesos por cabeza. Le sigue Mecayapan, del exalcalde Jesús Cruz, pues contando con 17,312 habitantes, tuvo observaciones por 18 millones, lo que habría costado a cada habitante $1,082. En quinto lugar, Carlos A. Carrillo, donde la proporción es de $1,080.86.

En la siguiente entrega, se profundizará en las implicaciones de la alternancia partidista en el desvío de recursos, partiendo de dos ejemplos: Coatzacoalcos y Emiliano Zapata.

Cuenta Pública 2017

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